El pasado 27 de abril Dña. Dolores Vázquez recibió del Ministerio de Igualdad la Medalla a la promoción de los valores de igualdad en el Día de la Visibilidad Lésbica. Ese día, la Sra. Vázquez hizo un discurso que he escuchado íntegramente, en el que dijo, entre muchas otras cosas, que está orgullosa de sí misma y que ha logrado despejar, poquito a poco, solita, todo un sufrimiento. También dijo que cuando salió –de prisión, se entiende– estaba sola en el mundo y que este homenaje es algo que siempre ha deseado, desde el minuto uno. Terminó su discurso –en las grabaciones que he visto– diciendo “quiero más”.

En algunos medios he leído que también afirmó que espera recibir un perdón más amplio, también de la sociedad y de los medios de comunicación, así como una compensación económica, pero que “es el Gobierno el que tiene que decidir” y que cree que “con buena fe todo es posible”.

El caso Wanninkhof fue un caso claro de error judicial en el contexto de uno de los ejemplos más paradigmáticos de juicio paralelo que hayamos conocido. Ciertamente, se generó un ambiente social tal que, según se ha escrito en muchas ocasiones, el juicio oral –por Tribunal del Jurado– habría sido un mero trámite, pues la sentencia ya estaba escrita de antemano por la justicia popular que, se quiera o no, también se imparte en nuestra sociedad. 

La propia Dolores Vázquez, en el discurso de la pasada semana, afirmó que el día en que se emitió el veredicto, una funcionaria de la prisión le dijo, cogiéndole las manos, que no tuviera mucha esperanza porque ya había sido condenada de antemano. 

El caso Wanninkhof lo recordamos muchas personas. Es sencillo de relatar, pero tremendamente duro de asumir. Sin necesidad de más detalles: el 9 de octubre de 1999 desapareció la joven de 19 años Rocío Wanninkhof y el 2 de noviembre siguiente apareció su cadáver; tras muchas conjeturas la Guardia Civil detiene el 7 de septiembre de 2000 como principal sospechosa del crimen a la Sra. Vázquez, que ingresa en prisión preventiva y permane privada de libertad un total de 17 meses. En el juicio se argumentó ampliamente acerca de la relación sentimental que la acusada había tenido en el pasado con la madre de la joven Rocío. El 25 de septiembre de 2001, tras el veredicto del Tribunal de Jurado, se dicta sentencia condenatoria a 15 años y 1 día de prisión por un delito de asesinato, sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula posteriormente por falta de motivación, ordenando celebrar un nuevo juicio, en resolución confirmada por el Tribunal Supremo. Finalmente, se descubrió casualmente, a raíz del asesinato de otra joven, que el asesino era otra persona. La Sra. Vázquez fue exculpada, sin que haya sido indemnizada al parecer por diversos problemas técnicos en relación con su reclamación, y se marchó posteriormente a vivir a Inglaterra. Como dijo en su discurso, en ese momento “estaba sola en el mundo”.

Esto fue lo que ocurrió, a muy grandes rasgos, en el procedimiento judicial. 

Pero pasaron muchas más cosas, desde luego. En primer lugar, se produjo el juicio paralelo mediático más llamativo de los que yo haya conocido nunca -y ya van varios-.

En varios medios de comunicación se montaron auténticos shows, con programas especiales, mesas redondas, con conclusiones sobre la culpabilidad de la Sra. Vázquez. No me referiré a medios y programas concretos ni a sus direcciones -ya saben, no quiero querellas-, pero la realidad es que hubo claros ejemplos de un ejercicio indecente de sensacionalismo y dramatismo, de un lado, y predisposición contra la Sra. Vázquez, de otro. Fuera por razón de su pasada relación sentimental con la madre de la asesinada y/o por otras razones, no acierto a comprenderlo, pero lo cierto es que así fue.

Hay sobre este caso varios trabajos universitarios, tanto desde el punto de vista del ejercicio del periodismo como acerca del Tribunal de Jurado. En dichos análisis se concluye que, entre otros muchos medios, incluso diarios escritos considerados “serios”, de máxima tirada, vulneraron los derechos fundamentales de la Sra. Vázquez a la presunción de inocencia y al honor, la intimidad y la propia imagen, generando juicios paralelos a través de sus informaciones y valiéndose del sensacionalismo informativo para alimentar el interés de la audiencia por el caso, por ejemplo, dando prioridad a las declaraciones del Fiscal y de la acusación en detrimento de las de la defensa y mostrando una clara discriminación por la orientación sexual de la acusada. 

Si solamente se hubiera pretendido -y conseguido, desde luego- vender más periódicos y más programas, incluso habiendo sido extraordinariamente lamentable, habría sido un mal menor. Pero la irresponsabilidad de muchos medios fue tal que, incluso siendo conscientes de su papel -al menos, venían obligados a serlo-, se incumplieron todos los códigos deontológicos y, lo que es realmente un mal mayor, se generó una conciencia social contraria a atender a ningún elemento exculpatorio de la Sra. Vázquez y favorable a demostrar cada día su culpabilidad. Lo que, sin duda, tuvo su resultado, el buscado: su culpabilidad y condena judicial. 

También llegó a afirmarse que, en este caso, contra lo que suele acontecer normalmente, las personas candidatas a formar parte del Tribunal de Jurado no presentaron apenas excusas, pareciendo que todas ellas querían formar parte del Tribunal. A lo que se añade que hay un convencimiento bastante extendido -imposible de acreditar, desde luego- de que, de haber sido juzgado el caso por un Tribunal profesional, la sentencia habría sido distinta y que la Sra. Vázquez fue condenada por un Tribunal del Jurado muy influenciado por las noticias incriminatorias de los medios de comunicación y el “clamor social” resultante. 

En España, como en otros países, existe el Tribunal de Jurado como instancia de decisión, como medio de participación ciudadana en la Administración de Justicia, según el artículo 125 de la Constitución, para algunos tipos de delitos, como el que se comenta. De este Tribunal de Jurado se predica una vocación de verdad con el componente de la “percepción ciudadana”, que se entiende reforzada por el deber cívico asociado al desempeño de una función que exige, asimismo, una gran responsabilidad. A través del Jurado, es la propia sociedad la que decide sobre los hechos juzgados: el juicio popular es, por tanto, democrático y soberano -aunque, constitucionalmente, desde luego, no más que el juicio profesional-.

Sin embargo, el hecho de que sea un grupo de ciudadanos el encargado de decidir sobre los hechos probados del caso hace que, en muchas ocasiones, se dude de la capacidad de los jurados de abstraerse de aquello que han conocido al margen del proceso judicial -de ahí el éxito de éste y otros juicios paralelos-. Buscar la “verdad” en este contexto del juicio con jurado popular tiene, si cabe, más dificultades, aunque ello no significa que el Jurado popular yerre más que un Tribunal profesional. 

De otra parte, no debe olvidarse que el magistrado ponente, esto es, el presidente del Tribunal del Jurado, debió en este caso haber devuelto el veredicto a fin de que el mismo fuera debidamente motivado, lo que no hizo dicho juez profesional, permitiendo un veredicto sin motivación, como más tarde instancias superiores afirmarían. 

¿Cabe utilizar este caso para dudar de la capacidad de enjuiciamiento del Tribunal del Jurado? En mi opinión, no, pese a todas las dudas que gran parte de la ciudadanía alberga al respecto. Un Tribunal del Jurado debidamente instruido por quien lo preside -profesional-, cuyo veredicto sea también debidamente examinado y, en su caso, sometido a corrección, ofrece todas las garantías que podemos legítimamente exigir.

En todo caso, volviendo al comienzo, Dolores Vázquez ha sido objeto de una enorme injusticia judicial, social y política. De las dos primeras ya he hablado algo. Resta la tercera, la política.

Cierto que ha sido homenajeada en los términos antedichos. Pero también lo es que no ha sido indemnizada ni reparada de ninguna otra manera por sus 17 meses de prisión y todo el escarnio al que fue sometida, pese a que han pasado ya demasiados años. Y eso que solicitó una indemnización que le fue denegada en el año 2010 por el Ministerio de Justicia -no entraré en los detalles ni en el acierto o desacierto de esta decisión-, por un Gobierno socialista. La medalla recibida es de justicia, pero no es la única reparación que merece. Sea con ocasión del Día de la Visibilidad Lésbica o no, la injusticia cometida merece reconocimiento pleno y, desde luego, asunción de responsabilidades que, aunque ya sin contenido jurídico, hace tiempo debieron ser expresadas.

GARBIÑE BIURRUN MANCISIDOR.

En julio de 2024 escribí en este mismo espacio una colaboración acerca del empleo público irregular. Lo hice a raíz de una cuestión prejudicial elevada al TJUE sobre esta cuestión por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 30 de mayo de aquel año. En el auto en que se planteó la cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo, el TS preguntó de manera clara y directa, resumidamente dicho, si es contraria a la normativa de la UE la jurisprudencia española que defiende los principios de igualdad, mérito, capacidad y no discriminación en la libre circulación de trabajadores y niega el reconocimiento de la condición de trabajadores fijos del sector público a los trabajadores indefinidos no fijos y si, de ser así, el reconocimiento de una indemnización disuasoria al trabajador indefinido no fijo en el momento de la extinción de su relación laboral, puede considerarse una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales en el sector público.

Había habido antes muchas cuestiones prejudiciales planteadas por Tribunales españoles sobre esta problemática que ha mantenido nuestra atención durante muchos años, dando lugar a sentencias del TJUE en las que ha ido dando respuesta a las mismas. Desde la muy conocida sentencia de 14 de septiembre de 2016, en el caso De Diego Porras, que inició la saga, pasando por la de 22 de febrero de 2024, en la que, en respuesta a tres cuestiones prejudiciales planteadas por la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, ha determinado que la calificación como indefinido no fijo no es una respuesta adecuada para combatir el abuso. Y la sentencia del 13 de junio de 2024 en la que, aunque siguiendo el criterio de la anterior, añade una frase que en mi opinión es determinante, al señalar que ello será posible “siempre que esa conversión no implique una interpretación contra legem del Derecho nacional”.

Todas esas sentencias tuvieron gran impacto y enorme presencia en los medios de comunicación, subrayándose por la mayor parte de ellos que el TJUE obliga a declarar la fijeza de las personas trabajadoras de la Administración Pública en situación de abuso de la contratación temporal. Desde luego, no era así, y de hecho no se ha interpretado hasta ahora de esta manera por la inmensa mayoría de los Tribunales españoles.

La expectación por conocer la decisión del TJUE sobre las preguntas que le planteó el TS era máxima. Y hemos conocido la respuesta en la sentencia de 14 de abril de 2026, Caso Obadal. En dicha sentencia, en esencia y muy brevemente expresado, el TJUE rechaza nuevamente que la calificación de trabajador indefinido no fijo sea adecuada en los casos de abuso de la temporalidad y también rechaza una indemnización tasada y la falta de asunción de responsabilidad de las Administraciones y el modo en que se han diseñado los procesos de estabilización de aquel personal, entendiendo que no son medidas ajustadas a la cláusula 5ª de la Directiva 1999/70 -que es la que se está interpretando-.

Pende también otra cuestión prejudicial planteada por sobre la misma cuestión por el TSJ de Galicia. Conoceremos pronto también su resultado.

Lo que realmente está en el núcleo del debate que aún nos mantiene pendientes es la de la calificación que ha de darse a la contratación laboral pública abusiva. Es decir: si en estos casos la relación laboral ha de ser considerada “indefinida no fija” y, por tanto, susceptible de ser extinguida cuando la vacante se cubra en un proceso reglamentario, con la indemnización que proceda -hasta ahora de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades-, o bien ha de calificarse como “fija”, sin que quepa su válida extinción por tal causa.

Sin duda es un debate que aún preocupa y ocupa no solo a los Tribunales españoles, sino también a todas las Administraciones Públicas y a una buena parte de la ciudadanía.

Ahora hay que esperar a la decisión del TS al resolver los recursos que tiene pendientes sobre esta materia, sin perjuicio de que otros Tribunales resuelvan ya los suyos con arreglo a la doctrina del TJUE en esta última sentencia.

No me gusta predecir el futuro en ningún ámbito y, menos aún en el judicial. Creo, sin embargo, que el TS tiene que decidir varias cuestiones troncales. De un lado, si mantiene o no su doctrina sobre la figura del trabajador indefinido no fijo y la posibilidad de cobertura de la vacante que ocupa con la consiguiente extinción de su relación laboral con el percibo de la indemnización que anteriormente he reseñado. O si, por el contrario, entiende que cabe declarar la fijeza de dicho personal sometido a contratación temporal abusiva, aunque considero poco probable esta posibilidad. También el TS puede decidir que, manteniendo la calificación de la relación laboral como indefinida no fija en tales casos, la indemnización por extinción por cobertura de la vacante sea superior -por ejemplo, de 33 días de salario por año de servicio con un máximo de 24 mensualidades, como para los trabajadores fijos despedidos improcedentemente-. O si en tales supuestos no habría obligación de incluir tales vacantes en una Oferta de Empleo Público. Y, finalmente, habrá de resolver también si estas personas tienen derecho a una indemnización que repare los casos de abuso incluso para quienes no ven extinguidos sus contratos por la cobertura de la vacante. 

Ah, y sobre la validez de los procesos de estabilización de este personal diseñados por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en cuyo Preámbulo se reseña que “la doctrina que ha fijado el TJUE en esta materia dispone que las autoridades españolas tienen que instaurar medidas efectivas que disuadan y, en su caso, sancionen de forma clara el abuso de la temporalidad; y que las diferencias en el régimen jurídico del personal temporal y del fijo deben basarse únicamente en razones objetivas que puedan demostrar la necesidad de estas diferencias para lograr su fin”.

