La ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media era la bandera del Ministerio de Trabajo para esta legislatura. Tumbada en el Congreso por PP, Vox y Junts, Yolanda Díaz afirmó que no se rendiría y volvería a llevarla al Parlamento. Sin embargo, el Gobierno no planea que sea este año, según el Plan Normativo previsto para 2026. La hoja de ruta solo contempla el real decreto para endurecer el registro horario, que aún enfrenta a Trabajo con Economía. Otra de las grandes normas en el aire en materia económica, los Presupuestos Generales del Estado, sí se han incluido, aunque sin especificar si serán para 2026 o irán directamente a las cuentas de 2027.

La ley para reducir la jornada laboral es la ausencia más llamativa de las normas que pretende sacar adelante el Ministerio de Trabajo este año, de acuerdo con el Plan Anual Normativo que el Gobierno ha aprobado este martes, y al que ha tenido acceso elDiario.es. Prioridad absoluta durante la primera mitad de la legislatura, el fracaso para su tramitación en el Congreso el pasado septiembre supuso un duro golpe para la bandera electoral de Sumar y la vicepresidenta segunda.

Desde entonces, Díaz ha insistido en que “no renuncia” a sacar adelante la reducción de la jornada laboral, pero optó por un ‘plan B’ en el corto plazo: endurecer el registro horario en las empresas a través de un real decreto, que no tiene que pasar por el Parlamento. Esta medida sí figura en la hoja de ruta del legislador para 2026, no así la reducción de la jornada. 

Preguntados por esta ausencia, fuentes de Trabajo apuntan que “no significa que lo que queda fuera del plan no vaya a hacerse”, y ponen de ejemplo otros proyectos, como la Ley de condiciones laborales transparentes y previsibles o el reglamento que regula los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, que salieron adelante sin estar incluidos en esta hoja de ruta.

El refuerzo de la jornada laboral enfrenta no obstante sus propios problemas. Tras el varapalo del informe del Consejo de Estado se ha complicado su camino para salir adelante. El Ministerio de Economía, que dirige el ahora vicepresidente Carlos Cuerpo, mantiene varias diferencias con el actual texto, por ejemplo, sobre el periodo de aplicación para las pymes. Yolanda Díaz ha anunciado que la medida se aprobará antes de verano, y solo con ligeros cambios que no desvirtúen el texto pactado con los sindicatos, pero el vicepresidente económico ha recordado que el Consejo de Estado ha puesto objeciones no solo al contenido, sino también “al instrumento legal”. Así, Cuerpo ha afirmado que el Gobierno aún está analizando este dictamen para “ser capaces de llevarlo lo antes posible”, sin una fecha cerrada. 

De la reforma del despido a la democracia en las empresas

El resto de leyes laborales previstas en el plan normativo para este año no lo tienen más fácil para ser aprobadas, como ocurre con todas las regulaciones que tienen que lograr una mayoría parlamentaria. Entre otras, destacan la ley para modernizar la prevención de riesgos laborales, pactada con los sindicatos; la reforma del despido improcedente –que también ha contado con resistencias internas en la parte socialista–, y la ley de democracia en la empresa, para “impulsar una participación más eficaz de las personas trabajadoras en el ámbito de sus respectivas empresas, en consonancia con el artículo 129 de la Constitución Española”. Todas ellas con el rechazo de la patronal. 

Dada la dificultad del Gobierno para sumar mayorías parlamentarias, el Ejecutivo ha apostado por tramitar sus proyectos como real decreto, que no tienen que pasar por el Congreso. En temas laborales, es la vía por la que el departamento de Yolanda Díaz pretende aprobar varios cambios relevantes, como evitar la absorción de pluses salariales para amortiguar la subida del salario mínimo (que todo indica que la patronal llevará a los tribunales en caso de salir adelante), así como para transponer la Directiva Europea sobre condiciones laborales transparentes, por la que España ya se enfrenta a posibles sanciones de Bruselas debido al retraso en su implantación.

Aunque incluye algunos decretos en materia de salud laboral, en el Plan Normativo no figuran dos de los comprometidos con los sindicatos mayoritarios, para hacer frente al cambio climático y los riesgos psicosociales, que hace poco enfrentaron a CCOO con la vicepresidenta segunda. Desde el departamento de Díaz insisten en que el desarrollo de la norma se hará una vez se haya aprobado la ley en la cual se sustentan.

En Seguridad Social destacan que solo se prevén reales decretos, ninguna ley, aunque el Ministerio de Elma Saiz ultima al menos un real decreto ley para desbloquear la jubilación parcial de los empleados públicos. También se prevé que incluya más medidas, como una mejora del acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas. 

Tampoco hay rastro de normas sobre la incapacidad temporal, aunque el departamento de Saiz tiene una mesa de negociación abierta sobre este tema. Entre los reales decretos previstos destaca uno para reformar la jubilación flexible y otro para que cuenten como cotizados los años de actividad de deportistas profesionales (antes de que se integraran en la Seguridad Social).

Presupuesto sí, pero sin fecha

El Ejecutivo ha incluido en el plan normativo la aprobación de una Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero, por segundo año consecutivo, ha renunciado a concretar para qué año serán estas cuentas públicas, como sí se ha hecho en los programas de años anteriores, hasta el de 2025. O como se recoge en decretos específicos en el plan de este año, como el que elevará el salario mínimo para 2027.

Según detalla el documento, el objetivo de esta norma será “presentar la previsión cifrada y sistemática de los ingresos y gastos del ejercicio y fijar los créditos y normas que regulan la actuación administrativa en la distribución y gestión del gasto público”.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Presidencia, Félix Bolaños, insistió en que el Gobierno tiene la “voluntad” de aprobar unos Presupuestos, pero que “ahora no es el momento”. 

Es un discurso que llevan repitiendo en el Ejecutivo desde que estalló el conflicto en Oriente Próximo. “Vamos a presentar los Presupuestos, pero en este momento el Gobierno de España está centrado en la misma preocupación que tienen todos los españoles y españolas: cómo amortiguar las consecuencias de la guerra”, respondió el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en una entrevista con elDiario.es.

Sin marcarse plazos, el Gobierno ya ha dado por hecho que la elaboración de unas cuentas públicas se retrasará “semanas” o “meses”, toda vez que la guerra en Irán ha desbaratado las previsiones económicas del proyecto que dejó preparado la exvicepresidenta María Jesús Montero antes de salir del Ejecutivo para concurrir como candidata del PSOE en las elecciones andaluzas.

“Cuando tengamos un escenario macroeconómico actualizado y aterrizado en función de lo que prevemos que va a ser el resto del año, en base a este escenario presentaremos los Presupuestos”, dijo el vicepresidente Carlos Cuerpo la pasada semana. La actualización del cuadro económico es el primer paso para la elaboración de unas cuentas. Y si las previsiones se retrasan, también se retrasa el Presupuesto. 

Lo que sí contempla Hacienda aprobar este año son los cambios en el sistema de financiación autonómica. Lo hará mediante dos normas: una ley orgánica “con el objetivo de acometer una actualización y reforma del sistema de financiación autonómica para hacerlo más eficiente y equitativo”, de acuerdo al modelo que Montero acordó con ERC. Y otra ley que “regula” el modelo de reparto.

Mayor control a las inversiones extranjeras

En el plan normativo, el vicepresidente Cuerpo ha incluido la aprobación de una ley para reforzar el control de las inversiones extranjeras e incluir en la normativa española los cambios aprobados a escala europea. Entre otros, una supervisión férrea en ámbitos como las tecnologías de doble uso (civil y militar), las materias primas fundamentales o aquellas entidades críticas en sectores como la energía, el transporte, las infraestructuras digitales o algunas entidades financieras.

El Gobierno apunta en el plan normativo que reformará otros aspectos de la actual ley para “llevar a cabo un control más focalizado y efectivo, acorde a la coyuntura geopolítica actual”. En este sentido, también recoge el desarrollo, mediante real decreto, de un Comité de Inversiones Estratégicas, una promesa del presidente Pedro Sánchez del año pasado, para “facilitar y priorizar proyectos estratégicos” con capital nacional o foráneo y “agilizar” su puesta en marcha.

El programa incluye otras normativas que ya han comenzado su tramitación en el seno del Gobierno, como la de contratos de crédito al consumo, que ya pasó en primera vuelta por el Consejo de Ministros, o la transposición de numerosas directivas pendientes de incorporar. Según los datos del Ejecutivo, de las 179 normas (entre leyes orgánicas, leyes y reales decretos) que prevén aprobar este año, 61 (el 34%) derivan de regulaciones comunitarias.

En los pasillos de las instituciones europeas en Bruselas se escucha una amalgama de mensajes contradictorios sobre el conflicto en Oriente Medio. La crisis de precios energéticos que ha provocado la guerra en Irán ha hecho que se repitan discursos apocalípticos sobre las consecuencias del frenazo económico a la vez que se proponen soluciones que no dejan de ser recomendaciones de consumo o propuestas a muy largo plazo. La confusión es palpable: frente a mensajes que advierten de que estamos al borde del precipicio se repiten remedios que no van más allá de sugerencias. Al mismo tiempo, un grupo de países europeos insiste sin éxito en pedir medidas de más calado.

Este martes, el comisario de Energía, Dan Jorgensen, resaltaba que “el mundo se enfrenta a lo que podría decirse que es la crisis energética más grave de la historia” mientras que el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, insistía a los países europeos en que las medidas de apoyo a ciudadanos y empresas sean “concretas, limitadas y temporales”.

El desconcierto se refleja hasta en las ruedas de prensa. Tras la reunión del Eurogrupo, el encuentro de los ministros de Economía de la UE, Dombrovskis respondió a los periodistas que la UE “estaba encarando una estanflación” a lo que segundos después, el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, ministro de Economía y Hacienda de Grecia, salió a corregir con un “no hay una estanflación total a estas alturas”.

La situación de estanflación se da en un escenario económico negativo que combina altos precios con estancamiento del PIB. Los últimos datos publicados por Eurostat señalan que la inflación en la zona euro se ha incrementado hasta el 3% en abril mientras que el crecimiento de la economía solo alcanzó el 0,1% en el primer trimestre de 2026 debido al impacto de los precios energéticos que ha provocado el conflicto en Oriente Medio. La semana pasada, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, puntualizó que la situación actual no responde a una estanflación, “ya que es muy diferente a la de los años setenta”, pero sí admitió que Europa sufre “un crecimiento muy bajo”.

Si no es posible conseguir un consenso sobre la situación de la economía europea se comprenden mejor las dificultades a la hora de encontrar soluciones. Aunque se repiten contantemente por los responsables de la UE las lecciones aprendidas por la crisis de precios tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, la Comisión Europea tardó casi dos meses en plantear una respuesta a la crisis que se quedó en un compendio de recomendaciones basadas en la coordinación entre países, la creación de un Observatorio de Combustibles para hacer seguimiento de la producción y mantener la línea trazada en la agenda verde de la UE para acelerar la transición hacia una energía limpia autóctona y reforzar el sistema de redes.

Ante estas propuestas, los estados miembros reclamaron medidas “más ambiciosas” para luchar contra la subida de precios energéticos, aunque la Comisión hizo oídos sordos a las peticiones y se limitó a mantener sus recomendaciones y a anunciar un plan de electrificación que se presentará este verano. Con el incremento de las presiones, finalmente Bruselas aprobó un marco temporal de ayudas estatales para permitir a los Estados miembros subvencionar el consumo de combustibles para “los sectores más expuestos de la economía: la agricultura, la pesca, las industrias intensivas en energía y el transporte”, sin incluir la aviación.

Esta medida también ha provocado cierto desbarajuste, ya que las ayudas son al consumo de combustibles fósiles, lo que contradice al discurso del comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, sobre que las subvenciones “no conduzcan a un aumento de la demanda agregada de energía”, ya que impulsaría el consumo y mantendría elevado el precio de los hidrocarburos. Y, por otro lado, el comisario de Energía repite el mensaje sobre el riesgo de suministro de queroseno, el combustible de los aviones, pero este tipo de transporte no está incluido en el marco de ayudas propuesto por la Comisión. En todo caso, Bruselas ha avisado de que propondrá este jueves una serie de directrices a las aerolíneas y los aeropuertos sobre consumo de combustible.

