Begoña Gómez declara en la Fiscalía Europea que nunca habló con nadie del Gobierno sobre los contratos a Barrabés
El órgano había citado este martes a la esposa del presidente Sánchez como testigo en la investigación que analiza dos adjudicaciones públicas al empresario
Begoña Gómez ha declarado este martes en la sede de la Fiscalía Europea en Madrid y ha explicado que nunca habló con nadie del Gobierno sobre los contratos públicos que se concedieron a empresas del empresario Juan Carlos Barrabés, según avanzan fuentes jurídicas a EL PAÍS. La esposa del presidente del Ejecutivo estaba citada como testigo en una nueva tanda de declaraciones para aclarar si se produjo alguna irregularidad en las adjudicaciones que la entidad pública Red.es (que depende del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública) entregó por importe de 8,4 millones de euros a un grupo de empresas entre las que se encontraba Innova Next (de Barrabés). Este empresario, el director de Economía Digital de Red.es, Luis Prieto, y un tercer trabajador de la entidad permanecen investigados en esta causa, que transcurre paralela a la que mantiene en un juzgado madrileño el juez Juan Carlos Peinado sobre las actividades de Gómez.
La Fiscalía Europea abrió esta causa en 2024 como parte de una escisión de la investigación que lidera Peinado, quien ha procesado recientemente a Begoña Gómez por cuatro delitos de corrupción. El organismo con sede central en Luxemburgo está indagando en la adjudicación de dos contratos —“Formación empleo juvenil para la economía digital” y “Servicio de formación para personas desempleadas”— que recayeron en una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next y The Valley Digital Business School, y fueron financiados con fondos europeos. Para ello, había citado tanto a la mujer de Pedro Sánchez como a todos los firmantes de cartas de recomendación que fueron adjuntadas al expediente de Red.es, por las que estas compañías lograron una mejor valoración en la parte subjetiva de la oferta y terminaron ganando el contrato.
Las diligencias bajo la batuta de los fiscales Laura Pellón, Antonio Zárate y Luis Miguel Jiménez se centran, por tanto, en la valoración subjetiva que se hizo de esos contratos, según fuentes jurídicas, y no existen indicios de sospecha sobre Gómez ni sobre los otros rubricantes de misivas que han sido testigos. Este martes, el interrogatorio a la esposa de Sánchez se ha centrado en cuál era su relación con Barrabés, cómo se conocieron y cómo fueron sus reuniones. Ella, en línea con lo que ya ha mantenido en el juzgado, ha explicado que no recordaba el momento exacto en el que conoció al empresario, que fue en algún acto de sostenibilidad. Ha dicho que no eran amigos, que su relación era “únicamente profesional” y que si tuvo una reunión con él fue siempre en el marco de la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense que Gómez codirigía. La esposa del presidente ha explicado que tuvo citas con Barrabés como con los otros seis profesores que dieron clases en el máster, porque debía entregar a la universidad un plan docente para que fuera aprobado.
Sobre las dos declaraciones de interés y apoyo (en forma de carta) que constan firmadas por Gómez dentro del expediente de adjudicación, ha explicado que ni siquiera recordaba haberlas firmado hasta que aparecieron en prensa y que nunca supo si, finalmente, a Barrabés le habían adjudicado el contrato o no. Los fiscales han preguntado si habló de este asunto con la entonces secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas, o con la exvicepresidenta y exministra de Hacienda Nadia Calviño. También le han preguntado por su relación con el director general de Red.es, entonces David Cierco, y con el posterior director general, Alberto Martínez Lacambra. Gómez ha rechazado que hablara de estos contratos con alguien de Gobierno, ni siquiera con el propio Barrabés.
Con la cónyuge de Sánchez se cierra una nueva tanda de testimonios, en la que fue citado también, por ejemplo, el exdirector de Red.es David Cierco. Por la Fiscalía han pasado más de una veintena de testigos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentó un informe hace unos meses en el que exponía mensajes internos de los trabajadores de Red.es que apuntalaban la tesis de los fiscales europeos sobre que pudieron existir irregularidades en la valoración de los expedientes que terminaron con las adjudicaciones, y fue a raíz de este informe policial cuando las fiscales realizaron esta nueva ronda de citaciones.
Un perito de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) —dependiente del Ministerio de Hacienda— también presentó un informe el pasado mes de agosto en el que detectaba que la valoración discrecional había sido “arbitraria” y se había “excedido” en beneficio de la UTE de Barrabés a la que se le había incrementado “injusta e ilegalmente su puntuación”, perjudicando a los demás concursantes. Como contó EL PAÍS, el juez de garantías de la Audiencia Nacional Antonio Piña intercedió en favor de Barrabés para que los fiscales delegados accedieran a realizar una pericial completa más que determine si la fórmula utilizada para resolver los concursos públicos de Barrabés estuvo “adulterada” o, en realidad, era la que se utilizaba en todos los procedimientos. Este punto es clave, por tanto, para saber si la entidad pública dependiente del Ministerio de Transformación Digital incurrió en trato de favor con Barrabés, motivo por el que él está investigado.
Una doble causa para Barrabés
El empresario Juan Carlos Barrabés está inmerso en un doble procedimiento judicial. Por un lado, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, lo acusa de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios relacionados con la creación de la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. El juez dice que Barrabés ayudó a la gestación de esta formación, a pesar de que sus empresas no aportaron dinero como sí hicieron otras. El magistrado describe como una suerte de contraprestación el hecho de que Begoña Gómez rubricara las dos cartas enviadas a Red.es, aunque hubo otra treintena de entidades que también mandaron estas misivas. Una de ellas, el Ayuntamiento de Madrid, que también adjudicó contratos a la empresa de Barrabés.
La Fiscalía Europea mantiene investigado a Barrabés, en este caso, concretamente por las adjudicaciones. Su defensa ha expuesto en varios recursos al juez Peinado que se le está sometiendo a un procedimiento doble por los mismos hechos.