Esperamos expectantes lo que el TS resuelva y cómo desenrede esta madeja. Lo esperamos quienes decidimos sobre estas cuestiones, quienes están en esta situación laboral y, asimismo, quienes pretenden legítimamente acceder al empleo público y se preparan para ello.

En septiembre de 2019 escribí en este espacio una columna titulada “No hay tercera vía contra la discriminación”, en alusión a la situación generada en torno a los “Alardes” de Irún y Hondarribia, que ahora recordaré. 

No pensaba tener que volver al tema y, menos aún, que hechos parecidos se fueran a repetir en otros lugares. Y, si bien no es la única ni será, desafortunadamente, la última vez, lo ocurrido en Sagunto merece seguir reflexionando sobre el largo y demasiado lento viaje hacia la plena y efectiva igualdad de hombres y mujeres. No quiero, en modo alguno, orillar los grandes avances logrados en todos los terrenos, pero tampoco puede obviarse que sigue habiendo déficits importantes.

Un viaje hacia la plena igualdad que pasa, desde luego, por Irún y Hondarribia y también por otras localidades y acontecimientos festivos. Pero, si resalto estas dos, es por su relevancia, su largo, intenso e incesante recorrido y porque me resultan muy cercanas en muchos sentidos. 

Pues bien, en dichas localidades guipuzcoanas, como la mayoría ya conoce, se celebran desde 1522 y 1638, respectivamente, unos desfiles de armas – Alardes – conmemorando, en esencia, sendas victorias o algo similar sobre las tropas francesas en los días, también respectivamente, de 30 de junio – San Marcial – y 8 de septiembre – Virgen de Guadalupe -. Desde aquellas lejanas fechas los Alardes se habían celebrado con la exclusiva participación de hombres en todos los papeles, excepción hecha de la cantinera de cada compañía participante. 

Sin embargo, desde hace años, muchas mujeres y hombres han querido tomar parte en estos Alardes en pie de igualdad, sin que ello haya sido posible todavía hoy de manera normalizada. Ya en 1996 unas pocas mujeres intentaron participar como soldados en ambas localidades, siendo un momento determinante para ellas y para el resto de mujeres y hombres que las apoyaron y también para el resto de la ciudadanía y para la propia celebración. 

No ha sido un esfuerzo gratuito, sino que, aunque no resulte fácil de comprender, estas mujeres y otras personas que las apoyaron se vieron sometidas a un sufrimiento tremendo que ha impactado duramente en sus vidas y en las de sus entornos más cercanos.

Y también en ambas localidades ha habido clamorosos y dolorosos silencios, además de respuestas varias en todos los espacios posibles, incluidos los Tribunales y poderes públicos concernidos. De un lado, se admitió judicialmente, en decisión difícil de entender, la celebración de actos o Alardes “privados”, entendiéndose que no generaban discriminación. De otro, muchas personas y grupos seguimos defendiendo que, como ordena la Constitución, corresponde a los poderes públicos – y en este caso, añado, muy particularmente, a los Ayuntamientos – promover la igualdad real y efectiva y remover los obstáculos que la dificultan. 

Pues bien, resultado de ello es que aún hoy coexisten dos Alardes con base en fórmulas jurídicas distintas: el “”tradicional“, en el que las mujeres solo intervienen como cantineras, impidiéndoseles otro papel - absolutamente discriminatorio, por tanto – y el ”mixto“ o auténticamente igualitario, en el que mujeres y hombres participan en igualdad y libertad. Algo que genera una inmensa perplejidad, pues, en mi opinión, ello contraviene la propia Ley de Igualdad de Euskadi, que prohíbe expresamente la organización y realización de actividades culturales en espacios públicos en las que se obstaculice la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres.

¿Y qué han hecho los poderes públicos al respecto durante estos años?. 

De un lado, es cierto que el Gobierno Vasco, a través de Emakunde – Instituto Vasco de la Mujer –, y el Parlamento Vasco, a través del Ararteko o Defensor del Pueblo, apoyan incluso presencialmente el desfile igualitario. Pero se puede también afirmar que, al mismo tiempo, falta una intervención clara y decidida – decididamente visual - de ambas instituciones, en defensa enérgica e indubitada de la Ley de Igualdad. 

Los Ayuntamientos, por su parte, durante demasiado tiempo se han resistido a cualquier avance. En Irún se viene solicitando la organización de un “Alarde Municipal”, como se había hecho durante cientos de años, hasta que se produjo este absurdo e injusto conflicto. Una petición que no ha tenido respuesta positiva, a lo que se añade la inmensa e imborrable vergüenza de que desde 1996, no haya sido sino en 2023 cuando quien ha sido Alcalde desde 2002 – José Antonio Santano, del PSE-EE, hoy Secretario de Estado de Transportes – haya recibido al Alarde igualitario, siendo así que siempre había recibido, sin ningún rubor y con total desparpajo, al Alarde discriminatorio. 

En Hondarribia la situación ha sido similar – Alcaldía del PNV hasta 2023 -, y, por el momento, tampoco ha cambiado sustancialmente desde esta fecha con el nuevo Ayuntamiento, lo que ha generado una cierta “decepción” en la consideración de la Compañía Jaizkibel – la compañía mixta -, si bien ha habido una mayor consideración oficial hacia esta Compañía.

Y, entretanto, la discriminación sigue desfilando y haciéndose presente e hiriendo cada año, en una especie de inasumible tercera vía, cual es la de que cada cual disfrute de la fiesta como lo desee, incluso si ese disfrute es claramente discriminatorio. 

Un último y muy reciente acontecimiento merece ser resaltado, por su novedad. El pasado 26 de marzo el Ayuntamiento de Hondarribia aprobó su II Plan de Igualdad, en el que el Alarde es abordado en dos líneas: avanzar para la resolución del conflicto – ¡qué menos! - y, lo que, en mi opinión, tiene un gran interés, “analizar fórmulas para reconocer la violencia sufrida en la defensa de los derechos de las mujeres a favor de un alarde igualitario”. A destacar que este Plan recibió el voto en contra del PSE-EE y del PNV. Ya ven que aún estamos así – así de mal, quiero decir -.

Y ahora, ustedes se preguntarán, y con toda la razón, ¿qué hay de lo de Sagunto? ¿Qué hay de esa decisión de la Cofradía de la Purísima Sangre de rechazar la participación de las mujeres en la procesión de la Semana Santa, apelando, una vez más, a la “tradición”?

Pues, sobre lo que ocurre en Sagunto, desconozco los detalles, más allá de lo leído. Pero, miren, borren de esta columna los términos de Irún, Hondarribia y Alardes y dejen el resto, pues sirve prácticamente en su integridad. Con una diferencia relevante: la Ministra de Igualdad ha anunciado que llevará el tema a la Fiscalía y que podría privar a la Semana Santa de Sagunto de su calificación de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Una decisión – esperemos que así termine siéndolo – cabal y necesaria que, lamentablemente, y de manera inexplicable, nunca se ha anunciado ni sugerido para otros conflictos discriminatorios similares, como los de Irún y Hondarribia. 

Estamos en el buen camino para la igualdad real y efectiva. No cabe, ciertamente, negar los avances en terrenos muy relevantes. Pero no cabe, tampoco, negar todas las dificultades y la realidad que cada día vemos. Una realidad que muestra todavía hoy altísimos niveles de violencia sobre las mujeres, desigualdad laboral, brecha salarial, diferencias en la asunción de las responsabilidades domésticas y de los cuidados y, en definitiva, diferentes oportunidades y condiciones de vida entre mujeres y hombres.

Hay quien opina que, comparada con estos otros terrenos de desigualdad, la participación de las mujeres en actos festivos es un tema menor, pero no es así. La igualdad no puede quedar al margen de los momentos en que la ciudadanía disfruta de tradiciones y diversiones, pues son momentos muy relevantes para la cohesión social. La fiesta une – o desune, como en los casos comentados – y es una expresión clara de la participación ciudadana. En estas fiestas que comento, es claro que no se habría tolerado en los últimos años pretender impedir, por ejemplo, la participación de personas de otras procedencias, pues ello habría sido humanamente injustificable, socialmente insoportable y jurídicamente insostenible. ¿Por qué se sigue, sin embargo, permitiendo orillar a las mujeres en muchas fiestas tradicionales?. ¿Por qué se sigue negando a las mujeres un papel en plena igualdad?.

Hay quien cree que hay “demasiada igualdad”, tal como revelan algunas encuestas. Pero la igualdad está cambiando el mundo y va a seguir haciéndolo para que cada persona disfrute de ello y mujeres y hombres vivamos iguales cada día en cada espacio de vida y en cada lugar.

El pasado 17 de marzo, hace justo una semana, se vivió una jornada de huelga general en la Comunidad Autónoma de Euskadi y en la Comunidad Foral de Navarra. La convocatoria fue hecha por los Sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru. Su objetivo era la reclamación de un Salario Mínimo Interprofesional – SMI – en cuantía de 1.500 euros en ambas Comunidades, en lugar del SMI estatal de 1.221 euros mensuales, así fijado en el Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero, por el que se fija este salario para el año 2026.

No haré valoraciones sobre dicha jornada de huelga ni sobre su seguimiento, si bien no puedo dejar de rechazar expresamente algunas situaciones violentas que se vivieron durante su transcurso. No es necesario – y, menos aún, legítimo – acudir a determinados medios de coerción, pues tan derecho fundamental es sumarse a la convocatoria de huelga como no hacerlo.

En todo caso, lo relevante es que hay una reivindicación sindical mayoritaria en el sentido antedicho. Y, asimismo, una reivindicación política sostenida en Euskadi y Navarra por EH Bildu y, en otras Comunidades, por ERC y BNG, que han reclamado un “SMI propio por encima del estatal” en una declaración conjunta emitida el pasado 16 de marzo, poniendo de relieve que “la homogeneización y establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional único e idéntico para todo el Estado tiene consecuencias negativas para miles y miles de personas trabajadoras” y que “supone, de facto, una equiparación a la baja de las condiciones laborales para los y las trabajadoras de Euskal Herria, Galiza y los Països Catalans, así como también de las clases trabajadoras de otros territorios y pueblos...”.

Una reivindicación también apoyada en Navarra por Geroa Bai que, junto con EH Bildu, presentó una proposición de ley en el Parlamento Foral, que no resultó aprobada al ser rechazada por PSN, Contigo/Zurekin, PP, UPN y VOX.

En Euskadi también se ha producido un debate en el Parlamento sobre esta cuestión, impulsado por EH Bildu, aprobándose, con el único apoyo del PNV y el PSE-EE, en una enmienda a la totalidad a la propuesta de EH Bildu, la expresión de “la conveniencia de abordar mediante la negociación colectiva un salario mínimo de negociación colectiva que se corresponde con la realidad socioeconómica de Euskadi”, pero rechazando la pretensión de negociación con el Gobierno central para un traspaso de competencias que permita establecer legalmente un SMI propio.  

Este es, grosso modo, el panorama político y sindical. Al que ha de sumarse, para poder tener una idea global, que, recientemente, en Sentencia de 30 de enero de 2026, la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco desestimó la demanda de los Sindicatos ELA y LAB en pretensión de declaración de que la conducta de la patronal CONFEBASK, que había declinado negociar un Acuerdo Interprofesional para fijar un salario o retribución mínima para las personas trabajadoras de Euskadi, era una negativa ilegal. Muy resumidamente, esta Sentencia – cuya Ponente fue quien ahora escribe estas líneas – consideró que la patronal no estaba obligada a dicha negociación porque la determinación de un salario mínimo es competencia del Gobierno según lo prevé el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores – ET -.

Al tiempo que escribo esta columna, leo que CONFEBASK ha rechazado acudir nuevamente a la mesa negociadora a la que ha sido convocada para hoy, 23 de marzo, por los Sindicatos ELA y LAB con similar pretensión a la anterior.

La cuestión es jurídica, o sea, política, pues el Derecho surge del debate político. Y la pregunta es, ¿cabe fijar un SMI propio en una Comunidad Autónoma, distinto del del Estado?

Hay que afirmar con claridad, en primer lugar, que ningún obstáculo existe para que, mediante la negociación colectiva en el ámbito autonómico, los agentes sociales acuerden un salario mínimo aplicable a todas las personas trabajadoras amparadas por un Convenio. Ningún obstáculo legal existe al respecto. Claro que ello tiene un inconveniente no menor, ya que de tal acuerdo colectivo quedarían excluidas las personas no cubiertas por Convenio, que son, precisamente, quienes tienen salarios más bajos – por ejemplo, las empleadas de hogar -. Por tanto, es una solución manifiestamente insuficiente e insatisfactoria para la finalidad de lograr que el SMI se ajuste para todas las personas lo máximo posible a las circunstancias socioeconómicas del entorno – la Comunidad Autónoma, en el caso -.

Más discutible es si la negociación colectiva puede o no acordar un SMI propio para “todas las personas trabajadoras” de una Comunidad Autónoma, como era lo pretendido en el litigio al que acabo de referirme. Al respecto existen fundadas opiniones en un sentido y en otro. Veremos lo que resuelve el Tribunal Supremo, pues tendrá ocasión de ello, al haber sido recurrida la Sentencia citada.