A vueltas con las reglas fiscales

En la cumbre de Chipre que se celebró hace dos semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya propuso que se prorroguen durante un año los fondos europeos Next Generation para dedicarlos a inversiones en electrificación y las energías renovables. También puso el foco en un aspecto bastante polémico en los pasillos de las instituciones europeas en Bruselas: “Hay que abrir el debate y aprobar una flexibilización de las reglas fiscales, como con el gasto en Defensa”.

Esta semana, aprovechando la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE, España e Italia volvieron a plantear que las inversiones en energías renovables se incluyan dentro del apartado de gastos en Defensa que no computan como déficit; es decir, que una parte de ese 1,5% del PIB que se puede gastar en armamento también sirva para dedicarlo a infraestructuras energéticas limpias, ya que el suministro energético también se debe considerar una medida de seguridad nacional. La propuesta consiguió incluso el respaldo de un país más cercano a mantener el corsé fiscal inamovible como Austria.

“Hay razones económicas para limitar el déficit pero, por otro lado, creo que debería haber ciertos incentivos para invertir, particularmente en proyectos verdes del sector público, como es el caso de la propuesta española. Esta cuenta en principio con mi simpatía”, dijo el titular austriaco de Finanzas, Markus Marterbauer, según recoge EFE.

Sin embargo, el comisario de Economía sentenció que la propuesta se había quedado sobre la mesa por las “posiciones divergentes” de los países sobre “flexibilidad fiscal adicional”. El ministro de Finanzas de Países Bajos, Eelco Heinen, fue el que más claramente confirmó su oposición, con el argumento de que “no puede ser que cada vez que haya un shock la respuesta sea más deuda y más flexibilidad en las normas. Tenemos unos elevados niveles de deuda y el problema ahora es entrar en esta fase con esa deuda elevada”.

Aunque la propuesta de Italia y España no es incrementar la deuda, sino incluir otro tipo de gastos fuera del déficit que ya se ha decidido, la postura recoge la intensidad de la división entre los países más austeros y los más proclives a utilizar el endeudamiento, que tiene su reflejo en las negociaciones del próximo presupuesto plurianual de la UE.

Una muestra de esta recuperación por la austeridad fueron las palabras del comisario europeo de Fiscalidad, Wopke Hoekstra, que aseguró: “Tenemos que abrocharnos los cinturones y, al menos, considerar la posibilidad de que esto continuará y, potencialmente, empeorará mucho”, respecto a la crisis de precios. Sin embargo, la propuesta que hizo España, junto con Alemania, Italia, Austria y Portugal, en la que pedían a la Comisión que pusiera en marcha el marco legal para que los países miembros pudieran aprobar un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, se ha quedado en un cajón. 

En el año 2000, nada más arrancar el euro, Andalucía era la segunda región más pobre de España, detrás de Extremadura, con un PIB por habitante que apenas representaba el 74,4% del promedio nacional. Casi 25 años después, las cosas no sólo no han mejorado, sino que han empeorado. Andalucía ha sido adelantada por Extremadura y es hoy la comunidad autónoma con menor renta por habitante (apenas un 75,2% del promedio nacional). Es decir, en casi 25 años apenas ha recortado 8 décimas la distancia relativa con el total de España que tenía en 2000.

Por el contrario, Extremadura ha pasado del 65,7% al 77,3% de la media estatal, un avance de más de 12 puntos en el mismo período. En el gráfico que acompaña este análisis presento la “renta real per cápita” (PIB dividido por población) relativa de Andalucía en términos nominales y en términos reales, es decir, descontando la inflación, que también ha sido diferente en esta región con respecto a la general de España. Ambas series están expresadas en relación con la media nacional (España=100). Es decir, un aumento de su valor quiere decir que la renta por habitante de Andalucía está creciendo más que la de España (o cayendo menos), y viceversa. La serie en euros (“nominal”) está sacada directamente de la Contabilidad Regional del INE [Instituto Nacional de Estadística]. La serie en términos “reales” es de elaboración propia, utilizando los IPC anuales de Andalucía y España, también facilitados por el INE.

En cualquier caso, no hay grandes diferencias si se hace en términos reales o nominales y, si la he construido, ha sido por evitar la crítica fácil de que la “convergencia” (un término que indica que las regiones o países más pobres acercan su renta per cápita a la de los más ricos) hay que medirla en términos reales. En el gráfico se detecta que hay un patrón curioso, que es el carácter “procíclico” de la convergencia: en los buenos tiempos, Andalucía crece más que España y viceversa en las crisis. En el gráfico queda patente que la máxima convergencia se produce en el período 2003-2008, periodo de boom económico tanto en Andalucía como en España.

En esos años se alcanzó el pico de la renta per cápita relativa andaluza (77,9% en términos nominales y 77,6% en términos reales), que es, más menos, el valor actual de la de Extremadura. Tras ese máximo, se retrocede con la crisis financiera de 2008 y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, porque la crisis afectó incluso más a Andalucía que al conjunto de España. En términos nominales, el declive dura toda la recesión, se estabiliza a partir de 2015 y no se recupera hasta 2020-21.

En términos reales, que es una medida más correcta, la convergencia se retoma a partir de 2017, pero vuelve a retroceder en 2022-23. Es decir, en el boom más reciente, no se ha dado ese patrón procíclico del pasado y apenas ha mejorado la convergencia de Andalucía con la media nacional. Por dar algunos datos, en los 6 años de boom de 2001 a 2007 la renta per cápita andaluza creció un 20% real acumulado, frente al 14,6% de España (diferencial de casi 5 puntos, que hizo recortar la distancia relativa con España). Por el contrario, en los últimos 6 años la renta per cápita de Andalucía ha crecido un 6% acumulado, frente al 5,4% de España (apenas unas décimas de diferencia), pese a hallarnos en un boom económico. Parece que la convergencia se ha frenado. Y, en términos nominales, la evolución no es diferente: una tímida recuperación y un nuevo freno.

Hasta aquí los datos. Pero la pregunta clave es: ¿cuáles son las causas de esta falta de convergencia económica de Andalucía con el promedio nacional? La teoría económica nos dice que, en un entorno parecido (mismas instituciones jurídicas, laborales, educativas, comerciales, fiscales, sanitarias, industriales, e idéntica política monetaria), las regiones o países más pobres deben crecer más que los más ricos, precisamente porque el rendimiento de la inversión en capital físico, humano o tecnológico debe ser superior en los territorios donde estos factores son más escasos. Es decir, que el crecimiento de la productividad debería ser mayor en Andalucía que en el resto de España.

Sin embargo, el crecimiento real de Andalucía no ha sido superior al de España. Y si ha habido una mínima convergencia en renta per cápita ha sido porque la población en Andalucía ha crecido menos que en el conjunto de España. Una forma engañosa de converger, pues la atracción de talento es uno de los motores del crecimiento de la productividad a medio y largo plazo. La inversión en infraestructuras ha sido muy importante en la región. Pero no tanto la inversión privada en capital físico, humano y tecnológico. El tejido empresarial sigue muy atomizado y no ha habido una política industrial orientada a la productividad, al crecimiento del tamaño de las empresas ni a la inversión tecnológica, salvo excepciones como puede ser el caso de Málaga. Andalucía también sufre una pérdida de capital humano formado, que emigra a regiones de renta per cápita más elevada buscando mejores oportunidades.

La ETEA (Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía,) elaborada en 2019 con Horizonte 2027, era una buena hoja de ruta para abordar todos estos retos de la economía andaluza. Pese a no ser andaluz (aunque no descarto que algún día lo sea), fui invitado a tomar parte en algunos debates durante su elaboración y fueron muy intensos y productivos. Participaron muchos economistas de diferentes sensibilidades y no fue difícil conseguir consensos sobre el diagnóstico y las medidas a aplicar para superar esta situación crónica de Andalucía.

Ojalá que el Gobierno que salga de las urnas retome una iniciativa de este tipo, que concite el acuerdo no sólo de los economistas, sino de todas las fuerzas sociales, sindicatos, empresarios y asociaciones, así como de las administraciones públicas de todos los niveles: local, provincial, autonómico, estatal y comunitario . Andalucía se lo merece.

La inmobiliaria Alquiler Seguro, sancionada por el ministerio de Consumo por las condiciones abusivas que impone a sus inquilinos, no podrá gestionar las viviendas públicas de Casa 47, a las que se presentó en plena polémica por las multas recibidas. La empresa no ha pasado el corte mínimo de puntos en el primer corte de la licitación en Asturias y Galicia, a la que concurría y que prevé la gestión de 1.600 viviendas de alquiler asequible por un valor de 6,5 millones. Hipoges Hiberia es el otro fondo que ha quedado fuera de este lote, que cuenta como finalistas con Provivienda, Serveo Savills y Servihabitat.

En total, están en juego 55 millones de euros para empresas gestoras que se reparten en cuatro lotes. En el segundo lote, de la Comunidad Valenciana, que prevé la gestión de más de 5.000 viviendas por 17,35 millones, se han quedado fuera de nuevo Hipoges, Ahora Asset y Dovalue, mientras que han resultado finalistas Solvia, la unión entre Emerald Impact y Guinot Prunera, Savills, Servihabitat, Habitat 3 junto a M&P Ledesma y Asociados.

El tercer lote, con 23 millones para gestionar 5.710 viviendas en Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, ha dejado fuera a Dovalue, Hipoges y Ahora Asset, mientras que de nuevo Solvia, Servihabitat, Provivienda, Serveo y Savills son los finalistas.

El cuarto lote, con 8,5 millones para llevar el alquiler de 4.780 viviendas en Catalunya, la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco, tan solo ha dejado fuera a Dovalue. Competirán por él Serveo, Emerald Impact junto a Guinot Prunera, M&P Ledesma con Fundació Habitat 3 y Servihabitat.

El Gobierno trabaja en medidas para impulsar la gestión de vivienda pública por parte del tercer sector y fundaciones, pero la libre concurrencia ha colocado en la misma carrera a grandes inmobiliarias, algunas participadas por fondos de inversión. Entre los que han quedado fuera, no solo Alquiler Seguro ha sido foco de polémicas. Hipoges fue excluido inicialmente de la mesa de contratación por sus antiguos vínculos con el fondo estadounidense KKR, con importantes lazos en Israel, pero un tribunal obligó a readmitirlo.

Alquiler Seguro está, por su parte, pendiente de lapor por resolución del recurso que presentó contra la sanción de 3,6 millones de euros por contratos “abusivos” impuesta por el Ministerio de Consumo. La empresa aseguró que mantendrá las prácticas por las que es acusada, que incluyen el cobro de gastos de gestión como comisiones encubiertas y cláusulas abusivas como la que obliga al inquilino a pagar un seguro.

Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa de armamento de los hermanos Ángel y Javier Escribano, sale del accionariado de Indra con la venta de su 14,3% de la compañía española de tecnología y defensa, según ha avanzado Expansión y ha confirmado elDiario.es en fuentes del mercado.

EM&E era hasta ahora el primer accionista privado de Indra. A los precios de cierre de este martes, ese paquete está valorado en 1.320 millones de euros, con lo que los Escribano van a anotarse con la venta plusvalías estimadas en más de 900 millones. En enero, el paquete de los dos hermanos estaba valorado en 1.700 millones. Indra ha cerrado la sesión de este martes en 52,34 euros, con un alza cercana al 5%. A principios de marzo, sus acciones llegaron a superar los 64 euros.

Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los Escribano ya no figuran como accionista relevante de Indra tras la desinversión, realizada mediante una colocación acelerada. En esos registros del regulador, EM&E figura ya entre los accionistas de la cotizada que han dejado de ser relevantes, al pasar de ostentar un 14,3% del capital de la compañía de tecnología y defensa a un 0,00%, algo que habría notificado al supervisor hoy mismo. Tras trascender la salida de los Escribano, Indra ha informado a la CNMV a última hora de la tarde de la dimisión de Javier Escribano como consejero de la compañía en representación de EM&E, “tras haber transmitido dicho accionista la totalidad de su participación accionarial en el capital social de Indra”.

La operación puede suponer la antesala a la esperada fusión entre Indra y EM&E. Llega tres años después de la entrada de los dos hermanos en Indra, y tras la dimisión, el pasado 1 de abril, de Ángel Escribano (hermano de Javier) como presidente ejecutivo de la tecnológica, tras poco más de un año en el cargo.

Ángel Escribano fue sustituido (aunque sin funciones ejecutivas) por Ángel Simón, exconsejero delegado de CriteriaCaixa. Dimitió al frente de Indra tras expresar reservas la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), primer accionista de la cotizada con un 28%, sobre el “conflicto de interés” que implicaba la absorción de EM&E que Indra llevaba meses estudiando.

Esta operación había sido inicialmente alentada por Moncloa, con el objetivo de crear un gran campeón nacional de la defensa en pleno boom de este sector. EM&E aportaría a Indra el músculo industrial necesario para hacer frente a una cartera de pedidos de 20.000 millones de euros.

La salida de los Escribano del capital de Indra implicará también la marcha de la familia del consejo de administración de la cotizada, en la que todavía conservaban un vocal, con derecho a nombrar un segundo representante. Con la venta de sus acciones en Indra, la operación de integración de EM&E podría retomarse, una vez despejado el conflicto de interés que llevó a la SEPI a expresar sus dudas sobre la integración de la empresa familiar de los Escribano el pasado 18 de marzo.

El pasado jueves, en la presentación de los resultados trimestrales de Indra, su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, recordó que fueron los hermanos Escribano los que se retiraron del proceso y aseguró que Indra está abierta a estudiar de nuevo la posible operación, en caso de que desde EM&E se decidiera retomar de nuevo la negociación, algo que es muy previsible, y más cuando ese conflicto de interés ha quedado ventilado.

En total, EM&E, a través de un préstamo concedido por JPMorgan, invirtió más de 380 millones en alcanzar ese 14,3% que ahora han vendido con plusvalías multimillonarias. A través de su sociedad Advanced Engineering & Manufacturing, los Escribano entraron en el capital de Indra en mayo de 2023 con un 3% inicial valorado entonces en unos 65 millones.

En noviembre de 2023, subieron hasta un 8% por unos 126 millones adicionales, con el derecho a nombrar a un consejero. Y en diciembre de 2024, pasaron del 8% al 14,3%, con una inversión vinculada de unos 190 millones. Un mes después, y tras la marcha a Telefónica del hasta entonces presidente de Indra, Marc Murtra, Ángel Escribano se convirtió en presidente de la tecnológica.

Ahora, uno de los flecos que queda por despejar cuál es la valoración que Indra otorga a la empresa de los Escribano, que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años al calor de las adjudicaciones del Ministerio de Defensa.

Según Expansión, el consejo de Indra llegó a estudiar el pasado marzo lanzar una oferta (que no se llegó a realizar) por EM&E por 2.300 millones, después de que el CEO de Indra iniciase los contactos con Javier Escribano, presidente de EM&E, y a raíz de las valoraciones tanto de Indra como de EM&E por parte de los asesores de las diferentes partes.

Los principales chatbots de inteligencia artificial comparten datos de las conversaciones de los usuarios con las multinacionales de la publicidad online, que los utilizan para elaborar perfiles personalizados y vender anuncios hipersegmentados. Es la principal conclusión de un nuevo estudio que ha encontrado evidencias de estas filtraciones en ChatGPT, Claude, Grok y Perplexity, que mandan la información a las bases de datos para anuncios de Meta, Google, TikTok y otras compañías dedicadas al rastreo digital y la analítica web.

La filtración se produce a través de los enlaces permanentes de los chats, también conocidos como permalinks. Las plataformas envían estas direcciones web a los rastreadores junto con identificadores de usuario, como correos electrónicos cifrados o cookies, lo que permite asociar los datos de sus conversaciones a los perfiles publicitarios que elaboran terceras empresas sin el conocimiento del usuario.

“Este es el riesgo central: filtrar una URL no es solo metadatos, puede ser equivalente a filtrar la conversación en sí”, avisa el estudio, coordinado por el centro de investigación IMDEA Networks y liderado por el investigador español Narseo Vallina. “Las prácticas observadas también sugieren que los modelos de negocio basados en datos de la web tradicional (como la publicidad o la analítica) se están replicando en los ecosistemas de modelos de lenguaje, con una supervisión limitada”.

Las compañías son conscientes de que estas prácticas podrían contravenir las regulaciones de protección de datos. Perplexity, por ejemplo, retiró el rastreador de Meta de su web el 3 de abril de 2026, tras una demanda colectiva en Estados Unidos relacionada con la privacidad de sus usuarios. Esto detuvo el envío de enlaces y cookies a la red social y eliminó el acceso público a las conversaciones creadas por los usuarios que no habían iniciado sesión.

La misma práctica, solo que aún activa, es la que se da en Grok (el asistente desarrollado por xAI, propiedad de Elon Musk). “Es lo más grave que hemos encontrado”, destaca Vallina: “Las URLs y las conversaciones son accesibles de forma pública. Los rastreadores podrían potencialmente acceder a esa conversación, palabra a palabra. No tenemos evidencias de que lo estén leyendo, pero sabemos que el riesgo existe”.

Fuga de datos

Perplexity, pese a desactivar la posibilidad de que las conversaciones sean leídas por terceros, mantiene activos otros sistemas de rastreo. El estudio desglosa que cada vez que una persona utiliza el asistente, la empresa envía de forma automática su dirección de correo electrónico sin cifrar, el enlace exacto de la conversación y los detalles técnicos de su dispositivo a Datadog, una plataforma de monitorización de sistemas; y a Singular, una firma especializada en analítica y marketing.

Según las evidencias halladas, OpenAI envía los títulos de los chats y las direcciones de las conversaciones de los usuarios de la versión gratuita de ChatGPT a Google Analytics. Por su parte, Claude, de la empresa Anthropic, envía directamente los datos del usuario a plataformas como LinkedIn, TikTok, Google y otras ocho redes publicitarias distintas desde sus propios servidores, una técnica que las evita que las herramientas de bloqueo de anuncios de los navegadores puedan interceptar el tráfico de datos.

elDiario.es ha contactado con OpenAI, Anthropic, xAI (desarrolladora de Grok) y Perplexity para incluir su posicionamiento en esta información, pero no ha recibido respuesta. Los autores han denunciado los hechos a las agencias europeas de protección de datos, adelanta Vallina. Su estudio aún no ha sido revisado por otros investigadores independientes, pero han considerado que debían hacerlo público para alertar a los usuarios.

“Las conversaciones de los usuarios contienen con frecuencia información sensible, ya que estos suelen percibir a los modelos de lenguaje como asistentes de confianza”, avisa el estudio: “Esta percepción aumenta la probabilidad de que compartan más información sensible de la necesaria”. Otras investigaciones han detectado que los usuarios tienden a revelar detalles sobre sus preferencias sexuales, condiciones de salud o apoyo psicológico incluso cuando no son necesarios en el contexto de la conversación.

“Cuando los datos de las conversaciones se comparten con terceros como Meta y Google, junto con cookies y otros identificadores de usuario”, explican los investigadores de IMDEA Networks, “surge un nuevo escenario de riesgo”.

El estudio señala que la IA de Meta, Google Gemini y Microsoft Copilot han quedado fuera de este primer análisis debido a que estas empresas son tanto desarrolladores de chatbots y como rastreadores publicitarios. Al estar en los dos lados del negocio (recopilan los datos en su propio servicio y también controlan las redes de rastreo), los investigadores creen que estos asistentes entrañan un “modelo de amenaza diferente” al de ChatGPT, Claude, Grok o Perplexity. No obstante, avanzan que tienen previsto ampliar el alcance de su investigación para incluir los asistentes de Google, Meta y Microsoft en las próximas semanas.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado este martes de “sorprendente” que España esté gastando “mucho más que nunca” en prestaciones por desempleo habiendo más puestos de trabajo en España.

“¿Cómo es que tenemos más empleo y en paro gastamos más? Nos deberíamos de plantear muy bien todos estos temas”, ha dicho el dirigente empresarial durante la inauguración del VII Foro Emprendedores y Autónomos 2026 organizado por ATA en la sede de la CEOE.

En su intervención, Garamendi ha felicitado a los autónomos por los datos de paro y afiliación del mes de abril, pues el tirón del empleo ha venido de la mano de la hostelería y el turismo.

El dirigente de la CEOE ha resaltado que, en su gran mayoría, la creación de empleo viene a través de los autónomos y ha instado a “cuidar y mimar” especialmente a este colectivo, que ya alcanza los 3,5 millones de personas en España.

El líder de la CEOE ha subrayado que, en la problemática actual, los autónomos que “aguantan” son aquellos que tienen empleados, que tienen ya pequeñas empresas, y ha insistido en que hay que cuidarlos para que sigan con su actividad.

“Los trabajadores pueden estar protegidos de una manera u otra, pero el trabajo autónomo, los autónomos, el día que les falla esa buena idea que tenían, el día que las cosas no van tan bien, pues muchas veces pierden su casa, se van al paro y no tienen esos apoyos, esas cosas que pueden tener otros trabajadores que pueden estar en el propio Régimen General”, ha añadido.

Para los autónomos “que han caído”, Garamendi ha defendido una segunda oportunidad, al igual que ha emplazado a abordar otros problemas que sufre el colectivo, como los traspasos de negocios donde los titulares se jubilan ó de cómo gestionar esa misma situación en la España vaciada, en los pueblos.

“Eso significa trabajar en la formación, eso significa no ahogar más lo que ya se está ahogando”, ha señalado Garamendi, que también ha denunciado la difícil gestión a la que se enfrentan los autónomos con la “maraña permanente” de normas que están sobre la mesa.

“A ver quién puede gestionar algo con tantas normas, papeles, cuando tiene un pequeño negocio. ¿Cómo va a crecer ese pequeño autónomo a empresa? ¿Cómo va a poder crecer si al final va a tener que manejarse en esa maraña de normas permanentes que están encima de la mesa?”, ha argumentado.

Garamendi ha agradecido a ATA el trabajo que realiza en defensa “de la clase, de la casta más olvidada de este país”, los autónomos. “Nos guste o no nos guste estamos viendo muchas medidas que van encaminadas en sentido contrario, por las que están sufriendo los pequeños”, ha advertido.

“Vamos a estar con vosotros, que estamos para trabajar, en este caso, por los pequeños, y que, realmente, no os sintáis abandonados, porque la sociedad tiene claro que todo esto funciona, si tiene la capa más amplia, que son los tres millones y medio de autónomos, que son los que generan y dan y los que tiran para adelante”, ha concluido.

Banco Sabadell pisa el freno con las hipotecas. Lo hace en un momento donde su resultado neto se ha resentido y a la espera de ver en los próximos meses los ingresos extraordinarios que va a conseguir con la venta a Santander de su negocio en Reino Unido, TSB, que va a alcanzar los 3.300 millones de euros.

Mientras, en lo que es el negocio bancario, asume que en hipotecas ha dado un giro, a la baja. Es algo que también ha hecho BBVA, mientras que Santander ha optado por acelerar en esta actividad. En concreto, en el caso de Sabadell, según la presentación que ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la producción hipotecaria en España se ha reducido un 24% y se sitúa en 1.242 millones de euros. “Los precios de hipotecas están tensionados”, ha reconocido su aún consejero delegado, César González-Bueno, que está a un paso de dejar su puesto en manos de Marc Armengol, que fue primer ejecutivo de TSB.

