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Nueva medida judicial

La Justicia busca rastrear pagos en la causa Adorni y ordena peritar el celular del contratista del jefe de Gabinete

Matías Tabar, el contratista que llevó adelante la remodelación de la casa en Indio Cuá.

elDiarioAR

5 de mayo de 2026 21:39 h

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La Justicia ordenó peritar el teléfono celular del contratista Matías Tabar en el marco de la causa que investiga al jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito vinculado a refacciones en su vivienda del country Indio Cuá. La medida apunta a analizar las comunicaciones entre el empresario, el funcionario y su entorno para determinar la trazabilidad de los pagos y el vínculo entre las partes durante la ejecución de la obra.

Según trascendió, el propio Tabar puso su dispositivo a disposición de la fiscalía para facilitar las pericias técnicas. La decisión fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita luego de que el contratista declarara haber recibido unos 245 mil dólares en efectivo por los trabajos, un monto que generó sospechas por la falta de documentación respaldatoria y la modalidad de pago.

En su testimonio, Tabar detalló que las obras incluyeron remodelaciones de alto costo que se extendieron durante varios meses. Además, aportó presupuestos, registros y otros elementos que buscan sustentar su versión ante los investigadores.

La causa atraviesa ahora una etapa clave, ya que el análisis del celular podría revelar conversaciones, acuerdos económicos y eventuales circuitos de pago en un expediente que continúa bajo estudio judicial.

En paralelo, Pollicita rechazó el pedido de detención presentado por la diputada Marcela Pagano, al considerar que no existe un “riesgo real o grave” que justifique una orden de arresto contra Adorni en esta instancia. La fiscalía entendió que no se configuran los requisitos de fuga o entorpecimiento de la investigación.

No obstante, el fiscal dejó abierta la posibilidad de aplicar otras medidas restrictivas, como limitar el contacto del funcionario con determinados testigos. El planteo de Pagano se había basado en la llamada “doctrina Irurzun”, que contempla la prisión preventiva para funcionarios por su eventual capacidad de influir en una causa.

En ese sentido, la legisladora sostuvo que Manuel Adorni podría obstaculizar la investigación, especialmente tras la declaración de Tabar, quien afirmó haber recibido presiones antes de presentarse ante la Justicia. Mientras tanto, el expediente sumará nuevas indagatorias, entre ellas la de Leandro Miano, vinculado a una de las operaciones inmobiliarias bajo análisis.

Con información de medios

JIB

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