Pero, sin duda, la clave para resolver la cuestión se halla en la competencia para fijar un SMI. El artículo 27 ET la atribuye al Gobierno, previa consulta con los agentes sociales, y teniendo en cuenta determinados factores que enumera. Se trata, en principio, de una competencia exclusiva del Estado, tal como determinan los sucesivos Reales Decretos que lo fijan, cuando señalan que dicha norma se dicta “al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas”.

Y, ¿podría transferirse esa competencia a una Comunidad Autónoma? En mi opinión, la respuesta es claramente afirmativa. Cabe una transferencia o una delegación de una competencia estatal por medio de Ley Orgánica en virtud de lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Constitución. 

Pero, ¿le interesa a alguien esto? Políticamente – partidistamente -, quiero decir. Pues creo que más bien poco. De un lado, ello permitiría una diferencia clara en los salarios mínimos en las distintas Comunidades Autónomas, lo que no es fácilmente vendible por los partidos de la izquierda estatal, algo constatado por su escaso – nulo - entusiasmo en esta materia. Por otra parte, no mayor afán muestra el PNV, para quien esto sería una patata, no ya caliente, sino realmente ardiente, como también lo demuestra el hecho de que este partido insista en reclamar la negociación colectiva entre los agentes sociales para un SMI vasco, pero no haga esfuerzo alguno en conseguir esta competencia. Y de EH Bildu no puedo decir otra cosa distinta, porque tampoco ha hecho valer esta cuestión en su participación en el Congreso de los Diputados, al menos que yo sepa.

Termino aclarando dos cuestiones: de un lado, que no sería posible en absoluto, también en mi opinión, que pudiera fijarse un SMI inferior al del Estado, pues sería una condición laboral mínima que no podría ser empeorada. De otro lado, que este posible SMI autonómico no podría tener eficacia en orden a ser, como lo es el SMI, referente para determinar diversas prestaciones sociales.

Veremos cómo termina esto, pero es claro que no será en esta legislatura.

También podría haberse titulado esta columna algo así como “el TJUE admite que los Estados miembros de la UE no traten de la misma manera a las personas indigentes nacionales de terceros países que a las nacionales propias y exija a las primeras disponer de un derecho de residencia permanente en su territorio adquirido tras un período ininterrumpido de cinco años”.

Claro que era un título demasiado largo y, además, comenzaba por el final. El final de una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea – TJUE – que interpreta el Derecho comunitario al resolver una cuestión prejudicial elevada desde un Tribunal italiano. Ahora lo explico.

El pasado 5 de marzo el TJUE dictó una Sentencia (asunto C-151/24) en la que concluyó como ya he avanzado, esto es, que cabe excluir del derecho a obtener un subsidio social para personas de edad avanzada en situación de indigencia a los nacionales de terceros países que no sean titulares de un permiso de residencia de la Unión para residentes de larga duración. 

En primer lugar, conviene aclarar que, aunque sigue siendo objeto de atención por el resultado de la Sentencia, ésta no es del todo novedosa, pues ya había otras dos Sentencias del TJUE en un sentido parecido, aunque no igual, dictadas el 11 de noviembre de 2014 (asunto C-333/13) y de 15 de septiembre de 2015 (asunto C-67/14). 

Ahora lo subrayable es que se trata de un “subsidio” para “personas de edad avanzada en situación de indigencia”. Anoten estos datos.

En el caso que ahora comento, el TJUE fue interpelado por nada menos que la Corte Constitucional italiana – su Tribunal Constitucional - al objeto de interpretar un precepto de la Directiva 2011/98/UE, por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro. La Corte Constitucional elevó esta cuestión al TJUE en el marco de un litigio entre una ciudadana nacional albanesa residente en Italia, y el Instituto Nacional de Previsión Social de Italia, en relación con la negativa de este último a concederle una prestación en metálico reservada a personas mayores de sesenta y cinco años – edad elevada a sesenta y siete años en 2019 - que se encuentran en una situación económica precaria.

La denegación de ese subsidio se basaba en la legislación italiana, según la cual, para que un nacional de tercer país pueda disfrutar de ese derecho ha de ser titular de un permiso de residencia de larga duración y haber residido legal e ininterrumpidamente durante al menos diez años en el territorio nacional.

La ciudadana albanesa litigó con insistencia frente a aquella denegación y llegó, en Italia, hasta su Tribunal Supremo, Tribunal que se planteó dudas de adecuación de esa normativa con su Constitución, por lo que remitió el tema a la Corte Constitucional. Es de pensar que a la Corte Constitucional le entraron serias dudas y seguramente algún temblor de piernas a la hora de decidir, habida cuenta de la vigencia del principio de igualdad de trato, tanto en la Constitución italiana como en la UE – con los matices que ahora se verán -. Y así fue como se elevó al TJUE la cuestión prejudicial antedicha.

En esta Sentencia el TJUE analiza el ámbito material del Reglamento 883/2004 y de un precepto de la Directiva 2011/98. Dicho precepto de esta Directiva se refiere al principio de igualdad de trato. Les ahorro los como siempre largos razonamientos del TJUE, que argumenta, en esencia, con base en la normativa comunitaria citada, que el subsidio social objeto del litigio es “una prestación especial en metálico no contributiva” que se financia mediante impuestos no mediante cotizaciones sociales y cuyo objeto es garantizar medios para subsistir a personas que no pueden asegurar su propia subsistencia, entrando dentro del concepto de “asistencia social”.

Hasta aquí nada que llame la atención, pues es una mera descripción de la situación y de la esencia del subsidio en cuestión.

El núcleo de la decisión del TJUE descansa en recordar que el Derecho de la UE optó expresamente por no extender ese derecho a la igualdad de trato a las prestaciones que no pueden calificarse de prestaciones de «seguridad social», esto es, a las prestaciones especiales en metálico no contributivas. Y sigue argumentando que, en consecuencia, los Estados miembros no están obligados, por lo que respecta a estas prestaciones especiales, a respetar la regla de igualdad de trato y pueden, por consiguiente, decidir supeditar la concesión de tales prestaciones a los nacionales de terceros países al cumplimiento de un requisito diferente del aplicable a sus nacionales, como el criterio de integración, cuyo cumplimiento se acredita mediante la posesión de un permiso de residencia de la Unión para residentes de larga duración. 

Y así, concluye como ya he dicho más arriba, esto es, que el Derecho de la UE no se opone a la normativa italiana que denegó el subsidio de subsistencia a la ciudadana albanesa que no tenía un permiso de residencia de larga duración.

En nuestro caso, el TJUE diría lo mismo, claro está, si llegara la ocasión. Recordemos que nuestra prestación principal para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de quienes carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas es el Ingreso Mínimo Vital, creado y regulado por la Ley 19/2021. Una prestación no contributiva, desde luego, para la que, en relación con el tema ahora tratado, se requiere “tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud”, requisito de plazo no exigible en determinados supuestos - menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, reagrupación familiar de hijos e hijas, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente; personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual y mujeres víctimas de violencia de género -.

Y ¿ por qué y para qué les he contado todo esto? Pues, principalmente, para que seamos conscientes de que determinados derechos no están asegurados de manera definitiva ni por nuestra normativa ni por la de la UE y de que, ni siquiera ante las situaciones de necesidad más extremas, todas las personas somos iguales. Bueno, en realidad, podríamos ser iguales: todo depende de lo que el Estado y la UE y otros entes – o sea, en definitiva, la ciudadanía, si somos lo suficientemente exigentes - decidan. 

Nota: si cito los datos de las Sentencias es, como ya he dicho en alguna ocasión anterior, para que cualquiera de ustedes pueda, si así lo considera, buscarlas y acceder a su contenido para tener mejor conocimiento de causa.

Viene esto al hilo de las siguientes palabras: “Digan fuera de este hemiciclo que yo conocía los hechos y que no actué y entonces nos veremos en otras instancias. Los hechos son de tal gravedad que no voy a permitir calumnias”. 

Son palabras del ministro Grande-Marlaska el pasado miércoles 18 de febrero en el Congreso de los Diputados. Palabras dirigidas a los representantes del Grupo Popular que, en la correspondiente sesión de control al Gobierno, le hicieron varias preguntas sobre la denuncia de agresión sexual del ya ex-Director Adjunto Operativo – DAO -, esto es, el segundo en el Cuerpo Nacional de Policía. Una denuncia que ya no es solamente eso, sino que es objeto de una querella ya admitida a trámite, interpuesta por la mujer, inspectora del Cuerpo, que acusa de gravísimos hechos a José Ángel González. 

La cuestión es que, cuando el ministro del Interior dijo eso de ¡dímelo en la calle si tienes lo que hay que tener! - en libre traducción mía -, estaba apelando a que quienes así lo interrogaban se desprendieran del manto protector – hoy podríamos decir, del “burka” - de la inviolabilidad que los protege en su condición de diputados/as.

Una inviolabilidad consagrada por el artículo 71.1 de la Constitución, que determina que “Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”, lo que también tiene su reconocimiento en los Reglamentos del Congreso y del Senado. Una prerrogativa que se ha considerado imprescindible, dado que se relaciona directamente con la doble función de representación del pueblo español, como reza el artículo 66.1 del texto fundamental, y de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, tal como contempla su artículo 23.1.

Prerrogativa que también alcanza, por así contemplarlo los Estatutos de Autonomía, a los miembros de sus Asambleas Legislativas, igualmente en el ejercicio de sus funciones.

Inviolabilidad que es de carácter permanente, esto es, se extiende una vez finalizado el mandado del parlamentario, de manera que nunca se podrá exigir responsabilidad por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio pasado de sus funciones, si bien, claro está, tal inviolabilidad no protege en relación con las opiniones vertidas con anterioridad y con posterioridad al ejercicio del cargo.

Inviolabilidad que se considera esencia de la democracia representativa y, por ello, común a la mayoría de los sistemas parlamentarios. Si bien es cierto que en los Estados democráticos actuales esta prerrogativa está en debate y, en nuestro concreto caso, ha de ser puesta en relación crítica con el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución y, asimismo, con el derecho a la tutela judicial efectiva de su artículo 24, en evitación de espacios que impidan vulneración de derechos fundamentales de terceras personas y su persecución. 

Conviene recordar la finalidad de esta inviolabilidad de “preservación de un ámbito cualificado de libertad en la crítica y en la decisión sin el cual el ejercicio de las funciones parlamentarias podría resultar mediatizado y frustrado, por ello el proceso de libre formación de voluntad del órgano” y de “protección de la libre discusión y decisión parlamentarias (…), decayendo tal protección cuando los actos hayan sido realizados por su autor en calidad de ciudadano (de «político» incluso), fuera del ejercicio de competencias y funciones que le pudieran corresponder como parlamentario”, tal como lo afirmó el Tribunal Constitucional – TC - en su Sentencia 51/1985.

No han sido pocas las ocasiones en que el TC se ha pronunciado a este respecto, además de la antedicha. Incluyendo el análisis de ese ¡dímelo en la calle!, cuando, en su Sentencia 243/1988, se afirmó que “La inviolabilidad es un privilegio de naturaleza sustantiva que garantiza la irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, entendiendo por tales aquellas que realicen en actos parlamentarios y en el seno de cualquiera de las articulaciones de las Cortes Generales o, por excepción, en actos exteriores a la vida de las Cámaras que sean reproducción literal de un acto parlamentario”.

Esto es, la inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de estas funciones de representación no alcanza solamente lo que ocurre “dentro” o en el “espacio físico” de los edificios que albergan el Congreso y el Senado, sino que también abarca lo que ocurra “dentro” de esas funciones parlamentarias, aunque las opiniones controvertidas se produzcan “en la calle”, dado que tales funciones requieren, sin duda, el contacto con la ciudadanía y el público pronunciamiento sobre diversas cuestiones. 

Pero, para no quedarnos en la anécdota un tanto pobre e infantil que ha dado pie a esta columna, entiendo más relevante indagar algo más, no tanto sobre el “dónde” sino sobre el “qué”, en relación con la inviolabilidad. Esto es, cabría abrir un debate sobre si esta prerrogativa parlamentaria debiera tener algún límite, como lo tiene la libertad de expresión en algunos terrenos de especial dureza. Piénsese en posibles expresiones que podrían constituir, fuera de este ámbito, graves delitos de, por poner solamente dos ejemplos, justificación de genocidios u otros delitos asimilables o enaltecimiento y justificación del terrorismo. 

Un debate que, en realidad, ya existe en nuestro entorno sociopolítico, toda vez que hay textos constitucionales que reconocen una inviolabilidad parlamentaria relativa, dejando fuera de su ámbito de protección algunas expresiones como “las injurias calumniosas”, en el caso de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 o no abarcando “la difamación calumniosa”, como hace la Constitución de Grecia de 1975. O como hacen sendas Leyes de Finlandia o Suecia, que permiten perseguir penalmente por opiniones vertidas en el ejercicio de funciones parlamentarias. Debate en el que el Parlamento Europeo se sitúa en el lado de la “inviolabilidad absoluta”, en la remisión que se hace al Protocolo de 1965, como lo hacen igualmente la Constitución española, como he dicho, y otras, como las de Francia, Italia o Portugal. 

No deja, por otra parte, de resultar cuando menos curioso, que esta inviolabilidad lo sea hacia “fuera” y no hacia “dentro”. Esto es, si bien no cabe perseguir a un representante por sus opiniones vertidas en el ejercicio de su función parlamentaria, sí cabe que las presidencias del Congreso y el Senado, de conformidad con sus respectivos Reglamentos, ejerzan su potestad disciplinaria y sancionadora en relación con tales opiniones o maneras de expresión. 