“No hay desplome, hay un menor ritmo de producción y de amortización”, ha matizado. Los precios “están tensionados, sí, pero la hipoteca sigue siendo rentable, aunque con una rentabilidad más ajustada”. También ha reconocido que en “hipotecas hemos ralentizado voluntariamente el ritmo de producción”.  

“En ese sentido, hemos reducido marginalmente nuestra cuota. Cuando los márgenes eran más razonables llegamos al 9%. La cuota estable era el 7% y ahora estamos al 6%”, ha enumerado González-Bueno. “No lo vamos a dejar, porque tenemos que dar servicio a nuestros clientes y a la sociedad, pero cuando los precios se ajustan tanto lo lógico es ajustar la producción”.

“Las posibilidades de impago se han reducido a la mitad”, ha matizado el aún primer ejecutivo de Sabadell. “Son más seguras, pero es un periodo de transición que estamos viendo”, todo en un escenario de subida de tipos como el actual, ante la situación inflacionista.

“Ya esperábamos que el crecimiento se moderara, porque venimos de unos crecimientos extraordinarios, que el año pasado situaron las compraventas en niveles récord de los últimos 15 años, ya esperábamos una disminución que lo mismo se acentúa un poquito, pero vemos un mercado muy fuerte”, ha añadido el director financiero de Sabadell, Sergio Palavecino.

González-Bueno ha apuntado que “mañana” será su último día al frente de la entidad, tras el visto bueno del Banco Central Europeo, a Marc Armengol. Todo condicionado a que la junta de accionistas que se celebra este miércoles dé el visto bueno al relevo. “Por las conversaciones que yo he tenido, su intención es mantener los compromisos que se han establecido”, ha apuntado a los medios. Unos compromisos que se “hicieron deprisa” en el marco de la oferta de compra que lanzó BBVA por el banco catalán y que fracasó. “Él verá si hay que revisar la estrategia del banco”, ha asumido González-Bueno. En su caso, asume que va a “trabajar menos”. “En qué, no lo sé, pero no voy a reaparecer en un banco español”.

“Las posibilidades de que haya una OPA hostil sobre Sabadell son insignificantes”

Sobre operaciones corporativas, el aún CEO de Sabadell ha indicado que los “supercampeones” europeos son deseables, pero los nacionales que concentran el mercado, no. “Me encantaría una mayor consolidación europea, podría haber una mayor consolidación en España siempre que excluya a los tres grandes bancos, porque significaría que sigue habiendo competencia. A un futuro muy largo, me gustaría, porque los tres grandes ya lo son suficientemente”.

Eso sí, no hay fusión ni negociaciones a la vista. “No se van a producir porque en este momento todas las entidades medianas tienen una estrategia clara, están generando capital, ahora nadie está pensando en una consolidación, puede cambiar en el futuro, pero hora no lo veo”. También, porque las fusiones suelen producirse en momentos complicados, no de bonanza“. ”De momento, no veo nubarrones en el horizonte“.

Y ha puesto un ejemplo. “Es muy difícil que venga Commerzbank porque no tiene sinergias. Es muy difícil hacer una OPA hostil si no se tiene presencia en ese país, porque no tiene sinergias ni en ingresos ni en costes”. “Las posibilidades de que haya una OPA hostil sobre Sabadell son insignificantes”, ha concluido.

En cuanto a la situación internacional, ha asumido la “incertidumbre”, pero “en España el crudo que procede de Ormuz es el 5% y el gas es el 2%. El riesgo de los países afectados es mínimo y el indirecto, de las industrias afectadas es del 1%. Sin quitar ninguna tragedia, porque puede haber un escenario catastrófico con consecuencias imprevisibles, en términos relativos, España está más alejada del conflicto y algo menos afectada por la crisis”. Dentro de eso, “Sabadell está más protegido porque el comercio con EEUU y con los países en conflicto es menor”, que en otras entidades, sin mencionarlas.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración General del Estado (AGE), correspondiente a 2026, con algo más de 37.000 plazas. La cifra supone un ligero aumento respecto a la aprobada el año pasado, con 400 plazas más, y se desglosa en 27.232 plazas ofertadas para la Administración General del Estado (AGE) y 9.785 para los Cuerpos de Seguridad del Estado. La oferta no cuenta con el respaldo sindical, al igual que sucedió el año pasado, porque el Ministerio no ha negociado las cifras con los representantes de los empleados públicos.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha informado de los números globales de la oferta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aunque el detalle de los puestos se conocerá mañana, con la publicación de las plazas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De las 27.232 plazas ofertadas para la AGE, 20.541 corresponden al acceso por turno libre y 6.345 para promoción interna.

En los últimos años, el Gobierno ha destacado la creación de “empleo neto” en la Administración Central tras años de recortes, fruto de las restricciones a la entrada de trabajadores públicos durante la pasada crisis financiera y ante el gran número de jubilaciones que se están produciendo en los últimos años. La convocatoria récord fue la de 2024, con unos históricos 40.000 puestos.

Con esta nueva Oferta de Empleo Público, López ha cifrado en “6.200” los empleos netos creados, fruto de las salidas en 2025 y las nuevas incorporaciones previstas. El ministro de Función Pública ha subrayado que en los últimos años se está rebajando la edad media de la plantilla en la Administración General del Estado, hasta los 49 años desde el máximo de 51 años en 2020.

CCOO ha considerado “insuficientes las veintisiete mil plazas anunciadas, que no responden a las necesidades del servicio público ni en la cobertura de vacantes ni en la promoción interna”, ha criticado el sindicato. También CSIF ha tachado de escasas las plazas, con la creación de apenas 217 de nuevo ingreso respecto al año pasado y por segundo año consecutivo con una reducción de la promoción interna, concretamente en 220 plazas.

Empleos tecnológicos y para emergencias climáticas

El ministro ha destacado una apuesta de esta Oferta de Empleo Público por reforzar las plazas tecnológicas y también puestos para enfrentar las consecuencias de emergencias climáticas. “Es una oferta diferente a otras en el pasado. Tiene sobre todo una gran prioridad: la digitalización y el uso de la IA en la Administración Pública. Obviamente con un objetivo: mejorar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos”, ha afirmado Óscar López. 

En concreto, el ministro ha informado de que se convocarán 1.700 plazas en cuerpos TIC, “un 42% más que en la anterior oferta”, y que incluirán por primera vez pruebas selectivas por especialidades en “ciberseguridad, inteligencia artificial y ciencia del dato”. Además, López ha explicado que se va a incorporar la formación obligatoria en digitalización e inteligencia artificial (IA) en todos los procesos selectivos de la Administración del Estado.

“Vamos a digitalizar la Administración Pública, a transformar el empleo público, pero vamos a seguir creando empleos. Vamos a transformar empleos, no a destruir empleos”, ha insistido el ministro, lo que considera que manda “un mensaje muy importante para el sector público” en estos momentos sobre la posible repercusión de la IA en el mercado laboral. El objetivo además es “aumentar un 25% los procedimientos administrativos digitales”, ha añadido.

Respecto a las emergencias climáticas, la Oferta de Empleo Público incluye “346 plazas” de una oferta extraordinaria para reforzar los servicios públicos en este campo, ha añadido el responsable de Función Pública, sobre todo en el Ministerio de Transición Ecológica.

Refuerzo de “áreas estratégicas”

López ha mencionado que otra de las novedades de esta OEP es que se ha diseñado no desde un enfoque de “cubrir las bajas con altas”, sino priorizando la dotación de recursos humanos “en áreas estratégicas”, según un análisis prospectivo de las necesidades de país y del estado de las distintas administraciones y servicios públicos.

Entre estas áreas estratégicas, el Ministerio de Función Pública ha destacado un listado: la transformación digital e inteligencia artificial, el impulso y liderazgo de la transición energética, la prevención de las emergencias climáticas y lucha contra el cambio climático, el refuerzo de las capacidades de ciberseguridad del Estados, la mejora de las infraestructuras y el transporte, la estrategia comercial: digitalización, expansión y refuerzo del tejido productivo, la seguridad pública, la protección de la ciudadanía y el refuerzo de las capacidades de defensa, así como la nacionalidad y migraciones (fruto de la regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular), y la mejora de la atención a la ciudadanía.

Los sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos, CCOO, UGT y CSIF, han denunciado la falta de negociación de la oferta de empleo público, como sucedió en años precedentes. CCOO ha expresado sus recelos por los anuncios de transformar el empleo público a través de la digitalización y la IA, al considerar que “crean incertidumbre al ocultar las cifras, abren la puerta a las empresas tecnológicas muy interesadas en lo público para realizar negocios y amplían la externalización de servicios públicos en la Administración General del Estado”.

En UGT, han subrayado también sus quejas por la falta de convocatoria de unas 9.000 plazas laborales de anteriores Ofertas de Empleo Público, de 2023 a 2025, algunas a punto de caducar (ya que tienen que convocarse en el plazo de tres años). El Ministerio se comprometió con los sindicatos que aprobaría las plazas en unos dos meses, según fuentes sindicales, que apremian a Función Pública a cumplir con su palabra y no demorar tanto las convocatorias de empleo.

Por su parte, CSIF denunció la “opacidad” del Ministerio y subrayó que “el proceso de regulación masiva de migrantes está poniendo al descubierto las ‘costuras’ y necesidades de una Administración General del Estado, ya de por sí tensionada en la carga de trabajo, especialmente en ámbitos como Extranjería, Seguridad Social e Interior”.

CSIF ha convocado una huelga en la Agencia Tributaria (AEAT) el próximo 8 de junio para reclamar un aumento de plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos firmados, según ha anunciado este martes en un comunicado.

Las protestas comenzarán este miércoles con una concentración ante la Secretaría de Estado de Hacienda y continuarán los días 13 y 29 de mayo con la convocatoria de un paro parcial de una hora para culminar el 8 de junio con una huelga en todos los centros de trabajo, en plena campaña de la renta, según recoge EFE.

CSIF exige desbloquear la negociación, a la que la AEAT se comprometió en 2024, de materias como la implantación de la carrera administrativa y profesional, la regulación del teletrabajo o que se considere profesión de riesgo el servicio de Vigilancia Aduanera.

La organización denuncia además la falta de efectivos en la Agencia Tributaria y que la plantilla se encuentra superada y al límite.

Un piso de 75 metros cuadrados en Leganés (a unos 15 kilómetros del centro de Madrid) con 3 habitaciones, exterior y con ascensor por 95.000 euros es, a día de hoy, un precio totalmente fuera de mercado. El piso es en nuda propiedad, o sea, que se vende con usufructuarios residiendo con contrato en vigor, condición que abarata estas ventas. Pero el anuncio en Idealista de la inmobiliaria Troya ha utilizado durante varios días como reclamo la delicada salud de la pareja de actuales propietarios para atraer a los compradores. A media mañana de este martes, han retirado el anuncio, casi 20 horas después de un tuit viral que lo denunciaba.

“La situación actual de los usufructuarios –un hombre de 56 años y una mujer de 59 años, puede influir positivamente tu inversión: ambos tienen condiciones delicadas de salud como escoliosis, diálisis y diabetes que podrían acelerar la disponibilidad futura del inmueble y no tienen descendencia”, rezaba el anuncio, que comparaba el precio con propiedades similares que “oscilan entre los 240.000 y los 270.000 euros” y que, por tanto, hacen de esta “una excelente opción financiera”.

Idealista asegura que ha “actuado inmediatamente” en cuanto ha tenido “constancia del contenido en cuestión”. Como plataforma de alojamiento de contenidos en el marco del Reglamento (UE) 2022/2065 de Servicios Digitales (DSA), advierte que está “eximida de responsabilidad respecto a los contenidos publicados por terceros de los que no tiene conocimiento efectivo”. “La publicación de datos relativos a la salud de personas físicas puede estar sujeta a obligaciones estrictas bajo el RGPD [Reglamento General de Protección de Datos] y la LOPDGDD [Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales], siendo la responsabilidad imputable exclusivamente al usuario que generó el contenido”, asegura la empresa, que dice que “no promueve este tipo de prácticas y seguirá actuando con diligencia ante cualquier contenido que pueda vulnerar sus condiciones de uso”.

La usuaria de X @casiadultamas1 publicó el anuncio en la noche del lunes con mención a la cuenta de Idealista, pero casi 20 horas, 61.000 visualizaciones y 206 republicaciones después, el anuncio seguía activo. Sobre las 11h30 de la mañana, el anunciante retiró la parte referida a la salud de los inquilinos. Preguntada por elDiario.es, la inmobiliaria Troya aseguraba que nadie podía atender esta cuestión porque “los comerciales están ocupados”.

La venta, dice el anuncio, “no admite financiación”. “Descubre una oportunidad única para invertir”, reza el anuncio, que considera que “este piso es ideal para inversores que buscan un proyecto a largo plazo y están dispuestos a esperar por sus beneficios futuros”.

En un contexto en que el precio de venta de la vivienda ha subido un 37% desde 2021, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), tanto en España como en la Comunidad de Madrid, y con los precios del alquiler por encima del Salario Mínimo Interprofesional en las grandes capitales y comiéndose el 40% de los ingresos totales de los inquilinos, la compra de vivienda por multipropietarios se ha disparado. La nuda propiedad (en la que el propietario tiene derecho a vivir hasta su fallecimiento pero vende la vivienda para obtener liquidez) es una de las modalidades en auge de quienes compran sin necesidad de vivienda.

Tan solo en Madrid, existen 137 anuncios de viviendas a la venta en la modalidad de nuda propiedad, así como 922 que se venden con un inquilino que reside en ella.

Los seis principales bancos españoles -Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- ganaron juntos 10.814,7 millones de euros en el primer trimestre, un 27,42% más que un año antes, y lograron un nuevo récord, apoyados en el aumento de ingresos y del negocio, y con el impacto de la venta del Santander de su filial en Polonia.

Salvo el Sabadell, cuyo beneficio cayó un 29,1%, por el descenso del margen de intereses, menores comisiones y por los costes de un nuevo plan de prejubilaciones, el resto de las seis grandes entidades incrementaron su beneficio: el Santander un 60%, que sin la venta de Santander Polska hubiera crecido el 12,6%; BBVA un 10,8%; Caixabank, un 7%; Bankinter, un 7,6%, y Unicaja, un 1,4%.

Restando los 1.895 millones de euros de la plusvalía obtenida por el Santander por la venta de su filial Santander Polska al austríaco Erste Bank, el beneficio conjunto de los seis grandes bancos ascendería a 8.919,7 millones de euros, un 5,1 % más que en el primer trimestre de 2025.

La entidad que preside Ana Botín incrementó su beneficio un 60,3% en el primer trimestre, hasta los 5.455 millones de euros, si bien si se exceptúa el impacto de la venta de Santander Polkska, su beneficio ordinario creció a doble dígito , un 12,5% interanual y se situó en 3.560 millones de euros.

En los próximos trimestres el ingreso no recurrente de la venta de Santander Polkska irá disminuyendo, al tener que hacer frente el banco a los desembolsos por el banco estadounidense Webster y por el británico TSB.

La adquisición de este último al Sabadell tendrá ya impacto en los resultados del segundo trimestre, al haberse cerrado el pasado 1 de mayo la compra de TSB, por el que el Santander abona 2.650 millones de libras, unos 3.050 millones de euros al Sabadell.

El BBVA fue el segundo gran banco español con el beneficio más alto, 2.989 millones de euros, un 10,8% más que en el mismo periodo de 2025, apoyado en los negocios recurrentes y la fuerte actividad bancaria.

La entidad presidida por Carlos Torres comenzará este miércoles el último tramo del programa de la recompra de 3.960 millones de euros que inició en diciembre, tramo en el que se recomprarán a los accionistas títulos por un importe máximo de 1.460 millones.

Positiva actividad comercial

Por su parte, Caixabank obtuvo el tercer resultado más alto, al cerrar el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto de 1.572 millones de euros, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias al crecimiento de la actividad comercial y los ingresos por servicios.

El banco, que en marzo finalizó el séptimo programa de recompra anunciado en octubre de 2025, ha aprobado un octavo programa, también por 500 millones.

Sabadell, que el año pasado por estas fechas tenía anunciada una oferta de compra por parte del BBVA, que fue rechazada por sus accionistas en octubre, ha sido el único banco de los seis grandes que ha visto disminuir su beneficio neto en el primer trimestre de 2026.

La entidad ganó 347 millones de euros hasta marzo, un 29,1% menos que en el mismo periodo de 2025, una caída motivada por el descenso del margen de intereses en un entorno de tipos más bajos, menores comisiones y por los costes no recurrentes de un nuevo plan de prejubilaciones.

En el segundo trimestre, el Sabadell recogerá en sus cuentas el impacto de la venta del TSB al Santander, por la que percibe, entre el precio abonado por el Santander y el valor generado por TSB hasta el cierre de la operación 2.863 millones de libras (unos 3.300 millones de euros).

El Sabadell se anotará una plusvalía de unos 300 millones de euros con la venta y repartirá a sus accionistas un dividendo extraordinario de 50 céntimos el próximo 29 de mayo.

Por su parte, Bankinter elevó su beneficio un 7,6% respeto al primer trimestre de 2025, al ganar 290,7 millones de euros, gracias al avance del negocio con clientes y al crecimiento en todos sus márgenes.

El beneficio neto obtenido por Unicaja hasta marzo fue de 161 millones, un 1,4% más que en el mismo periodo de 2025, gracias a la evolución de los ingresos recurrentes, la mejora del margen de intereses, el crecimiento de las comisiones netas y menores dotaciones a provisiones de crédito, que descendieron un 20% interanual

Nuevo máximo histórico de empleo en España, a pesar del contexto de gran incertidumbre internacional. El mercado laboral superó en abril por primera vez los 22 millones de personas trabajando de media afiliadas a la Seguridad Social, tras sumar 223.700 empleos. El mes dejó otra gran noticia: el paro registrado descendió de la barrera de los 2,4 millones de desempleados por primera vez en 18 años, desde 2008, tras reducirse en 62.700 personas el pasado mes, empujado por la Semana Santa, fecha clave para el turismo y la hostelería.

Tras estos movimientos, el mercado laboral se situó en un total de 22,1 millones de trabajadores de media en abril y el número de personas desempleadas apuntadas a las oficinas públicas de empleo bajó a 2.357.044. Se trata del nivel más bajo desde junio de 2008, en el inicio de la crisis financiera.

Abril suele registrar buenos datos de empleo, con incrementos del empleo y descenso del paro significativos, y más aún si se ve favorecido por la celebración de la Semana Santa, que supone un tirón muy importante para la hostelería y el sector turístico. Este año no ha sido una excepción, con 115.284 empleos en la hostelería (+6%), el sector que más ha tirado del empleo, seguido en términos relativos por las actividades inmobiliarias (+6.000, +2,5%). En general, se creó empleo en todos los sectores, aunque en menor magnitud, salvo en la educación y el empleo del hogar.

En términos desestacionalizados, que aíslan el mercado laboral de vaivenes propios del calendario y la estacionalidad, el empleo sumó 41.700 afiliados en abril, la mitad que en marzo, histórico en creación de empleo, y en la misma línea que el dato de febrero.

En este mes de abril comenzó el proceso de regularización de inmigrantes en situación irregular aprobado por el Gobierno, que se prevé que aumente notablemente los datos de afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, todavía parece pronto para que se note algún efecto en el empleo, ya que acaba de comenzar y solo en los últimos días algunas entidades han afirmado que han comenzado a recibir las confirmaciones del inicio del proceso, documento que permite ya trabajar a sus beneficiarios.

A pesar de la guerra en Oriente Medio

Hay que destacar que España registra estas buenas cifras a pesar del contexto de guerra en Oriente Medio, que ha incrementado los precios de la energía y que supone un riesgo muy importante para las economías de todo el mundo. De momento, la de España parece resistir el primer golpe de la guerra, aunque los especialistas advierten de que cada día que pasa aumentan la probabilidad de consecuencias negativas a nivel global.

El empleo, por el momento, parece no verse afectado por esta crisis internacional, ya que mantiene un fuerte alza del empleo –de más de medio millón de trabajadores en el último año (+2,4%)–, cifras similares a otros meses de abril, y no se ha producido un incremento de los ERTE, según los datos publicados por la Seguridad Social este martes.

Así lo ha afirmado esta mañana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista en Espejo Público, en la que ha mandado un mensaje de “tranquilidad” a la ciudadanía y ha sostenido que aún no se ven efectos del conflicto en el mercado laboral. En cualquier caso, Díaz ha asegurado que el Gobierno tomará las medidas que sean necesarias para paliar posibles consecuencias negativas.

La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que, “además, los registros diarios también han superado los 22,2 millones durante este mes, cotas inimaginables hace poco tiempo” y ha celebrado las cifras “históricas” que han superado récords en afiliación femenina, con casi 10,5 millones de ocupadas; de trabajadores extranjeros, con más de 3,2 millones, y la afiliación de autónomos, con más de 3,4 millones.

A nivel territorial, todas las Comunidades Autónomas crearon empleo en abril, con el caso extraordinario de Baleares, con un 12% más de personas afiliadas (65.000), seguida a mucha distancia por Extremadura (+1,4%). En términos anuales, el empleo también aumenta en todas las provincias, especialmente en Toledo (+3,8%), Valencia (+3,7%) y Málaga (+3,6%).

Menos de 2,4 millones de parados registrados

Del lado del paro registrado en las oficinas públicas de empleo, se redujo al finalizar abril en 62.700 personas (-2,6%) en relación con el mes anterior, un registro similar al de los últimos años, como se refleja en el siguiente gráfico.

El paro registrado disminuyó en todos los sectores económicos con respecto a marzo: en Servicios en 46.156 personas (-2,6%), en Industria en 3.680 personas (-2%), en Construcción en 3.603 personas (-2,2%) y en Agricultura 2.272 (-3%). También se redujo entre el Colectivo Sin Empleo Anterior disminuye en 6.957 (-3%).

El en último año, el paro registrado ha descendido en 155.674 personas (-6%). Por sexos, el paro masculino desciende algo más que el femenino: ha descendido en 64.631 hombres (-6,5%) y en 91.206 mujeres (-6%).

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado las cifras “extraordinarias” de empleo, así como el descenso de la “barrera psicológica” de los 2,4 millones de personas desempleadas, en el que ha destacado el número de personas jóvenes en paro de 169.700, “el menor de la serie histórica”, subraya su Ministerio.

Díaz ha remarcado no solo la creación de empleo, sino también “su mayor calidad” debido a la reforma laboral, tras la que casi uno de cada dos contratos son indefinidos. En el mes de abril, el número total de contratos registrados fue de algo más de 1,25 millones, de los que el 43% fueron de carácter indefinido.

Tras la reforma laboral, la tasa de temporalidad –asalariados temporales respecto al total– logró por fin descender en nuestro país y ha caído a mínimos históricos. En abril, se situó en el 11,6%.

Desde abril de 2021, antes de la nueva regulación, hay 4,8 millones de personas afiliadas más trabajando con contrato indefinido y 1,8 millones de afiliados menos con contrato temporal, destaca la Seguridad Social.

Banco Sabadell cerró el primer trimestre del año con un beneficio de 347 millones de euros, un 29,1% menos que en el mismo periodo del año anterior, por “el comportamiento ya anticipado del margen de intereses en el primer trimestre, menores comisiones, y por costes no recurrentes del nuevo plan de prejubilaciones”.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, la entidad ha subrayado que mantiene sus objetivos de rentabilidad y remuneración a los accionistas para este año y el próximo.