En cualquier caso, esta inviolabilidad debe siempre ir indisolublemente unida a la “responsabilidad”, algo que no parece fácil de exigir en la actualidad, pues no abunda. La ciudadanía representada por diputados/as y senadores/as merecemos un mayor respeto que el que se manifiesta cuando, “en el ejercicio de funciones parlamentarias” se utilizan expresiones y contenidos que podrían ser objeto de responsabilidad jurídica – civil y/o penal – para el resto de personas. No es de negar que la discrepancia política e ideológica y el debate parlamentario exigen que este se desenvuelva en libertad y, por tanto, con la seguridad de no persecución por opinión. Pero tampoco es de negar que no es de recibo tener que escuchar cada día opiniones que sobrepasan todos los límites dialécticos prevaliéndose de la “inviolabilidad” que protege a “sus Señorías”.

Debieran pensárselo mejor antes de hablar en sede parlamentaria, todos. Porque, lo que no podría ser dicho en la calle, so pena de incurrir en alguna responsabilidad jurídica, mejor sería callarlo o decirlo de otra manera. Así, lo que puede decirse dentro podría también decirse fuera. Y el discurso y el debate parlamentarios no estarían tan alejados de la ciudadanía, que debiera también poder decir en la calle lo que se dice en el Parlamento. Y hablaríamos el mismo lenguaje con la misma libertad para contribuir igualmente a la legítima crítica de las actuaciones políticas de quienes nos representan.

Define el Diccionario de la RAE una “red social” como “Plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios”.

Dicho así, poco nos ilustra acerca de la realidad de estos sistemas de “comunicación”. Desde que se creó Facebook, en 2004, o Twitter, en 2006, muchas cosas han pasado, la mayoría de las cuales no habríamos siquiera podido imaginar, no yo, al menos. Desde entonces han surgido otras nuevas “redes sociales” y, en conjunto, todas ellas están vinculadas a concretos países y a personas con un enorme poder económico, gran parte del cual se ha generado precisamente a partir de ese instrumento.

Tengo que reconocer, sin sonrojo alguno, desde luego, que no soy una de ese “gran número de usuarios” que entran en contacto en una de estas redes. Y eso que, estadísticamente, es difícil pertenecer a ese pequeño grupo humano que permanece al margen de estos mecanismos. Y es que, según los datos, cerca del 90% de las personas que navegan en Internet utiliza las redes y, a su vez, el 95% de la población española utiliza Internet. De manera que, calculen de lo que estamos hablando, aunque lo saben seguramente ustedes mejor que yo.

He de hacer un matiz porque, si bien no utilizo estos medios, hace unos quince años creé un perfil de Facebook, con mi nombre, que no he usado nunca y, de hecho, hoy es el día en que aún no sabría cómo colocar un mensaje. La verdad es que no sé por qué lo hice. Sin embargo, tener ese perfil abierto me ha permitido saber algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, la cantidad de personas que “me invitan a ser su amiga” a través de sus “invitaciones de amistad”. Personas que, en su mayoría, me resultan totalmente desconocidas y cuyo interés desconozco, sin desconfiar de él, claro está. Invitaciones a las que, obviamente, dada mi perspectiva, no respondo, esperando que nadie de quienes no me conocen se ofenda por no aceptar su “amistad”.

Si estamos en un mundo – y lo estamos, sin duda – en el que la “amistad” es así de fácil, así de etérea y de insustancial, en un mundo en el que la mayor parte de la gente tiene infinitamente más “amigas y amigos” virtuales que reales, este es un mundo que ya no es el mío. Por eso no participo en él, en este mundo virtual, quiero decir.

Un mundo en el que la reflexión mínimamente sosegada no existe, en el que es habitual el insulto y en el que corren noticias y lo que no son noticias a una velocidad pasmosa y con una duración absolutamente efímera. Un mundo en el que muchas personas ignoran lo que es real y lo que no, lo que es cierto y lo que no, pero que, normalmente, tienen a creer todo lo que leen y oyen.

Algo tiene, sin embargo, este espacio de las redes sociales, dado que, incluso quienes se muestran en contra de su mal uso, y con razón, quienes despotrican contra sus propietarios y contra la manipulación de la realidad, con igual razón, incluso estos despliegan su protesta en el marco de dichas redes. Bien curioso y bien sencillo de entender, dado que tampoco aquí se busca la reflexión sino la rápida divulgación de una idea que puede durar media mañana.

Pues bien, hace unos días, como es bien sabido, el Presidente del Gobierno anunciaba en Dubai que “España prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de dieciséis años”, destacando la “urgencia en un momento que considera definitorio de cara a las generaciones venideras” y planteando “la necesidad de recuperar el control de la gobernanza digital y de las redes sociales para que sean un espacio sano y democrático”, tal como consta literalmente en la página web de La Moncloa. Asimismo ha anunciado otras medidas relativas a las plataformas digitales.

Llama la atención el momento, el lugar y el modo de este anuncio. Y su gran objetivo, también expresado en la misma comparecencia, de “devolver a las redes sociales a esa tierra prometida que nunca debieran haber abandonado”, en las palabras de Sánchez. ¿De verdad es una “tierra prometida”? ¿Prometida por quién, por Elon Musk por Pavel Durov…?Durovometida para qué?

Pero lo que resulta más llamativo es la medida estrella de este anuncio: la prohibición de acceso a las redes sociales de los menores de 16 años. Llamativo, no por su contenido, sino porque, desde luego, no tiene ninguna novedad. Así, en efecto, no es nueva esta medida. Es una medida que ya consta en el “Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales”. Un Proyecto cuya tramitación fue aprobada el 10 de septiembre de 2025 por el Congreso de los Diputados y que había sido publicado en su Boletín Oficial el 11 de abril de 2025.

Fue el ministro Bolaños el que defendió el Proyecto de Ley en sede parlamentaria, recordando datos tan relevantes como que “la edad media en la que los menores tienen móvil en España es de 11 años y que el 99% de ellos están en redes sociales”. Y dio a conocer toda una batería de medidas protectoras, como la fijación de la edad mínima de registro en redes sociales a los 16 años, la regulación expresa del uso de cualquier dispositivo digital en los centros educativos, la obligatoriedad para los fabricantes de terminales con acceso a Internet de establecer medidas gratuitas de protección a los menores como, por ejemplo, un sistema de control parental, acompañado todo ello de medidas de reforma del Código Penal para tipificar nuevas conductas delictivas. Todo lo cual consta en la página web del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en su comunicación del pasado 9 de octubre.

Medidas alguna de las cuales ya se han aprobado en otros lugares, como en Australia, país en que, desde diciembre de 2025, rigen medidas importantes contra el uso de redes por los menores. O como podrían tomarse también, según se ha anunciado, en Francia, Reino Unido o Grecia. Y, lo que tendría mucha mayor relevancia si se aprobara, la posible adopción por la UE de medidas similares, como ya se aprobó el pasado 26 de noviembre de 2025 al votar los miembros del Parlamento Europeo un informe con un resultado de 483 votos a favor, 92 en contra y 86 abstenciones en el que se expresa la profunda preocupación por los riesgos para la salud física y mental de los menores en el entorno digital y se propone una edad mínima armonizada en toda la UE para el acceso a redes sociales y plataformas, edad que sería de 16 años en general y de 13 años para el caso de contar con el consentimiento parental.

El anuncio del Presidente ha generado reacciones de todo tipo, como era de esperar – y como, sin duda, ha sido buscado . Desde quienes defienden la medida en su integridad hasta quienes consideran que es una medida puramente populista que no tendrá grandes resultados – dejo al margen otras reacciones como la de Musk -.

Por mi parte, considero que, como ocurre con muchas medidas legislativas, su finalidad es loable y su necesidad es absoluta, pero que se deberá afinar mucho para que estas medidas sean verdaderamente eficaces.

Sobre todo, habrá que fomentar, déjenme seguir soñando, que menores y mayores disfrutemos de la verdadera amistad, de la calma necesaria para la reflexión sosegada y el intercambio de opiniones y puntos de vista. Si esto se consigue en las redes sociales, estupendo. Si no, hay otros espacios todavía, hay “tierra prometida” para ello.

El próximo viernes, 30 de enero, como cada año, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas – ETD -. Así lo decidió la OMS en su Asamblea del 31 de mayo de 2021 con la finalidad de mejorar el conocimiento que el mundo debe tener del devastador impacto que estas enfermedades tienen en las poblaciones más pobres del mundo. Y, también, para exhortar a países, grupos y personas a secundar la dinámica en favor de los objetivos de su control, eliminación y erradicación.

Me refiero especialmente a estas enfermedades por la evidencia que su propia denominación genérica revela: su desatención. Lo que, naturalmente, es particularmente grave teniendo en cuenta que son enfermedades prevalentes en comunidades empobrecidas de zonas tropicales, si bien algunas tienen una presencia geográfica más amplia. En todo caso, se calcula por la OMS que afectan a más de 1.000 millones de personas y que 1.500 millones requieren de alguna intervención, tanto preventiva como curativa. Enfermedades como la úlcera de Buruli, la enfermedad de Chagas, el dengue, la lepra, la filariasis linfática, la oncocercosis y otras forman parte de este grupo.

Son enfermedades “desatendidas” por su escasa presencia en los programas de salud en casi todo el mundo, porque todavía hoy se les dedican muy pocos recursos y porque las agencias de financiación mundiales prácticamente las ignoran. Y esto ocurre porque afectan a poblaciones que, a su vez, son desatendidas y tienen carencias muy importantes en todos los aspectos, poblaciones que son, en definitiva, extremadamente vulnerables.

Y estas enfermedades, a su vez, tienen una especial presencia en zonas rurales, lugares de conflicto y regiones de difícil acceso, asociadas siempre a los problemas de saneamiento y de acceso al agua potable y, claro, a falta de atención de calidad a la salud. Por ello, afectan a las poblaciones más pobres dentro de las pobres, particularmente en zonas de América Latina y en África Subsahariana.

Estas enfermedades, como todas las demás que conocemos, tienen modos de combatirlas, desde luego. Una gestión adecuada del ciclo de la enfermedad, desde su prevención hasta sus distintos tratamientos, una salud pública eficaz desde la atención primaria y el enfoque integral y una provisión de servicios de agua potable, saneamiento e higiene constituirían intervenciones estratégicas básicas y esenciales para los objetivos antedichos de la OMS. 

De hecho, las ETD tienen gran relevancia para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de la Agenda 2030 de la ONU. Y para ello la OMS está adoptando medidas concretas en el marco de su Hoja de Ruta sobre las ETD 2021-2030 con objetivos claros, entre los que destaco el de reducir en un 90% el número de personas que requieren tratamientos contra estas enfermedades, eliminar al menos una ETD en 100 países y erradicar en todo el mundo dos enfermedades – la dracunculosis y el pian -.

Pero, es claro que, para lograrlo, hacen falta medios, muchos e ingentes medios y una transformación de las estructuras sociales y económicas de dichos países y de sus servicios, en particular los referidos a la salud y al agua potable y al saneamiento.

Las cosas no marchaban del todo mal, aunque todo es mejorable y a ello debemos aspirar. Pero, lo que no cabía es que fueran a empeorar de manera tan relevante como ha ocurrido. Sí, sí, me refiero a Trump y a sus tremendas primeras decisiones, de consecuencias imprevisibles pero, sin duda, terribles: la salida de los EEUU de la OMS y el cierre de su Agencia para el Desarrollo Internacional – la USAID -.

No dejan de ponerse de relieve las que son sus consecuencias, algunas ya constatables, como altos funcionarios de la propia USAID y muchas organizaciones han expresado ya: un desatre humanitario, calculando que pueden registrarse hasta 14 millones de muertes a añadir a las que ya se producen, muertes de las que 4,5 millones serán de menores de cinco años -, a consecuencia de diversas enfermedades y que, además, más de un millón de niños al año sufrirán desnutrición aguda grave, con efectos que se prolongarán irremediablemente en sus vidas.

Sin duda también esta disminución de recursos económicos va a causar una merma de la capacidad de los gobiernos de muchos países para mantener campañas de sensibilización que faciliten la prevención y la propagación de estas enfermedades y afectará igualmente a la estabilidad y la confianza de los sistemas de salud de esos países.

¡Una auténtica catástrofe! Pero ello se materializará solamente si cruzamos los brazos y abrimos la boca únicamente para maldecir de Trump. 

Podemos revertir la situación creada por sus decisiones, porque el resto de países, organizaciones y personas somos también responsables. Para ello se aprobó la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, en cuyo artículo 1.6 se contempla que se “destinará, al menos, el 0,7 % de la renta nacional bruta (...) a la AOD, conforme a los criterios contables acordados en el seno de la OCDE, en el horizonte del año 2030” y que, para tal objetivo “se contemplarán, a través de una planificación indicativa plurianual, las asignaciones necesarias en los Presupuestos Generales del Estado basadas en las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio”.

Hemos estado, me refiero a España, muy lejos del objetivo histórico y justo de dedicar, al menos, el 0,7% del PIB – o asimilado –. Nos hemos dejado de ocupar de ello con seriedad. Es de “exigir”, más que de “esperar”, que se cumpla ese compromiso, ahora ya obligación legal, y que asumamos nuestra responsabilidad como Estado. Y también, sin duda, en las posibilidades de cada cual, nuestras responsabilidades individuales.

El 30 de enero es un día especial. Un día para conocer que hay muchos cientos de millones de personas padeciendo unas enfermedades prevenibles y curables y unos déficits sanitarios inaceptables y que hay otros 364 días en cada año para luchar contra ellas, con orden y con compromiso.

Existe un cierto debate público recurrente acerca del alcance del derecho de los jueces a expresar y difundir libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, esto es, al ejercicio de la libre expresión que garantiza, como derecho fundamental, el artículo 20.1 de la Constitución.

Hay, sin duda, buenas razones de fondo para este debate. Y ello, no porque dicha libertad de expresión se ejerza en calidad de titulares de un poder del Estado, no, sino porque, incluso ejercida a título exclusivamente personal, puede, en ocasiones, afectar a la posición pública de quienes tienen jurisdicción y, particularmente, a la necesaria apariencia de imparcialidad – no a la propia imparcialidad, que no tiene por qué verse menoscabada, pero sí a su percepción social -. 

¿Qué hacer ante esto?. ¿Cómo garantizar el ejercicio de este derecho fundamental y hacerlo compatible con la posición del juez en cuanto poder del Estado?. ¿Cabe limitar este derecho y cuál sería, en su caso, el alcance de dicha limitación?. 

Ya existen, desde luego, en nuestro Derecho normas que regulan el estatuto del juez, tanto en la propia Constitución como en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ciertamente, existen previsiones para garantizar la imparcialidad y su apariencia: prohibición de pertenencia a partidos políticos o sindicatos; normas sobre abstención y recusación que determinan la limitación para juzgar determinados asuntos, cuando, incluso desde el plano estrictamente personal, se han difundido previamente ideas o expresiones, que pueden poner en entredicho dicha apariencia de imparcialidad. Sobran ejemplos bien conocidos a este respecto.

También existen otros mecanismos de control, como el disciplinario, si bien ha de subrayarse que la LOPJ limita la responsabilidad disciplinaria a las faltas cometidas por jueces y magistrados “en el ejercicio de sus cargos”, esto es, en la actividad judicial. Aunque también la Comisión disciplinaria del CGPJ ha sancionado conductas realizadas fuera del estricto ámbito judicial, pero referidas a él, en decisiones que el Tribunal Supremo ha confirmado al menos en el alcance de la potestad disciplinaria en este terreno. 

Muchos ordenamientos jurídicos regulan la cuestión, aunque, dada la dificultad de resolverla mediante normas, acuden a otras vías. En nuestro país, podemos en este sentido citar la Comisión de Ética Judicial, constituida en 2016, formada por seis miembros de la carrera judicial elegidos internamente, con la función de emitir dictámenes e informes orientativos sobre consultas planteadas por los jueces acerca de la interpretación de los Principios de Ética Judicial. Varios de estos Dictámenes han versado ya sobre la libertad de expresión, sus límites y la posible afectación a la imagen de independencia e imparcialidad. En esencia, la Comisión ha determinado que jueces y juezas gozan del derecho a la libre expresión del artículo 20 CE, pero que dicho derecho ha de ejercerse “de forma que no comprometa o perjudique la percepción que, en un Estado democrático y de Derecho, tiene la sociedad sobre la independencia judicial”, así como que debe ejercerse de modo “aún más moderado cuando se vierten opiniones sobre resoluciones de otros jueces, especialmente si se trata de asuntos en trámite y de elevado interés mediático”.

También se ha pronunciado a este respecto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos – TEDH -, en interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos – CEDH -. Y es este pronunciamiento el que quiero comentar ahora, por su relevancia y su interés.

Pues bien, el TEDH dictó Sentencia el 24 de febrero de 2024 en la que declaró, por cuatro votos contra tres, que Rumanía había violado el artículo 10 del CEDH, condenando al Estado a abonar al demandante una indemnización. El demandante era un juez, conocido por su participación activa en debates sobre la democracia, el Estado de Derecho y la justicia, y por haber sido miembro del Consejo Superior de la Magistratura, consejero del Ministro de Justicia, fundador de dos organizaciones no gubernamentales actuando en el ámbito de la democracia y la justicia y autor de números artículos jurídicos.

Este juez publicó en su página de Facebook dos mensajes mostrando su preocupación sobre la injerencia del poder político en diferentes instituciones del Estado con el fin de debilitar su independencia y controlarlas, así como que se había traspasado la línea roja en lo que afecta a la justicia, y que el Ejército estaba legitimado constitucionalmente para poder intervenir y preservar la democracia constitucional. Los mensajes en cuestión tuvieron una enorme difusión tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación y fueron objeto de muchos debates públicos.

El Consejo Superior de la Magistratura de Rumanía incoó procedimiento disciplinario contra el juez, finalizando con la sanción de reducción salarial de un 5% durante dos meses. El demandante impugnó dicha sanción, agotando todas las instancias judiciales internas, argumentando, en esencia, que había actuado en su condición de ciudadano en ejercicio de su derecho a la libre expresión. Finalmente, ante la desestimación de sus pretensiones en los Tribunales rumanos, acudió al TEDH, alegando que se había vulnerado el derecho a la libertad de expresión del art. 10 CEDH.

Dictada la dicha Sentencia de 24 de febrero de 2024, el asunto fue remitido a la llamada “Gran Sala” del TEDH que ha vuelto a examinar la cuestión, dictándose nueva Sentencia el pasado 15 de diciembre de 2025. En dicha Sentencia, por 10 votos frente a 7, se consideró que el juez rumano no se había extralimitado en el uso de su libertad de expresión y que Rumanía había vulnerado su derecho a la libre expresión del art. 10 CEDH. Los razonamientos fueron, en lo que interesa ahora, que el precepto indicado ampara la libertad de expresión de los jueces cuando se denuncia el mal funcionamiento del sistema judicial o bien la ineficacia de las normas sobre la justicia o se alerte sobre ataques a la independencia del Poder Judicial, al orden constitucional o a la democracia.

El TEDH parte de la idea de que los jueces tienen, por razón de su función, una posición privilegiada para poder opinar públicamente e informar a la sociedad sobre estas cuestiones. Entiende que el juez rumano estaba pretendiendo la defensa del orden constitucional y la independencia de las instituciones públicas frente a las que considera continuas intromisiones del poder político, por lo que era, sin duda, una cuestión de interés público. Sobre la apelación a que el Ejército pudiese intervenir para restaurar el orden constitucional, la mayoría del TEDH entiende que fue una referencia genérica y ambigua y no un llamamiento a alzarse en armas y dar un golpe de Estado. 

En definitiva, el TEDH concluye que los mensajes analizados no rompían el equilibrio razonable que debe existir, de un lado, entre el grado de compromiso del demandante con la sociedad para defender el orden constitucional y las instituciones y, de otro lado, su deber de preservar su independencia, su imparcialidad y la apariencia de ambas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. 

Resulta de interés también conocer los argumentos de los miembros del TEDH que disintieron de la decisión mayoritaria. En lo sustancial, consideraron que la referencia a la posible intervención del Ejército para salvaguardar la democracia es incompatible con el deber de contención exigible a los jueces, pues podía interpretarse como una justificación de un posible golpe de Estado, así como que otras expresiones no eran prudentes.

Y bien, en mi opinión – libremente expresada, desde luego -, las referencias del juez rumano a las injerencias del poder ejecutivo en la justicia o a las dificultades de la función jurisdiccional son de indudable interés público, con independencia de su concreto contenido, esto es, se compartan o no, y están amparadas, por tanto, en el interés de la sociedad de conocer el punto de vista de personas con conocimiento de causa y por la libertad de expresión, cuyos límites no entiendo rebasados ni como ciudadano ni como juez. Libertad que, sin embargo, también en mi opinión, no ampara esa apelación a una posible intervención del Ejército para salvar la democracia constitucional en Rumanía, toda vez que, al margen de que fuera una expresión genérica – faltaba más -, sin duda estaba apelando al posible uso de la fuerza militar contra las instituciones democráticas del Estado, lo que, aunque no lo sé a ciencia cierta, seguramente estará contemplado como un muy grave delito en aquel país. 

A diario escuchamos y leemos también aquí muchas opiniones de jueces y juezas de diverso signo, sobre la organización de la justicia, sobre reformas legales, sobre el poder judicial… Algunas de ellas a título exclusivamente personal y otras invocando su condición judicial. En todos los casos yo defiendo la libertad de expresión, sobre todas las cosas, salvo límites que, para mí, están claros, pues son los límites comunes de este derecho fundamental.

Sobre todo, no defiendo la libre expresión para unas opiniones negándola para otras. Todas las opiniones son, en principio, legítimas – salvo que traspasen aquellos límites -, coincidamos más o menos con ellas. Y las de juezas y jueces, igualmente.

El pasado 17 de diciembre varios medios de comunicación dieron cuenta del cese del chófer de la Presidenta de Extremadura. La razón dada para ello ha sido la de que el chófer en cuestión, primo, según se dice, de la Sra. Guardiola, había sido condenado por un delito de violencia de género. Condena que habría sido dictada, al parecer, por un delito de coacciones leves a su expareja hace unos meses. Una condena cuya existencia la Presidenta no habría conocido – o sí - hasta estas fechas. 

Se informa también que la condena habría consistido en una orden de alejamiento de seis meses y treinta días de trabajos en favor de la comunidad. Se desconoce o, al menos, hay noticias contradictorias al respecto, si la condena ha sido o no cumplida en su totalidad. Tampoco queda claro si el chófer había sido contratado antes o después de dicha condena.

Lo que sí es una evidencia es que la noticia no podía dejarse pasar desde el punto de vista político partidista. 

De entrada, porque, según saltó la noticia, ya se reprochó a la Sra. Guardiola mantener al chófer en su puesto, exigiendo su cese. De salida, porque la propia Presidenta decidió dicho cese inmediatamente después.

Y, desde luego, ha habido un buen número de reacciones, de las que destaco por su relevancia institucional la del Ministro Bolaños que, además de otras valoraciones, habría afirmado, según leo en algunos medios, que “la falta de explicaciones detalladas por parte de la presidenta de la Junta genera interrogantes sobre el mensaje que transmite a la sociedad y en particular a las mujeres” y que el mantenimiento del trabajador, con antecedentes de acoso, en su puesto de trabajo “envía una señal preocupante respecto de la lucha contra la violencia de género”.

Claro que, por otra parte, ha de contextualizarse la noticia y las reacciones habidas: se produjo nada menos que cuatro días antes de celebrarse las elecciones en Extremadura. Es de suponer que algo tendría que ver con ello la primera información sobre la condena de referencia. Pero, en cualquier caso, hasta aquí, lo único relevante es el cese del trabajador por la razón indicada.

Desconozco, porque no tengo elementos de conocimiento, en qué condición prestaba sus servicios para la Presidenta esta persona: si era un trabajador por cuenta ajena o si se trata de un puesto de libre designación o de confianza, si había superado alguna convocatoria pública… Pero también ello es irrelevante en relación a la reflexión que todo esto me ha suscitado.

El hecho cierto es que un trabajador ha perdido su empleo – cualquiera que fuera su modalidad – por haber sido condenado unos meses antes por un delito de coacciones leves a su expareja, en los términos antedichos. Este es el hecho principal y verdaderamente relevante. No quiero significar que carezca de importancia que hubiera sido condenado por aquel delito, pero sí quiero reflexionar acerca de si dicha condena ha de llevar aparejada la pérdida del trabajo, siendo así que, al parecer, el delito no guarda relación alguna con su actividad profesional como chófer para la Presidenta.

Cierto asimismo que, si el puesto era de confianza y libre designación, también sería libre el cese – en principio y sin entrar en otras valoraciones, que podrían hacerse igualmente -. Pero me interesa resaltar lo que ocurriría si fuera un trabajador por cuenta ajena y, en todo caso, los que yo veo como problemas de fondo.

En primer lugar, quiero recordar que ya existe criterio judicial sobre el despido por razón de la comisión de delitos no relacionados con el trabajo – al margen de la problemática relativa a la condena a pena de prisión que impide la asistencia al trabajo, lo que constituye, en principio, válida causa de extinción del contrato, a diferencia de la prisión preventiva, que sería solamente una causa de suspensión -. 

Según ese criterio de los Tribunales, que comparto plenamente, una alegación por parte de la empresa de pérdida de confianza en razón a hechos delictivos cometidos por la persona trabajadora sin conexión alguna ni cercana ni remota con el trabajo ni con sus funciones es una alegación que no puede sostener válidamente un despido cuando el trabajo se ha desarrollado sin tacha alguna. Se trataría, pues, de un despido cuando menos improcedente, pero incluso pudiera ser declarado nulo por discriminatorio. 

Pero no trato de entrar a calificar la decisión de cese de este trabajador, sino de plantear estas reflexiones más generales. Porque, ¿puede considerarse justo-legal que un trabajador pierda su trabajo, al que tiene derecho constitucional, por razón de cometer un delito que no afecta a su relación laboral?. ¿No es esta una condena añadida a la que se le hubiera impuesto ya?. ¿Qué argumento jurídicamente válido puede tener una empresa para despedir a alguien en esta tesitura?. 

Yo, la verdad, no lo veo en absoluto. Y no solamente cuando nos referimos a un determinado tipo de delitos. Ojo, ojo, que no quiero relativizar ni minimizar un ápice la gravedad de los delitos de violencia sobre la mujer – que así se llaman los Juzgados especializados en esta materia -, pues afectan de manera muy intensa a la vida de las víctimas. Pero lo cierto es que delitos graves hay muchos, afectando a bienes jurídicos muy relevantes, por lo que convendría que, en este aspecto que hoy abordo, no se pusiera el foco de manera tan potente en el tipo de conducta delictiva.