El banco ha señalado que el plan de prejubilaciones tuvo un impacto de 55 millones de euros, pero que generará un ahorro de 40 millones anuales a partir de 2027, y que también se vio afectado por la cobertura de la libra vinculada a la venta de TSB, que ascendió a 14 millones brutos. El consejero delegado, César González-Bueno, ha señalado que el perfil de riesgo del banco es “bueno”, y que es capaz de generar capital de forma orgánica mientras crece en volúmenes.

“Nuestra capacidad de ejecución y entrega se mantiene intacta. Por ello, mantenemos nuestras previsiones de rentabilidad para este ejercicio y para el final del plan estratégico, y el compromiso de remuneración a los accionistas”, ha asegurado.

El director financiero, Sergio Palavecino, ha explicado que la entidad tiene “un balance sólido, y un crecimiento robusto y sano”, lo que permite mantener el objetivo de alcanzar una rentabilidad del 16% en 2027.

En este sentido, el ROTE del grupo se situó en el 14,1% en términos recurrentes, desconsolidando TSB y sin impactos extraordinarios, y la solvencia CET1 fully-loaded se elevó al 13,2% a cierre de marzo.

La actividad comercial mantuvo “su tendencia positiva”, con crecimientos en todos los segmentos en España y una positiva evolución de los negocios en el exterior, con lo que el crédito vivo sin contar TSB era de 121.587 millones a cierre de marzo (+5,6%).

En España, el crédito vivo en hipotecas aumentó un 4,1%, hasta los 39.800 millones, mientras que el crédito al consumo subió un 14,8%, hasta 5.500 millones, y los préstamos y créditos a empresas, un 2,1%, hasta 44.800 millones.

Los recursos de clientes eran de 184.768 millones --sin tener en cuenta TSB--, un 5,9% interanual más, de los que los recursos de clientes en balance eran 132.239 millones (+4,3%) y los recursos fuera de balance, 52.539 millones (+10,4%).

Negocio bancario y evolución de la morosidad

Banco Sabadell cerró el periodo con unos ingresos del negocio bancario de 1.187 millones, un 3,1% menos --sin contar TSB--, y el margen de intereses se situó en 872 millones, un 3,5% menos, “en línea con lo anticipado, debido al contexto de tipos de interés más reducidos”.

La entidad prevé que, a partir de este trimestre, “el margen de intereses mejore su tendencia de manera gradual”, hasta terminar el año con un crecimiento superior al 1%, impulsado por un entorno de tipos de interés más elevados y volátiles, un crecimiento de los volúmenes de negocio y un mayor diferencial de la clientela.

Las comisiones netas fueron de 315 millones, un 2,2% menos por la menor contribución de las comisiones de servicio.

Por su parte, los costes totales se elevaron a 624 millones, con un incremento del 3,4% de los costes recurrentes, aunque suman el impacto de las prejubilaciones, que está previsto que alcance los 90 millones a cierre del año.

Con todo, la ratio de eficiencia exTSB fue del 52,2% a cierre de marzo, mientras que las provisiones crecieron un 4,6% interanual y el coste de riesgo de crédito se situó en 27 puntos básicos y el coste de riesgo total, en 38 puntos básicos.

La ratio de morosidad sin contar TSB se situó en el 2,55% a cierre de marzo --0,10 puntos porcentuales menos que un año antes-- y la ratio de cobertura stage 3 con el total de provisiones se incrementó hasta el 71%.

El banco ha señalado que la evolución de la tasa de mora se debe a la caída de los activos problemáticos, que muestran una reducción de 106 millones de euros en el trimestre, siendo la reducción del saldo de stage 3 de 80 millones de euros y el de los activos inmobiliarios problemáticos de 26 millones de euros.

Por otro lado, el banco ha recordado que el próximo 29 de mayo abonará un dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción por la venta de TSB, y que el precio final de la operación ha sido de 2.860 millones.

En las últimas semanas, hemos vuelto a escuchar con frecuencia, especialmente por parte de portavoces conservadores, la propuesta de deflactación del IRPF: una modificación fiscal que permitiría corregir el sobrecoste fiscal añadido por la llamada 'progresividad en frío'. Pero, en el fondo, abordar la pérdida de poder adquisitivo desde ese planteamiento es atacar las consecuencias y no las causas del problema.

La pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas se produce como consecuencia del mayor crecimiento de los precios de los bienes de consumo respecto al crecimiento de los salarios: aunque suban los salarios nominales —lo que vemos en nuestra nómina—, si con ellos podemos comprar menos cosas, eso significa que ha empeorado nuestra capacidad adquisitiva; es decir, el salario real se ha reducido. Como se puede ver en el siguiente gráfico, los salarios reales en España apenas han avanzado desde principios de siglo: tras un periodo de mejora hasta 2008 y caídas marcadas a partir de 2021, hoy se sitúan en niveles muy similares a los de hace dos décadas. La inflación se ha terminado comiendo casi todas las ganancias nominales acumuladas.

Una consecuencia no deseada de este proceso es que pagamos más impuestos porque declaramos ingresos mayores, e incluso podemos ubicarnos en tramos del IRPF más altos sin que en ningún caso realmente nos hayamos convertido en personas más ricas. Como se sabe, el sistema fiscal está diseñado por tramos de ingresos, a modo de escalones. Como el sistema es progresivo, eso significa que cuando pasamos de escalón —porque cobramos más— también pagamos un tipo marginal mayor sobre los nuevos ingresos, lo que arrastra al alza nuestro tipo efectivo medio. El problema es que se puede subir de escalón porque la nómina indica mayor cantidad ingresada en concepto de salarios nominales, pero en realidad no existe su correspondiente mayor poder adquisitivo. En suma: pagamos más impuestos como si fuéramos más ricos, pero sin serlo.

Como consecuencia, es posible hablar de que este proceso supone una subida indirecta de impuestos: el contribuyente paga más IRPF aunque no sea más rico, y el Estado ingresa más por la misma cantidad de renta real. De ahí que emerja de vez en cuando la propuesta de que hay que ‘deflactar’ el IRPF, es decir, ajustarlo de modo que se pague impuestos de acuerdo con los salarios reales y no con los salarios nominales. Esto implicaría que los contribuyentes pagarían menos impuestos respecto a la situación actual y el Estado dejaría de percibir esas cantidades de recursos adicionales: sería, de facto, una bajada de impuestos. Además, tal y como suele plantearse —deflactación lineal de toda la tarifa— el ahorro absoluto crece con la renta y no llega a quienes no tributan.

Siendo todo lo anterior cierto, el problema real tiene que ver con que la deflactación del IRPF es una medida dirigida a atacar las consecuencias de la inflación, y no sus causas. Y aquí es evidente que la ideología influye a la hora de determinar dónde hay que poner el foco, si en lo que provoca la inflación o en las consecuencias de la misma. Mientras la propuesta de deflactación del IRPF construye una narrativa según la cual es el Estado el problema de la pérdida de poder adquisitivo —porque te da un mordisco fiscal extra como consecuencia de la inflación—, el problema de fondo de la inflación, como analizamos la semana pasada, nos empuja a hablar de los beneficios empresariales, del poder de mercado de determinadas grandes empresas y de la dificultad de la clase trabajadora para indexar salarios, es decir, para que estos acompañen el ritmo de subida de los precios. Sobra decir que esto es lo que explica que las derechas estén más interesadas en hablar de deflactación del IRPF, y las izquierdas de las causas originales de la inflación.

Pero no se trata únicamente de ideología. Hay aquí una secuencia lógica difícil de discutir: en un escenario de inflación cero —o en otro en el que los salarios nominales suban por encima de los precios— la propuesta de deflactar el IRPF sencillamente no sería necesaria. La deflactación es, por definición, una respuesta defensiva ante un problema previo; nunca una solución a ese problema. Por eso atacar la causa primera —los precios, no los tramos— es lo único que vuelve innecesarias todas las medidas correctoras posteriores. La deflactación, en el mejor de los casos, alivia; pero también resigna: asume que la inflación seguirá comiéndose nuestros salarios y se limita a impedir que, encima, paguemos más impuestos por ello.

Como ya argumenté en el análisis anterior, la causa principal de la inflación de los últimos años viene explicada por la subida de los beneficios empresariales: los distintos modelos utilizados para evaluar este fenómeno apuntan a ello, razón por la cual incluso el FMI [Fondo Monetario Internacional], el BCE [Banco Central Europeo] y la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] —todos tradicionalmente reacios a este tipo de conclusiones— han acabado reconociendo el papel crítico de las grandes empresas en la elevación de la inflación; y todos concuerdan en que los salarios no tienen ninguna responsabilidad, más allá de que los trabajadores intenten luego vanamente recuperar terreno. Frenar ese proceso es posible, pero requiere centrarse en aquellas empresas con gran poder de mercado y que aprovechan ciertos shocks de oferta —como el cierre del estrecho de Ormuz— para elevar los márgenes de beneficios. Esto sucede sobre todo en sectores como la energía, pero también en los que cadena abajo tienen protagonismo grandes empresas que operan como oligopolios de facto. Una fuerte imposición fiscal a sus ganancias permitiría no tanto recaudar —un objetivo aquí secundario— como reducir el incentivo a aprovechar la situación: si gran parte del margen extraordinario acaba siendo expropiado vía impuestos, la rentabilidad esperada de subir precios disminuye, y con ello la presión inflacionaria. En ciertas condiciones, incluso la fijación de precios permitiría contener la inflación, como sucedió con el tope al gas para la generación eléctrica (la llamada excepción ibérica) durante la guerra en Ucrania.

Hay en todo esto una excepción significativa: los perceptores del salario mínimo. A diferencia de los salarios medios, el salario mínimo ha disfrutado de grandes subidas tanto nominales como reales en los últimos años, especialmente desde 2019, primera subida importante pactada con apoyos parlamentarios y luego con socios de coalición. El siguiente gráfico lo ilustra con claridad: los perceptores del salario mínimo sí han tenido mejoras considerables de poder adquisitivo.

Ya tuve oportunidad de hablar de este fenómeno en otro análisis, titulado “Los límites de las subidas del salario mínimo”. En realidad, esta asimetría entre el salario mínimo y el salario medio tiene que ver con la dificultad que encuentra el Gobierno en incidir en los problemas que enfrentan los trabajadores a la hora de negociar con las grandes empresas. Tras décadas de políticas neoliberales, los trabajadores están más expuestos a los caprichos de sus empleadores, tienen menos instrumentos para negociar colectivamente —como consecuencia de las reformas laborales, sobre todo la de 2012— y lo hacen en estructuras empresariales más flexibles y con menos trabajadores —nada que ver con las viejas industrias de los años 80—. Eso es lo que explica que cuando sube la inflación, los trabajadores apenas tienen capacidad para recuperar el terreno perdido. Y el Gobierno, incapaz de entrar en ese terreno, ha recurrido en la última década a la política del salario mínimo para compensar. Y aunque ha tenido efectos muy beneficiosos, tanto para sus perceptores como para la economía en general, se trata de una política limitada, tanto en el alcance —no a todos los trabajadores— como en el tiempo. Resulta insostenible porque comprime la estructura salarial en torno al SMI: trabajadores con antigüedad o cualificación terminan cobrando lo mismo que quienes acaban de incorporarse, lo que aplana las trayectorias internas y traslada tensiones a la negociación colectiva.

En definitiva, la deflactación del IRPF puede actuar como un parche de alivio temporal, pero confunde el síntoma con la enfermedad. Si los salarios reales se mantienen planos década tras década, si la negociación colectiva ha quedado debilitada y si el SMI ha alcanzado el techo de lo que puede aportar como herramienta compensatoria, el debate fiscal en torno al IRPF resulta una distracción frente a lo que de verdad está en juego: la capacidad de la mayoría social para que sus salarios acompañen a los precios, y la capacidad del Estado para intervenir aguas arriba —en los márgenes empresariales, en el poder de mercado de los oligopolios, en la arquitectura de la negociación colectiva— y no solo aguas abajo, en la nómina del contribuyente.

El Pentágono ha dado un paso clave para neutralizar que el intento de Anthropic para establecer límites éticos al uso militar de inteligencia artificial se extienda. El organismo ha llegado a un acuerdo con la plana mayor de la industria de la IA, incluyendo a SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Microsoft, Amazon y Oracle, para implementar esta tecnología en “cualquier uso operacional amparado por la ley”. En el caso de EEUU, este concepto incluye extremos como la vigilancia masiva, habilitada a través de leyes posteriores al 11S como la Patriot Act o la Ley de Vigilancia Extranjera.

También ahonda en el vacío legal en el que se mueven las armas autónomas. Washington no ha ratificado la iniciativa internacional para el Uso Responsable de la Inteligencia Artificial en el Ámbito Militar (REAIM, por sus siglas en inglés), que intenta asegurar que sea obligatorio que siempre haya “una persona en el bucle” y prohibir los sistemas que puedan atacar sin supervisión humana. Decenas de países, incluida España, han firmado este compromiso, pero no EEUU, Rusia o China.

“Vigilancia masiva interna” y “armas totalmente autónomas” fueron precisamente los dos casos que puso encima de la mesa la startup de IA Anthropic para negarse a aceptar la cláusula de “cualquier uso operacional amparado por la ley” que intentó imponer el Pentágono al comienzo de la guerra de Irán. “En un número limitado de casos, creemos que la IA puede socavar, en lugar de defender, los valores democráticos. Algunos usos también están simplemente fuera del alcance de lo que la tecnología actual puede hacer de forma segura y fiable”, justificó Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de la empresa.

El resultado fue que la compañía fue apartada y declarada “un riesgo para la cadena de suministro”, lo que implica que ni ella ni ninguna otra empresa que tenga relación con ella puede ser contratada por la administración. Posteriormente, una jueza federal suspendió cautelarmente la decisión y Anthropic está negociando su reintegración en los sistemas del Departamento de Guerra.

Por el momento, se desconoce si la startup aceptará derribar esos dos límites de seguridad que impuso en febrero.

Las operaciones con IA serán material clasificado

La decisión de Anthropic de no levantar los dos guardarraíles de seguridad que había establecido para su IA provocaron una reacción furibunda de Donald Trump. Aunque el presidente estadounidense ha hecho declaraciones alabando a la empresa, lo sucedido espoleó un debate en Silicon Valley sobre los límites éticos de la IA militar. “Quieren dictar cómo nuestro gran ejército lucha y gana guerras”, expresó Trump.

A la posición de Anthropic se habían sumado activistas y trabajadores de la meca tecnológica estadounidense. El posicionamiento más claro fue el de un grupo de 560 empleados de Google, entre los que había una veintena de vicepresidentes y directores generales, que pedían a la alta dirección que no se plegara a las condiciones que la Casa Blanca exigía para la IA.

El anuncio del acuerdo del Pentágono con los gigantes de la IA sobre el precepto de “cualquier uso operacional amparado por la ley” es la respuesta de las élites de Silicon Valley, Trump y el Departamento de Guerra para neutralizar el debate. “El Departamento de Guerra y sus socios estratégicos comparten la convicción de que el liderazgo estadounidense en IA es indispensable para la seguridad nacional. Este liderazgo depende de un ecosistema nacional sólido de desarrolladores de modelos capacitados que permitan el uso pleno y eficaz de sus capacidades en apoyo de las misiones del Departamento”, asevera el comunicado.

Uno de los puntos que criticaban los empleados de Google es el hecho de que las operaciones con inteligencia artificial pasarán a ser material clasificado. “Queremos que la IA beneficie a la humanidad, y no que se utilice de forma inhumana o extremadamente dañina”, pedía la carta, enviada al CEO de la empresa, Sundar Pichai. “Esto incluye armas autónomas letales y vigilancia masiva, pero va más allá”, señalaban, recogiendo las premisas de Anthropic: “La única forma de garantizar que Google no se asocie con tales perjuicios es rechazar cualquier carga de trabajo clasificada. De lo contrario, tales usos podrían ocurrir sin nuestro conocimiento ni la capacidad de impedirlos”.

En un memorando interno a los empleados tras la firma del acuerdo, Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de Alphabet, ha afirmado que “mantener el diálogo con los gobiernos, incluso en materia de seguridad nacional, ayudará a que las democracias se beneficien de tecnologías responsables”. “Hemos trabajado con orgullo con los departamentos de defensa desde los primeros días de Google y seguimos creyendo que es importante apoyar la seguridad nacional de una manera reflexiva y responsable”, prosigue la comunicación, distribuida por medios como Financial Times.

Entre el resto de empresas, solo OpenAI ha dado algunos detalles sobre los límites de su acuerdo con los militares. Los de Sam Altman aseguran que han fijado tres “líneas rojas”: vigilancia masiva doméstica, armas autónomas y decisiones automatizadas de alto riesgo. El comunicado del Pentágono no hace referencia a esas restricciones.

Combate, inteligencia y operaciones internas

El comunicado del Pentágono detalla que introducirá los sistemas de IA de estas empresas en entornos “IL6 e IL7”, que se corresponden con redes militares con información clasificada de nivel “Secret” y superior. Además, explica que se centrará en “tres pilares fundamentales: operaciones de combate, inteligencia y operaciones internas”.

En este último grupo es donde se incluyen la logística, la gestión del personal militar y civil del Departamento de Guerra o sus permisos. Por otro lado, los dos primeros puntos suponen la integración definitiva de la inteligencia artificial en el núcleo de las actividades militares de EEUU. Agilizará la síntesis de datos, mejorará la comprensión de la situación y potenciará la toma de decisiones de los combatientes en entornos operativos complejos“, desglosa.

Es decir, la IA decidirá o recomendará a quién atacar, cuándo y cómo, procesando en tiempo real información de inteligencia clasificada. “El acceso a un conjunto diverso de capacidades de IA provenientes de la sólida infraestructura tecnológica estadounidense proporcionará a los combatientes las herramientas necesarias para actuar con confianza y proteger a la nación ante cualquier amenaza”, concluye el Pentágono.

La mitad de las ayudas desplegadas en Europa para hacer frente a la guerra en Oriente Medio tienen sello español. El plan de 5.000 millones de euros diseñado por La Moncloa –fundamentalmente, con rebajas fiscales en impuestos como el IVA– no solo ha sido de los primeros en ponerse en marcha, sino que es el más generoso hasta ahora, tanto en términos brutos, como en relación con el tamaño de la economía española.

El Gobierno ha hecho gala de la velocidad de su respuesta, como ya hicieron con la réplica a los aranceles de Donald Trump, aprobada solo un día después de que el presidente estadounidense los anunciara solemnemente con una cartulina en los jardines de la Casa Blanca. Desde el estallido de la guerra, el 28 de febrero, hasta la aprobación de los dos Reales decretos-ley el 20 de marzo apenas pasaron tres semanas. Entre medias, el Gobierno se reunió con agentes sociales, grupos parlamentarios y sectores más afectados, alumbrando un paquete de ayudas articulado a través de rebajas en el IVA y otros impuestos a la energía que recibió la luz verde del Congreso.

El seguimiento que hace el ‘think-tank’ europeo Bruegel recoge, hasta ahora, 10.460 millones en medidas fiscales aprobadas por 12 países del entorno comunitario. Y solo las españolas ya suponen uno de cada dos euros en ayudas, triplicando a las de Alemania, que ha dado luz verde a una rebaja de los impuestos energéticos por valor de 1.600 millones. Mucho más lejos se encuentran, en este orden, los paquetes de Países Bajos (960 millones), Irlanda (760 millones) o Italia (520 millones), de cuantías y alcances inferiores.

La magnitud del esfuerzo español se ve mejor en términos relativos al producto interior bruto (PIB) de cada uno de los países, ya que permite una comparación mejor de lo que supone para sus cuentas públicas las medidas aprobadas. Así, España también lidera con un gasto del 0,3% del PIB, por encima del 0,2% de Bulgaria (225 millones) o infinitamente superior al 0,002% que ha aprobado Francia (70 millones), cuyas finanzas públicas distan de tener margen para grandes descuentos.

Rebajas generalizadas (y regresivas)

A pesar de la petición expresa de la Comisión Europea de apostar por ayudas dirigidas a los colectivos más vulnerables, la mayoría de países han hecho caso omiso de esa exigencia de Bruselas. El 80% del total de las medidas aprobadas (8.340 millones) se ha traducido en rebajas de impuestos indirectos, frente a 2.120 millones articulados a través de transferencias a los hogares o medidas a los sectores más afectados por la subida de costes, fundamentalmente el campo o el transporte. 

Estas rebajas, canalizadas a través de impuestos como el IVA, han sido criticadas por los expertos no solo por su abultado coste fiscal, sino también por ser regresivas y beneficiar más a las rentas más elevadas, que son las que tienen mayor capacidad de gasto.

Y, aunque el objetivo sigue siendo la descarbonización de la economía, la energía fósil concentra el grueso de las ayudas: 4.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias del corte del Estrecho de Ormuz, que ha afectado directamente a los precios del petróleo y el gas, ya que por allí circula un 20% de la oferta de estas materias primas. 

El Gobierno lleva semanas defendiendo no solo la prontitud de su respuesta al conflicto en Oriente Medio, sino también la efectividad de unas medidas que han amortiguado el primer impacto de la subida de los precios en las gasolineras.

“Todas estas medidas están facilitando una menor traslación del shock a precios finales, sea vía rebaja del precio final (reducción de impuestos) o mediante bonificación de costes (ayudas a empresas)”, defendió el Ejecutivo en el Informe de Progreso Anual –el nuevo documento clave de las reglas fiscales– remitido la semana pasada a la Comisión Europea.

El efecto más claro se ha visto en la inflación adelantada de abril, que se moderó dos décimas, hasta el 3,2%, gracias a las bajadas en los precios de la electricidad, que más que compensaron la subida sostenida en el precio del petróleo. 

El Gobierno se ha cuidado mucho de confirmar si extenderá o no las rebajas fiscales, que expirarán el próximo 30 de junio. Al igual que con el impacto en la economía, el Ejecutivo insiste en aguardar a “aterrizar” los efectos de estas medidas sobre los precios. El espacio presupuestario con el que cuenta es limitado, haya o no Presupuestos, y La Moncloa ya ha trasladado a la Comisión que moderará el aumento del gasto público este ejercicio. 

De hecho, las propias medidas podrían morir de éxito. El Gobierno incorporó una disposición por la que tanto el IVA de la electricidad como el de los combustibles volvería a su tipo habitual (21%) en junio si sus precios subían menos del 15% en abril, en relación con el mismo mes del año pasado. Algo que podría cumplirse en el caso de la electricidad. Los datos definitivos se conocerán la próxima semana.

Mientras, el Gobierno defiende que es necesario avanzar en el despliegue de las energías renovables y apuesta por activar una 'cláusula de escape' similar a la que se ha puesto en marcha para las partidas militares. “Pero para ello, para ser capaces de avanzar en soberanía energética, necesitamos inversión y esta inversión tiene que priorizarse igual que estamos priorizando, por ejemplo, la inversión en defensa”, defendió este lunes el vicepresidente Carlos Cuerpo en Bruselas.

Los ministros de finanzas de los 27 países de la UE han vuelto este lunes a poner sobre la mesa las medidas comerciales que sirvieron para frenar la obsesión anexionista de Donald Trump sobre Groenlandia como respuesta a la amenaza del presidente de EEUU sobre aplicar aranceles del 25% al automóvil europeo.

Antes de entrar en la reunión de los ministros europeos de finanzas, el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, resaltó que “lo que esperamos por parte de EEUU es que se cumpla el acuerdo al que llegamos en agosto. Si hay cualquier incumplimiento de este acuerdo no reservaríamos la capacidad de responder con los instrumentos y las herramientas que tenemos a nuestra disposición”.