Por otra parte, como he dicho antes, no conozco si la condena ha sido ya cumplida o no en su integridad. En todo caso, dados los términos de la misma, es de suponer que pronto se ejecutará por completo. Y no se olvide que las penas tienen por finalidad, entre otras, la de la reinserción de quien delinque, la protección de la víctima y la reparación del daño causado por el delito. Lo que cobra especial relevancia en penas como la que, según se ha publicado, se habría impuesto al chófer de la Sra. Guardiola: alejamiento de la víctima y trabajos en beneficio de la comunidad.

Pero, ¿qué reinserción se puede lograr privando a nadie – injustamente – de su trabajo y, en gran medida también, de la posibilidad de obtener otro en un futuro inmediato?. ¿O es que quienes han exigido primero y aplaudido después este cese admitirían que esta persona trabajara en otra empresa?. ¿Y qué piensa la Sra. Guardiola, que es quien ha decidido el cese respondiendo sin demora alguna a las peticiones hechas en ese sentido, en ese contexto de campaña electoral?. ¿En qué empresa podrá trabajar esta persona?. ¿En cuál?. ¿O solamente es un criterio partidista oportunista y coyuntural?. En este caso, ¿estaba en juego la ejemplaridad de un representante de un poder público por estos hechos?. 

Pues, en mi opinión, a falta de otros datos, todo lo contrario: nada tiene de ejemplar imponer a una persona una condena no determinada por los Tribunales ni siendo consecuencia directa de una decisión judicial, cual es la de privarla de su trabajo. Y, sobre todo, sin duración determinada ni fecha de cumplimiento: esto es, una “condena de por vida”. ¿De verdad queremos esta “ejemplaridad”?. A mí no me encuentran ahí.

Define el Diccionario de la DRAE el “brindis al sol” como “cosa que se hace o dice generalmente para obtener algún beneficio, sabiendo que será inviable o que no tendrá ninguna consecuencia”. 

Es, en mi opinión, una definición que se ajusta como un guante a la iniciativa parlamentaria denominada “Proposición No de Ley”. Lamentablemente, es así tanto por definición como por la utilización que los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, hacen de ella. 

Fíjense si serán puros “brindis al sol” que, según diversas fuentes, en los dos años que llevamos de la presente legislatura se habrían presentado más de 2.500 Proposiciones No de Ley en el Congreso de los Diputados y más de 1.400 en el Senado. Ciertamente, no todas se han aprobado, pero sí han salido adelante la mayor parte.

La finalidad de una Proposición No de Ley es, esencialmente, mostrar la posición de la cámara ante un tema concreto, instando al Gobierno a adoptar determinadas medidas al respecto. Ahora bien, dado que la iniciativa carece de carácter legislativo, su eficacia es bien limitada y, en sí misma, carece de toda virtualidad más allá de la ya dicha. Es el Gobierno el destinatario del pronunciamiento y en sus manos queda dar cumplimiento a lo solicitado, en el tiempo y la forma que entienda oportuno, o bien hacer oídos sordos a lo planteado. Normalmente, es este segundo el destino que siguen estas proposiciones. Y, también normalmente, no se pide rendición de cuentas al respecto. Una vez aprobada la Proposición No de Ley y debidamente publicitada, normalmente por su proponente, va a dormir el sueño de los justos, sin que nadie ose interrumpirlo.

Más allá de su tramitación, que puede ser tanto en Pleno o en Comisión, regulada en el Título X del Reglamento del Congreso de los Diputados –artículos 193 a 195– y su concordancia en el del Senado, me interesa comentar un par de estas iniciativas, recientemente aprobadas. Para ilustrar lo que afirmo, esto es, su absoluta inanidad y la consiguiente frivolidad –en términos político-parlamentarios, claro– con la que se presentan.

No niego la buena voluntad de muchas de estas Proposiciones No de Ley. Muchas de ellas vienen impulsadas desde la sociedad civil, desde personas y grupos que trabajan incansable y comprometidamente en sectores muy complicados, que necesitan apoyo público o apoyo mayor del que ya tienen. Lo que quiero expresar es que la aprobación de una iniciativa de esta naturaleza no garantiza en absoluto el recorrido que va a tener y, menos aún, el logro del objetivo en ella plasmado, contra lo que esas personas y grupos pueden legítimamente pensar y esperar. O sea, un auténtico un “brindis al sol” y, si me lo permiten, una “estafa parlamentaria”, en muchos casos.

Vayamos con ese par de ejemplos que quería mencionar. Ambos corresponden a temas que me son muy cercanos, razón por la que los conozco y les he seguido la pista. Y ambos son muy recientes. Los voy a comentar en orden cronológico relativo a la fecha de su aprobación en el Congreso de los Diputados.

La primera de las iniciativas a la que me refiero se aprobó por el Pleno del Congreso el 17 de septiembre pasado. Se trataba de una Proposición No de Ley del Grupo parlamentario Sumar relativa “al establecimiento por ley de un despido realmente restaurativo y disuasorio”, en la que se insta al Gobierno a:

“Adoptar las medidas necesarias para que la legislación española dé cumplimiento a lo dispuesto por los instrumentos internacionales ratificados, en particular la Carta Social Europea, en la interpretación que de ella hace el Comité Europeo de Derechos Sociales, y el Convenio 158 de la OIT, regulando una indemnización en caso de despido improcedente que sea realmente disuasoria y restaurativa.”. La iniciativa ha salido adelante con 171 votos a favor, 170 en contra y 6 abstenciones, siendo de destacar que dicha aprobación ha sido posible por el voto favorable emitido por error por un Diputado del Grupo Parlamentario Popular.

No me negarán que la iniciativa en cuestión permite varios comentarios, al margen de la anécdota – en modo alguno irrelevante – de su aprobación mediando el error dicho. 

El primer comentario que me suscita se refiere al sujeto que plantea la iniciativa: nada menos que un Grupo parlamentario que forma parte del Gobierno con cinco Ministerios, uno de los cuales es, precisamente, el Ministerio de Trabajo, al que, sin duda alguna, compete este tema. Tema acerca del que la Ministra Díaz se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido que se contiene en la Proposición No de Ley aprobada. Y la pregunta es: ¿cómo es posible y qué finalidad tiene que el Congreso inste al Gobierno a adoptar esas medidas, siendo así que el Ministerio puede impulsar un Anteproyecto de Ley para que el Gobierno remita posteriormente el correspondiente Proyecto a las cámaras?. ¿Por qué el Ministerio – y el Gobierno – no hacen lo que creen que deben hacer?. Otro misterio a añadir a los grandes misterios de la humanidad.

El segundo comentario tiene que ver con la modalidad de iniciativa escogida. Siendo una Proposición No de Ley, en este caso se está solicitando del Gobierno que modifique nuestra legislación, lo que solamente cabe hacer mediante una Ley y, por ende, bien por un Proyecto de Ley presentado por el propio Gobierno, bien por una Proposición de Ley presentada por un número determinado de miembros del Congreso o del Senado.

En definitiva, una iniciativa parlamentaria en mi opinión absurda, innecesaria, superflua, sin efecto alguno y solamente útil para la propaganda política. Completamente inútil, en definitiva, en sí misma, para “cambiar la vida de la gente”. Pero, sin duda, construye un determinado relato.

La segunda Proposición No de Ley a comentar la presentó el pasado 12 de febrero el Grupo Parlamentario Socialista, y es relativa a la lucha contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas – en adelante, ETDs -, para su debate en pleno. Ya hice un comentario a este respecto en este mismo espacio de opinión el 24 de marzo, un comentario muy optimista, la verdad, pues me alegró infinitamente que, en medio de la trifulca política, este tema también fuera del interés parlamentario. Aquella iniciativa instaba al Gobierno, en esencia, a, entre otras acciones, continuar apoyando y reforzando la lucha contra las ETDs a través de los programas y proyectos de diferentes Organizaciones – Internacionales y No Gubernamentales - que participan en dicha lucha, analizar la posibilidad de incluir en el futuro en el Plan de Acción de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID – una mención expresa a la inversión en la lucha contra las ETDs.

Pues bien, es cierto también en este caso, como en el anterior, que es el Gobierno el que tiene en sus manos dar respuesta a todas estos tremendos e inaplazables retos, en esta materia, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, al que está adscrita la AECID, y que, por tanto, no se comprende tampoco la iniciativa del Grupo Socialista, parte mayoritaria del Gobierno y en cuyas manos está dicho Ministerio, pues bien podía haber actuado directamente y a tiempo.

En todo caso, el texto de la Proposición No de Ley de referencia ha sido aprobado por el Pleno del Congreso, si bien su alcance es muy limitado, no solamente por sus propios vagos e indeterminados términos, sino también por quedar al albur de la actuación del Gobierno y la AECID y porque han quedado fuera menciones expresas a África y a ETDs de manifestación cutánea, que son el alta prevalencia.

En todo caso, bienvenidas sean algunas de estas iniciativas, aunque en sí mismas sean innecesarias con relación al cauce seguido. Cumpla ahora el Gobierno con lo que el Congreso le ha solicitado, en peticiones impulsadas por los Grupos Parlamentarios que forman parte del propio Ejecutivo. 

Es de suponer que ya no falta nada más para que se aborden estas cuestiones, en los términos planteados, de manera positiva, con los medios económicos necesarios y una acción realmente proactiva. Ya están todos los elementos necesarios, pues está el mandato y el sujeto interpelado y obligado – el Gobierno –, se insta a sí mismo por tercero interpuesto – los Grupos Parlamentarios -, por lo que debe, sin duda, actuar inmediata y convencidamente. Es lo menos que cabe exigir para cumplir con las Proposiciones No de Ley y, sobre todo, para lograr un mundo más justo. Más justo para todas las personas trabajadoras de aquí y para las personas y poblaciones más vulnerables de entre las vulnerables.

Es de esperar que en breve tendremos noticias muy positivas de alguna iniciativa legislativa del Gobierno en lo que es preciso para responder a este pronunciamiento parlamentario. Si no, seguirá siendo un mero brindis al sol y, si me lo permiten, una auténtica “estafa” parlamentaria y gubernamental.

El pasado viernes, 28 de noviembre, tuvo lugar en la villa de Gernika un acto verdaderamente relevante. Un acto que, esta vez con toda justicia, ha sido calificado de “histórico”. No en vano tuvo como objetivo recordar a las víctimas del bombardeo de Gernika, ocurrido el 26 de abril de 1937, en un ataque aéreo de la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, en apoyo del bando sublevado contra la Segunda República Española. 

No fue el único ni el primero de los bombardeos, pues el 31 de marzo anterior, la villa de Durango, a pocos kilómetros, fue igualmente atacada por aviones italianos y alemanes, en lo que constituyó, según gran número de historiadores, uno de los primeros experimentos de los bombardeos del terror, para vencer la moral de la población civil y destruir las comunicaciones por carretera. Una auténtica atrocidad, incluso en guerra.

Una barbarie de entre muchas, pues hubo en España, además de otros horrores, más ataques de los mismos ejércitos – en particular, de la aviación italiana -, intensificándose en 1938 en Barcelona, Alicante, Granollers y otras ciudades, concentrándose en la costa mediterránea, aún bajo el mando de la República.

Sin embargo, ha sido Gernika la que ha protagonizado el mayor simbolismo de estos ataques, tanto por el propio salvaje ataque que la destruyó como por la relevancia de la villa en la historia vasca y por el hecho de haber sido plasmado todo ese horror en el célebre cuadro de Pablo Picasso.

Durante años la mentira se impuso y alguna prensa de la época imputó a “los rojos” y/o a “los separatistas” la destrucción de la villa y achacó a “las radios rojas” de mentir sobre la autoría del bombardeo. El silencio se hizo también un hueco, debido al miedo en los tiempos negros de este país.

Pues bien, el pasado viernes el Presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, acompañado del Rey Felipe VI y del Lehendakari Pradales, protagonizó un acto de tributo y homenaje a las víctimas de aquel bombardeo. Un acto en el que depositó una corona de flores blancas, permaneció en pie en silencio durante un minuto, claramente inclinado, reconoció “la responsabilidad histórica” de su país en aquellos hechos, pidió perdón en nombre del pueblo de Alemania y se reunió con dos mujeres supervivientes, Cruxita y María del Carmen. Lo que quiero resaltar son algunas de sus palabras: “Eran nazis, pero lo hicieron en nombre de Alemania”. Lo que se puede calificar de un acto completo de asunción de responsabilidad, una responsabilidad ya asumida en 1997 cuando el Presidente alemán Roman Herzog dirigió una carta en tal sentido, pero con especial intensidad en esta ocasión, en la que ello tiene lugar in situ. 

Este acto ha sido resaltado en los medios de comunicación con variedad de enfoques, como es de esperar. Algunos – bastantes – medios se han hecho eco de las intervenciones de varios líderes políticos que reprochan a “España” “no haber reconocido aún el daño causado en Gernika”. En estos términos se ha pronunciado el Lehendakari, que ha expresado su decepción por “el silencio del Estado español” y por “haber dejado pasar esta magnífica oportunidad” de pedir perdón por el bombardeo de Gernika. Como digo, no es el Lehendakari el único en pronunciarse en este sentido, puesto que así ha hablado también Aitor Esteban, presidente del PNV, y Oskar Matute, Diputado por EHBilldu.

Y esta es la cuestión que me planteo: ¿Debe España pedir perdón por el bombardeo de Gernika? Es una pregunta sencilla de formular y tremendamente complicada de responder. Al menos para mí. De hecho, para responder, solamente se me ocurre preguntar. Ya ven.

Porque, ¿qué y quién es el “Estado”?

¿Es el Estado, en su configuración constitucional actual, heredero directo del franquismo? Y, lo fuera o no, ¿ha de asumir una responsabilidad por todo lo hecho por los sublevados contra la II República? ¿No se alzaron en armas los sublevados contra el Estado español? ¿No fue el régimen franquista un régimen contrario al legítimamente establecido antes del golpe de 1936, esto es, a la II República? ¿No fue el Estado español, con su Gobierno legítimo al frente, víctima del golpe franquista y de todos los horrores posteriores? (Además de todos los horrores por todos cometidos en su día, sin excepción).

¿Es la Constitución de 1978 heredera directa del franquismo y responsable de todos sus actos? ¿Es el Rey, Jefe del Estado, directo heredero del dictador?

Si el “Estado” es responsable del horror de Gernika, ¿no lo sería también el Gobierno Vasco como parte del Estado, habiendo asumido su estructura constitucional actual y formando parte de él?

¿No había encargado el Gobierno de la II República Española a Picasso el cuadro “Guernica” para ser expuesto en la Exposición Internacional de 1937 en París y favorecer así la legítima causa republicana? Un Gobierno del que el PNV formaba parte en la persona de Manuel de Irujo, ministro sin cartera entre septiembre de 1936 y mayo de 1937, y como ministro de Justicia hasta diciembre de 1937.

¿Obvió entonces el Estado español algún deber con Gernika? ¿No fue también aquel Gobierno y el régimen republicano víctima de semejante atrocidad?

¿No fue el bombardeo de Gernika un ataque tremendo contra el Gobierno del Estado? ¿No se trataba de golpear y anular dicho Gobierno y constituir un Estado nuevo, fascista, como así se hizo?

Parece que el “Estado” no fuera nadie: como si nadie fuéramos Estado. Como si el Gobierno Vasco no fuera Estado. Entonces, todas y cada una de las personas que formamos parte de él deberíamos pedir perdón y asumir nuestra responsabilidad.

Pero, en este caso de Gernika, no lo veo. Quienes atacaron Gernika eran rebeldes alzados contra el Gobierno legítimo de la II República, por más que vencieran y establecieran un Estado de terror. El actual sistema constitucional ha tratado de superar esa realidad, ciertamente, asumiendo una nueva Jefatura del Estado en forma de monarquía y una nueva estructura territorial y en otros órdenes.

No soy yo monárquica, sino lo contrario, por razones de esencial democracia, de derechos de ciudadanía y por pura racionalidad. Quiero que se me consulte a este respecto, lo que no se ha hecho y cuyo debate ha sido obviado en el marco institucional por los partidos que han gobernado desde 1978. Pero, en todo caso, no creo que pueda afirmarse que el Rey es heredero del dictador Franco. Lo es, sin duda, pero con el concurso del pueblo español. Yo no lo comparto y quiero hablar, deliberar y decidir sobre ello. 

En Alemania asumen el pasado como propio, ya que fue el Estado el que actuó y, en su nombre, un Gobierno “legítimo” que descansaba en la soberanía popular y que, en nombre de tremendas ideas, fue el causante del Holocausto, acerca del que también ha mostrado su petición de perdón y reparación. Sin embargo, ello es algo bien distinto a lo que ocurrió en Gernika pues, como digo, no fue el Estado el autor del ataque, sino una víctima más.

En este sentido, el Estado ha declarado el espacio urbano de Gernika-Lumo como “Lugar de Memoria Democrática”, en Acuerdo de 13 de marzo de 2024 publicado en el BOE de 13 de abril siguiente. Acuerdo en el que puede leerse, entre otras reflexiones, que la villa, “con la recuperación de la democracia, se ha convertido en referente de la acción institucional y social en la recuperación crítica del pasado para construir y reforzar una cultura de paz y respeto a los derechos humanos a través de importantes acciones memoriales en el espacio público”, y pone de relieve “su vinculación a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de la cultura de paz, los derechos humanos y los valores democráticos”. 

Y, siguiendo la corriente de Alemania, bien debe – aquí sí – el Estado español y, en su nombre, todos los Gobiernos, pedir perdón y asumir responsabilidades por todas las atrocidades cometidas desde su núcleo o desde sus aledaños – guerra sucia desde 1975 y también tras la Constitución, GAL y similares… -, pues esto sí lo hicieron los Gobiernos “legítimos”, algo de lo que nadie ha rendido cuentas en ningún momento. Y esto sí es realmente grave.

Nota final: Me habría gustado leer a Elisa Beni a este respecto en este medio. Me interesa su opinión formada, en este y en otros temas. Ya no es posible. No sé si ha contrariado deberes periodísticos que yo desconozco por falta de formación y experiencia mía al respecto. He leído a Ignacio Escolar, cuyo criterio respeto. En todo caso, me causa infinita pena. 

El artículo 18 de la Constitución “garantiza el derecho al honor”. Igualmente, lo hace el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al proclamar que “nadie será objeto de (…) ataques a su honra o a su reputación” y que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 

Mucho escuchamos hablar del “honor” de muchas personas, normalmente personas relevantes en la vida pública – política, justicia, deporte, arte… -. Y demasiado poco se habla del “honor” de quienes no tienen esa relevancia, esto es, del honor de la “gente corriente”, como lo somos la mayoría.

Me interesa hoy traer hasta ustedes un caso de vulneración de este derecho al honor de una persona sencilla, de una trabajadora. Puede que no les interese, pues no entra en ninguna batalla partidista o de bloques, pero, les aseguro, entra de lleno en el meollo de un aspecto esencial en nuestras vidas: nuestra dignidad y nuestro honor, nuestros derechos de ciudadanía. Lo que, a su vez, tiene una incidencia directa en nuestro bienestar y en el de quienes nos rodean.

Además, es claro que, por más que vivamos en un mundo extraordinariamente complejo, en muchas ocasiones solamente vamos a poder comprenderlo desde lo simple, lo pequeño, lo que sucede a nuestro lado. Incluso a veces resolver lo simple puede resultar más complicado que resolver lo complejo. A mí, al menos, así me ocurre.

Por eso les traigo esta pequeña historia. Una historia que, en mi opinión, tiene trascendencia y que conozco porque me ha correspondido juzgarla, junto con otros dos compañeros. No revelo ningún secreto porque es una sentencia y, por tanto, es pública y porque, además, ya ha sido comentada en algún blog jurídico especializado. Para su información y para que puedan leerla, si así lo estiman, se trata de la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco n.º 2282/2025, de 28 de febrero de 2025.

Es la historia de la trabajadora “zumbada”. La historia de Dña. Felisa – nombre atribuido por el CENDOJ al publicar esta sentencia -, una trabajadora con categoría de administrativa prestando servicios para una empresa formada por dos socios, uno de los cuales ha sido su pareja sentimental, con quien tiene un hijo nacido en 2021 que tiene reconocida una discapacidad por una grave dolencia, estando la pareja inmersa en un procedimiento de divorcio, en el marco del que se ha atribuido a Dña. Felisa la guarda y custodia del hijo, habiendo mediado denuncia por violencia de género – que fue sobreseída judicialmente – y habiendo estado la trabajadora en situación de incapacidad temporal desde hace largo tiempo. Dña. Felisa solicitó en un momento dado teletrabajar, lo que la empresa le negó, abriéndose a valorar otras opciones y soluciones, logrando finalmente una sentencia estimatoria de su pretensión de teletrabajo. Tras ello, en dos nóminas que se le abonan por transferencia bancaria, se hace constar en la casilla correspondiente a “beneficiario” el término “zumbada”. Ella denuncia penalmente este hecho contra su exmarido, al que se absuelve porque en el curso de dicho procedimiento penal su socio reconoció que las dos transferencias las hizo él. 

Esta es la historia, brevemente contada. 

Posteriormente, Dña. Felisa interpuso una demanda en los Juzgados de lo Social de Bilbao solicitando la tutela de sus derechos fundamentales, demanda que dirigió frente a la empresa y el socio que había admitido haber hecho las transferencias, con intervención del Ministerio Fiscal. El Juzgado desestimó su demanda por entender que no concurría “acoso laboral” y Dña. Felisa recurrió la sentencia – ante nuestra Sala -, si bien en el recurso no sostuvo ya que concurriera acoso, basando todo su argumento en la vulneración de su derecho al honor y la dignidad personal.

Y la Sala analiza sus alegaciones en un examen que exige determinar si vulnera el derecho al honor de la demandante la expresión “zumbada” que se recogió en las transferencias bancarias en cuestión.

Recuerda el Tribunal la previsión del artículo 18 de la Constitución y su desarrollo en la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad personal y familiar y a la Propia Imagen, cuyos artículos 7 y 8 contemplan lo que se considera y lo que no una intromisión ilegítima a estos derechos, que pueden reclamarse tanto en vía civil como penal.

Y se concluye que tal ilegítima intromisión concurre en el caso estudiado, que el derecho al honor de Dña. Felisa ha sido vulnerado. Lo que se razona considerando que la expresión “zumbada” hace directa referencia a una situación de estado mental que no es admisible, por ser insultante. Además, se argumenta que se está utilizando dicha expresión en un contexto de la propia relación laboral, esto es, al abonarse los salarios mediante transferencia.

La Sala también sostiene, aunque ello no fuera determinante, que la expresión “zumbada” se utiliza en un marco en el que hay otras personas que han podido tener acceso y conocimiento de la misma, esto es, que no se ha producido en un entorno meramente privado, toda vez que se ha incluido en órdenes de transferencia a las que pueden tener legítimo acceso personas trabajadoras de la entidad bancaria.

Y también se entiende que no se trata de un supuesto en el que la demandante haya sido insultada en el marco de una relación puramente privada, sino que lo ha sido al percibir sus salarios por el trabajo realizado para la empresa demandada, salarios abonados por orden de aquella por el socio también demandado, sin que exista ninguna relación persona o íntima entre Dña. Felisa y dicho socio, lo que abunda en la consideración de que el honor de la trabajadora ha sido gravemente perjudicado en un contexto laboral.

Y, como ordena la Ley, ha de repararse esta vulneración de un derecho fundamental. Una reparación que, conforme a los criterios jurisprudenciales y legales, se ha fijado en una indemnización de 10.000 euros, que fue exactamente la suma solicitada por Dña. Felisa.

Es una pequeña historia, pero que permite reflexionar en torno al mundo del trabajo y los derechos de las personas. Unos derechos fundamentales que no desaparecen cuando una persona traspasa la puerta de una empresa para prestar sus servicios. Porque, trabajadora o no, se sigue siendo persona titular de derechos. Así lo tiene reiterado el Tribunal Constitucional, que ha insistido “en la plena efectividad de los derechos fundamentales del trabajador en el marco de la relación laboral, ya que esta no puede implicar, en modo alguno, la privación de tales derechos para quienes prestan servicio en las organizaciones productivas, que no son ajenas a los principios y derechos constitucionales”. Igualmente, ha insistido el TC en la idea de que “la libertad de empresa que establece el art. 38 del texto constitucional no legitima que quienes prestan servicios deban soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor central en el sistema jurídico constitucional”, aunque “dichos derechos puedan resultar modalizados por el contrato de trabajo”.

Pues eso, también en el mundo del trabajo los derechos fundamentales tienen plena efectividad y son, por supuesto, defendibles en los tribunales. Si estos derechos se pisotean en el trabajo, pisoteados quedan para nuestra vida integral.

El 18 de marzo de 2022 supimos, curiosa y vergonzantemente por comunicación de las autoridades de Marruecos, que el presidente del Gobierno español había dirigido una carta al rey de aquel país en la que, sobre la cuestión del Sáhara Occidental, se subrayaba “la importancia que tiene” el tema y “los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos, en el marco de Naciones Unidas, para encontrar una solución mutuamente aceptable”, así como que “España considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”.

En realidad, la propuesta marroquí, aceptada ya entonces por España, supone, dicho en pocas palabras, reconocer al pueblo saharaui algunas competencias para su gestión, pero formando parte del Estado de Marruecos. Es decir, se pondría punto final a la histórica aspiración de ese pueblo al ejercicio de su derecho de autodeterminación, algo que España había apoyado hasta 2022.

Ya en su día se plantearon muchas preguntas a este respecto, preguntas que el Gobierno español no ha respondido o, al menos, no de manera suficiente para explicar el radical giro en su posición. 

Un giro que significa olvidar de plano y definitivamente la responsabilidad del Estado español en este tema. Porque España no es, en modo alguno, un Estado cualquiera en relación con esta cuestión. Recuérdese, si no, la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1965 que declaró que España era potencia administradora del territorio del Sahara. Y recuérdese también lo que la justicia española ha dicho al respecto, en el Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 4 de julio de 2014 en el que, en el marco de unas Diligencias penales seguidas por delitos de lesa humanidad y genocidio, se manifestó la conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal en el sentido de que España es “de iure”, aunque no “de facto”, la potencia administradora de este territorio.

Un giro en el que viene ahora a coincidir la ONU, precisamente cuando se cumplen 50 años de la ocupación del Sáhara occidental por Marruecos. ONU cuyo Consejo de Seguridad ha aprobado el pasado viernes 31 de octubre una Resolución que respalda el plan de Marruecos para el Sáhara occidental, plan que dicho Estado denomina “Iniciativa de Autonomía”, esto es, que no garantiza en absoluto el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, si bien el texto de la Resolución sigue refiriéndose a su “libre determinación”. Al mismo tiempo se prorroga un año más el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental – MINURSO -, una prórroga cuya eficacia no se adivina ya en absoluto una vez aceptado el plan marroquí.