En el mismo sentido, Lars Klingbeil, ministerio alemán de Finanzas, apuntó que “el camino europeo está claro: no queremos otra escalda con Estados Unidos. Pero por supuesto que estamos preparados para defender los intereses del lado europeo. Ya vimos en Groenlandia que es bueno estar preparados y decididos. La señal es que los aranceles hacen daño a las dos partes y por eso queremos una solución consensuada”.

Durante la crisis de Groenlandia la UE puso sobre la mesa dos medidas para frenar la ansias expansionistas de Trump: aranceles adicionales por 93.000 millones de euros sobre productos estadounidenses, hasta ahora suspendidos, tras el acuerdo comercial entre ambos bloques que se firmó en julio de 2025, y el instrumento anticoerción, una herramienta que permite castigos comerciales muy duros contra un país.

Entonces, el aviso de represalias por parte de la UE tuvo éxito y no hubo que accionar ninguna de la herramientas, especialmente el instrumento anticoerción, que es una opción muy contundente, ya que permite medidas que van desde la restricción de la exportación e importación de bienes y servicios a prohibir la participación en licitaciones públicas, limitar la inversión extranjera directa o cerrar el acceso al mercado de la UE. En la institución europea se asumió que el instrumento anticoerción se sacaba al tablero para que sirva “no tanto como una represalia, sino como una disuasión”.

Reunión en París

A pesar de que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se va a reunir con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, este martes en París, aprovechando un encuentro del G7, Greer dijo Trump cumplirá con su amenaza de imponer en los próximos días un arancel del 25% a los autos y camiones fabricados en la Unión Europea.

Greer asegura que los países de la UE “acordaron modificar varias de sus regulaciones o conceder ciertas flexibilidades a EEUU, pero no han hecho nada de eso”. Además, el responsable del Ejecutivo de Trump señaló que el Parlamento Europeo “ha sido muy lento” y que ha añadido “una serie de enmiendas que limitarían las exportaciones estadounidenses y restringirían el alcance del acuerdo”.

Sin embargo, Greer no parece tener en cuenta que el Tribunal Supremo de EEUU tumbó en febrero los aranceles propuestos por Trump, con lo que la nueva decisión del presidente de EEUU no tendría un fácil encaje legal.

Aunque la Administración Trump trata de justificar la amenaza de nuevos aranceles por el retraso en la implementación del acuerdo comercial, la realidad es que también coincide con las represalias del presidente de EEUU contra Alemania, con la retirada de tropas, una vez que el canciller Friedrich Merz comentara que Irán “estaba humillando” a los Estados Unidos.

Roland Lescure, ministro francés de Finanzas, resaltó que “hay que mirar más allá del ruido” generado en redes sociales. “Tenemos un acuerdo, que está en proceso de negociación. También está siendo examinado democráticamente por el Parlamento Europeo. Estamos dispuestos a atenernos a este acuerdo de buena fe y esperamos que todos los demás estén en la misma disposición”, apuntó.

No es la primera vez que Trump ataca al sector automovilístico europeo. En marzo de 2025, el presidente de EEUU propuso aranceles del 25% “para todos los coches no fabricados en Estados Unidos”, como parte de una política desquiciante de anuncios continuos de aranceles, que posteriormente no llegó a cumplir. En julio de ese mismo año, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y Trump sellaron un acuerdo comercial, que en algunas capitales europeas se asumió como humillante, pero que parecía aportar cierta certidumbre a las relaciones comerciales que el presidente de Estados Unidos se encarga de torpedear continuamente. 

El Ibex 35 ha cerrado este lunes con una caída del 2,39%, hasta los 17.356,10 puntos, tras darse la vuelta sobre las 12.00 horas en una sesión influida por los precios del petróleo que, pese a moderarse en la apertura, han vuelto a repuntar y ya superan los 114 dólares por barril.

Así, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, repuntaba al cierre de las Bolsas europeas un 5,88%, hasta 114 dólares, mientras que el barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, aumentaba un 3,49%, hasta 105 dólares, informa Europa Press.

Por su parte, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, ascendía más de un 6,84%, hasta los 48,95 euros por megavatio hora.

El Ejército de Estados Unidos aseguró este lunes haber apoyado el tránsito de dos buques mercantes a través del estrecho de Ormuz, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una iniciativa “humanitaria” llamada 'Proyecto Libertad' para facilitar la salida de los barcos atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre de esta estratégica vía. Irán, sin embargo, asegura que ningún buque comercial ha cruzado el estrecho.

En cuanto a las conversaciones con Irán, Trump ha destacado que EEUU está manteniendo contactos “muy positivos” con la República Islámica. “Creo que queda mucho por delante para demostrar buena voluntad de todos los que llevan tantos meses combatiendo tan intensamente”, ha señalado el inquilino de la Casa Blanca en su mensaje.

Los contactos parecen haberse intensificado tras un primer intento de negociaciones directas con la mediación de Pakistán. Este domingo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha informado de que han recibido la respuesta de EEUU al plan de 14 puntos planteado por Teherán y de que las autoridades están ya estudiándola.

La propuesta iraní prevé “poner fin a la guerra” en un plazo de 30 días en contraste con lo que plantea Washington, que incluye un alto el fuego de dos meses. Teherán pide además garantías de no agresión, retirada de las fuerzas estadounidenses de las inmediaciones de Irán, fin del bloqueo naval o liberación de los activos iraníes congelados.

Asimismo, este fin de semana la Organización de Países Exportadores de Petróleo en su formato ampliado (OPEP+) ha anunciado que incrementará en 188.000 barriles diarios de crudo su oferta para junio, según un acuerdo alcanzado en su primera reunión tras la sorprendente decisión anunciada en la pasada semana por Emiratos Árabes Unidos de retirarse del grupo en plena guerra en Oriente Próximo.

“Si el bloqueo se prolonga más allá del 20 de mayo, Irán se enfrentará a problemas físicos de almacenamiento que podrían dañar permanentemente sus pozos, lo que reduciría la oferta global de crudo de forma estructural. El posible shock de oferta energética es grande y puede ser persistente si el conflicto con Irán se alarga, lo que a su vez aumenta el riesgo de estanflación (inflación más alta y crecimiento más débil)”, señalan los analistas de Renta 4.

Desde España, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha mostrado “preocupación” por las posibles tensiones en el suministro de queroseno en Europa y ha abogado por anticiparse con medidas de coordinación a nivel comunitario para evitar problemas de escasez, especialmente ante el inicio de la temporada turística.

“Lo vemos con preocupación. Creemos que hay que ocuparse de este tema antes de que empiecen a surgir estas señales de escasez”, ha indicado en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión con los ministros de economía y finanzas de la eurozona (Eurogrupo).

En el terreno empresarial español, Merlin Properties ha firmado la venta o está en negociaciones avanzadas para vender hasta 41.000 metros cuadrados de espacios de oficinas en Madrid, que los compradores transformarán para convertirlos en viviendas y contribuir así a paliar la falta de alojamiento en la capital.

Por su parte, Prosegur Cash anunció un beneficio neto de 26 millones de euros durante los primeros tres meses de 2026, lo que supone un incremento del 8,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que grupo Elecnor ha comunicado que obtuvo un beneficio neto consolidado de 27,1 millones en el primer trimestre, un 8,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

En este sentido, solo seis valores cerró en positivo: Indra (+2,32%), Grifols (+1,63%), Acerinox (+0,79%), Solaria (+0,74%), Cellnex (+0,24%), Repsol (+0,09%). En el lado opuesto, la banca encabezó los descensos: BBVA (-4,86%), Banco Santander (-3,86%), Unicaja (-3,77%), ArcelorMittal (-3,31%), IAG (-3,08%) y Merlin Properties (-2,69%).

El resto de los principales parqués europeos finalizó la sesión de este lunes en 'rojo': el británico FTSE 100 perdió un 0,14%, el francés Cac 40 un 1,71%, el alemán Dax un 1,24%, el italiano FTSE MIB un 1,59% y el Euro Stoxx 50 un 2%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con pérdidas: el Dow Jones se dejaba un 0,82% en el cierre de las Bolsas europeas, el S&P 500 perdía un 0,39% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, descendía un 0,33%.

En el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años escalaba hasta el 3,559%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 46,03 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,18% frente al dólar y se intercambiaba a 1,1700 'billetes verdes'.

Respecto a los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro retrocedía un 2,22% hasta situarse en los 4.541 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, subía un 1,23% hasta los 79.587 dólares.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido este lunes de que estamos ante un tren “civilizatorio” que más vale que no dejemos pasar: el gobierno de la inteligencia artificial (IA). Díaz ha advertido de que la IA “ya está aquí”, presente en el mercado de trabajo y en el conjunto de la sociedad, “generando enormes desigualdades”, y ha reclamado la necesidad de “gobernarla democráticamente” y también legislar para que pague impuestos. Entre otros, ha reclamado un impuesto específico “por el impacto ecológico de los centros de datos”.

En unas jornadas en el Congreso de los Diputados, 'Inteligencia Artificial y Futuro del Trabajo', organizadas por Izquierda Unida, la vicepresidenta segunda ha destacado que la IA estos momentos está principalmente en manos de un puñado de “tecnoligarcas” en EEUU, de la mano de Donald Trump, por un carril “totalmente ajeno” al de la democracia y los derechos de la mayoría social. De las 50 empresas que lideran este campo, “solo cuatro” son europeas, ha subrayado Díaz.

La vicepresidenta segunda ha sostenido que “los algoritmos no son neutros” y “son poder”, por lo que ha reclamado legislar en varios ámbitos para que esta tecnología respete los derechos laborales y el resto de garantías democráticas. Entre ellas, la protección de datos, que ha asegurado que es continuamente vulnerada por estas compañías para apropiarse de grandes cantidades de información que alimentan las distintas inteligencias artificiales.

Como ejemplo, Yolanda Díaz ha destacado el papel pionero de España en la regulación de la Ley Rider, que presume la laboralidad de los repartidores de plataformas digitales, para combatir el fraude de los falsos autónomos. Además, incluyó una nueva obligación de transparencia algorítmica de las empresas en lo que afecte a las condiciones laborales.

“Hoy se rinde Uber Eats”, ha sostenido la responsable de Trabajo ante el reconocimiento de la multinacional de una deuda de 110 millones de euros por cotizaciones impagadas por 60.000 falsos autónomos, fruto de la labor de la Inspección de Trabajo.

“Que bajen de la nube y pasen por Hacienda”

Yolanda Díaz ha insistido también en la necesidad de que los tecnoligarcas y las IA “bajen de la nube y pasen por Hacienda”. Por un lado, fruto de su actividad, a través del Impuesto de Sociedades, que la vicepresidenta ha subrayado que no pagan en la práctica.

Por otro lado, ha reclamado nuevas figuras impositivas que graven la IA, por ejemplo a través de una reforma del impuesto de grandes fortunas que alcance a este nueva realidad, y por otro un impuesto específico por el impacto ecológico de los centros de datos, que ha calificado de “elevadísimo”.

En este sentido, Díaz también ha exigido la necesidad de una IA ecológicamente sostenible, para lo que ha propuesto que “hay que poner techo al consumo de los centros de datos”, así como “exigir la refrigeración con aguas recicladas y energías 100% renovables”, y negar la conexión a quienes no garanticen ese suministro ecológico.

IA y robots para “trabajar muchísimo menos”

La ministra de Trabajo ha defendido que hay que “actuar”, frente a los miedos paralizantes sobre los peligros de la Inteligencia Artificial, y poner la tecnología al servicio de la ciudadanía y los derechos de las personas trabajadoras, aumentando su productividad, sustituyendo trabajadores en puestos peligrosos y perjudiciales para la salud, así como para “trabajar muchísimo menos”, entre otras ventajas.

En resumen, ha reclamado tomar varias medidas para garantizar la soberanía democrática, tecnológica y también documental (sobre nuestros datos). “Como no lo hagamos, nos vamos a equivocar”, ha insistido Díaz en lo que suele calificar como un “riesgo civilizatorio” y el camino a una “esclavitud digital, pero esclavitud sin lugar a dudas”.