Giro histórico ante el que no se ha opuesto ninguno de los Estados representados en el Consejo de Seguridad de la ONU, pues once de ellos han votado a favor – Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guayana, Panamá, Corea, Sierra Leona y Somalia - y tres se han abstenido – Rusia, China y Pakistán -, no participando Argelia en la votación para, según sus representantes, “demostrar su distanciamiento de un texto que no refleja de manera fidedigna la doctrina de Naciones Unidas en materia de descolonización”.  

Huelga decir, por otra parte, aunque conviene recordarlo ahora, que Marruecos ha agradecido expresamente a varios Estados, entre ellos España, sus esfuerzos que han contribuido “al éxito de este proceso pacífico”.

No quiere esto decir, en sí mismo, que la cuestión esté definitivamente zanjada, pero casi. El propio Frente Polisario se ha ocupado estos días de insistir en que “la Resolución de hoy no implica ningún reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara occidental”. Pero, sinceramente, si no es así, se le parece mucho, demasiado. 

Sin embargo, pese a esta trascendental Resolución, existen algunas cuestiones y posiciones que convendría clarificar en el ámbito internacional, más allá de la propia ONU, cuyas Resoluciones anteriores - nada menos que 74 específicas Resoluciones sobre este conflicto –, tanto de su Asamblea General como de su Consejo de Seguridad, han ido reiterando el “derecho de libre determinación del pueblo del Sahara Occidental” y creado la MINURSO a tal fin.

En este sentido, conviene recordar también que la Corte Internacional de Justicia ya declaró el 22 de octubre de 1975 que al Sahara Occidental le es de aplicación la trascendental Resolución n.º 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1960 sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales mediante el derecho de libre determinación. Si bien se constatan también flaquezas y vaivenes en la propia ONU, toda vez que algunas de dichas Resoluciones han apelado a “lograr una solución política realista, viable y duradera para la cuestión del Sahara Occidental basada en la avenencia y la importancia de adaptar el enfoque estratégico de la MINURSO y orientar los recursos de las Naciones Unidas con ese fin”, aunque no han llegado, tampoco ahora, al punto de renunciar expresamente a un referéndum. 

También la Unión Europea ha mantenido una posición titubeante y tibia. Y no se pierda de vista que cuatro de los once países que han aprobado la Resolución de la ONU pertenecen a la UE y que otro – España – ya había adoptado previamente la misma posición.

Sin embargo, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea – TJUE – dictó el 4 de octubre de 2024 dos Sentencias muy relevantes, en las que, tras más de doce años de procedimientos judiciales promovidos por el Frente Polisario, confirmó la nulidad de los acuerdos de pesca y de libre comercio entre la UE y Marruecos, poniendo así fin a la explotación ilegal de los recursos naturales del Sahara Occidental. Sentencias cuyo argumento principal, muy muy resumidamente expresado, es el de que dichos acuerdos vulneran el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y a soberanía permanente de dicho pueblo sobre sus recursos naturales, tal como los tiene reconocidos, en palabras del propio TJUE, por los principales órganos de la ONU – Consejo de Seguridad, Asamblea General y Corte Internacional de Justicia -. Asimismo, en pronunciamiento trascendental en esta cuestión, el TJUE razona que aquellos acuerdos vulneran el llamado “principio del efecto relativo de los tratados”, principio que significa que “un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento”, esto es, dicho en pocas palabras, que el Sahara Occidental no forma parte de Marruecos, que el Frente Polisario es el representante legítimo del pueblo saharaui – lo que admite al reconocer su legitimación para entablar dichos procedimientos - y que cualquier decisión que afecte al pueblo saharaui ha de serle consultada. 

Bien es verdad que los pronunciamientos del TJUE tienen matices importantes, y desgraciadamente no soslayables, pues sostienen también que el consentimiento del pueblo saharaui puede entenderse implícito en determinadas circunstancias.

Desconocemos lo que en adelante decidirá la UE sobre el Sáhara Occidental, aunque ya no cabe esperar que sostenga la “libre determinación del pueblo saharaui”, sino, al contrario, un apoyo explícito a la Resolución de la ONU. Lo que se alejará aún más de una solución justa, reclamada desde hace cinco décadas.

Y lo mismo cabe decir, naturalmente, de la actual posición del Gobierno de España, adoptada hace ya tres años. Por supuesto, tampoco cabe que el pueblo saharaui espere nada de este Gobierno en relación con su derecho a autodeterminarse y decidir su futuro. Una posición que, se diga lo que se quiera, es una decisión del Gobierno, de todo el Gobierno, que es quien, según el artículo 97 de la Constitución, “dirige la política … exterior”. Quienes han apretado – legítimamente, claro – para dirigir la acción del Ejecutivo en otros terrenos, no pueden dejar de hacerlo ahora, con la misma fuerza, aunque es ya demasiado tarde. 

Y mucho me temo que tampoco se puede esperar nada de una ciudadanía que, a diferencia de las movilizaciones contra la salvaje masacre asesina de Israel en Gaza, no parece sentir la misma empatía con el pueblo saharaui, cuyo sufrimiento es también inmenso. Y, de hecho, no la ha sentido masivamente, salvo algunas excepciones, desde que el Gobierno dio el volantazo que dio en 2022. ¿Quién puede comprender esto sin sonrojarse y avergonzarse profundamente?

Tribunal Constitucional dixit. 

En efecto, el TC resolvió por fin, el 9 de mayo de 2023, el primer y principal recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley Orgánica 2/2010, con nada menos que 13 años de retraso, lo que ha supuesto un ejercicio mayúsculo de cinismo democrático y constitucional y una muestra incomprensible y vergonzosa de gran cobardía, por no enfrentarse debidamente a la decisión, fuera la que fuera y la que correspondiera. Un retraso verdaderamente injustificable todavía hoy. 

Siempre con varios Votos particulares que expresan discrepancias más o menos profundas, el TC, en Sentencias 44/2023, de 9 de mayo y 92/2024, de 18 de junio, rechaza los recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente a diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En dichas Sentencias ha determinado, en esencia, que “para la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, el legislador debía inspirarse «en el respeto a la dignidad de la mujer y al ”libre desarrollo de la personalidad“» y que «la interrupción voluntaria del embarazo, como manifestación del derecho de la mujer a adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables, sin violencia, coacción ni discriminación, con respeto a su propio cuerpo y proyecto de vida, forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la integridad física y moral (art. 15 CE) en conexión con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como principios rectores del orden político y la paz social (art. 10.1 CE)”. Igualmente el TC afirma que “todo lo relacionado con el embarazo y parto debe entenderse vinculado, fundamentalmente, a la vida privada de la mujer y, por tanto, a su derecho a la intimidad personal (art. 18.1 CE)”.

Es de interés recordar también la Sentencia del TC 78/2023, de 3 de julio, esta vez resolviendo el recurso de amparo de una mujer de Murcia a la que se derivó a otra Comunidad Autónoma para interrumpir su embarazo. Pues bien, el TC considera que la derivación de la mujer a un centro sanitario privado lejano a su residencia habitual sin aducir motivos excepcionales “ha vulnerado el derecho de la recurrente a la interrupción del embarazo que forma parte de su derecho fundamental a la integridad física y moral (art. 15 CE, en conexión con el art. 10.1 CE)”.

Tenemos, pues, perfectamente definido este derecho e incardinado el mismo como derecho constitucional fundamental y conectado asimismo con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, todo ello en los términos expresados.

Resulta que ahora llevamos días oyendo hablar - y hablando también, claro – del aborto. Todo ha (re)comenzado cuando en el Ayuntamiento de Madrid el PP se sumó a una proposición de VOX para aprobar dar a las mujeres que pretendían abortar información sobre un pretendido “síndrome post-aborto”. Continuó el embrollo reconociéndose por el gobierno municipal de Madrid – el propio alcalde - la falta de evidencia científica sobre la existencia de dicho “síndrome”. Y ha seguido también con otras manifestaciones de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en sede parlamentaria autonómica sobre el registro de facultativos objetores al aborto.

A todo ello ha respondido, por el momento, el Gobierno acordando el pasado martes 14 de octubre en Consejo de Ministros iniciar los trámites para “blindar” el aborto en la Constitución. Para ello propone modificar su artículo 43, referido al “derecho a la salud”, a fin de incluir un nuevo párrafo que tendría el siguiente contenido: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”. 

Se inicia así un largo y complicado recorrido cuyo primer paso es el de remitir esta propuesta de reforma constitucional al Consejo de Estado para que emita su preceptivo dictamen en dos meses, dado que se sigue la tramitación por el procedimiento ordinario. Veremos cómo continúa este recorrido, si bien cabe aventurar, sin arriesgar demasiado, que será imposible lograr la cualificada mayoría de tres quintos, necesaria para su aprobación en el Congreso y en el Senado.

Sostiene el Gobierno que, si bien este derecho ya está reconocido por el Tribunal Constitucional, podría darse un cambio jurisprudencial que hiciera retroceder en su reconocimiento y garantía.

La cosa es que el debate no solamente se está produciendo entre los dos bloques ideológicos del país – la izquierda y la derecha -, sino particularmente también en el seno de la propia izquierda, como hemos venido escuchando en unos términos en mi opinión ciertamente interesantes y muy formativos.

Muchas voces se han alzado ya, y muchas de ellas técnicamente muy cualificadas, acerca de que la reforma constitucional así planteada, en lugar de “blindar” el derecho al aborto, lo deja más desprotegido, ya que lo que ahora se configura como un derecho fundamental, al incluirlo en el artículo 43 de la Constitución dejaría de tener tal carácter cualificado para pasar a ser un “principio rector de la política social y económica”. O sea, para que se entienda: tendría el mismo rango y valor constitucional que el derecho al trabajo o el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. ¿Creen ustedes que esto es “blindar” en serio un derecho?

Pues sí, ciertamente, así ocurriría de aprobarse esta reforma impulsada por el Gobierno. ¿Y con qué consecuencias jurídicas?

Los derechos fundamentales – entre ellos, desde luego, el derecho a la vida y a la integridad física y moral del artículo 15 de la Constitución, en el que el Tribunal Constitucional ha incardinado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo – tienen un régimen de especial protección, a saber: gozan de eficacia directa sin necesidad de normas de desarrollo para su aplicación, solamente pueden ser regulados por una Ley Orgánica que habrá de respetar su contenido esencial, como de hecho lo está ahora, y estaría también garantizado el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Ya ha quedado suficientemente claro el porqué de la decisión del Gobierno de acometer esta reforma constitucional en los términos dichos. Sin duda no hay más razón que la de eludir el aún más complicado proceso que debería seguirse si se tratara de incluir este derecho en el catálogo de derechos fundamentales, pues exigiría superar la mayoría de nada menos que dos tercios de las Cámaras para aprobar la iniciativa, conllevaría la disolución inmediata de las Cortes y celebración de elecciones, la posterior aprobación parlamentaria del texto definitivo por la mayoría antedicha y un referéndum posterior. ¡Ahí es nada!. Es absolutamente irrealizable en la coyuntura política actual, tanto para este como para cualquier otro tema. Y el Gobierno lo sabe, naturalmente.

Y si la propuesta del Gobierno realmente nada relevante aportara e, incluso, fuera o pudiera ser un retroceso, ¿por qué y para qué se hace?. Pues, desafortunadamente, esto también parece claro. Sería, en la interpretación que de estos hechos dan no solo analistas sino también grupos políticos de todo color, un mero intento de “postureo” y de desviación de la atención ciudadana, para, al mismo tiempo, forzar al resto de fuerzas a manifestarse sobre la cuestión, siempre en clave de adhesión o discrepancia abierta con partido mayoritario en el Gobierno.

Así, parece que, en efecto, hay grupos políticos e instituciones, incluido ahora el Gobierno, que tratan de poner en este momento la cuestión del derecho al aborto en el foco del debate político o, más bien, de la polémica o de la refriega partidista. Es un nuevo tema que permite a más de una/o disimular sus carencias y su falta de respuesta adecuada a las necesidades ciudadanas más acuciantes. Pero no han elegido para ello un tema cualquiera: jugar con el aborto y con nuestro derecho a decidir ser madres o a no serlo es peligroso, relega y olvida lo ya conseguido y es, sobre todo, muy injusto con todas las mujeres.

Mucho se ha luchado; demasiado sufrimiento ha habido ya; demasiado se ha tardado en reconocer este derecho.

Por eso, déjalo como está, tal como lo ha configurado el TC, como un derecho fundamental, y no lo degrades. ¡No le toques ya más, que así es la rosa!, como dijo Juan Ramón Jiménez en su poema titulado “El poema”. 

Hace poco más de un año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó ante el Comité Federal del PSOE que pensaba gobernar “con o sin el concurso del poder legislativo”. Palabras que algo más tarde matizaría o aclararía al mostrar “su máximo respeto y máxima colaboración con todos los grupos parlamentarios, salvo uno”.

Traigo a colación ahora estas palabras porque estamos, en mi opinión, en un momento crítico de la vida política y, más concretamente, de la vida parlamentaria. Momento crítico porque debiera ser, fundamentalmente, el tiempo de debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, lo que constituye el núcleo sustancial de la actividad de las cámaras. No en vano prevé el artículo 134.1 de la Constitución que los mismos “tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado”.

A estas alturas de la legislatura y del curso político ya sabemos sobradamente, pues se está repitiendo hasta la saciedad, que la propia Constitución prevé que “el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Lo que, como también conocemos, se ha incumplido absolutamente en esta legislatura que comenzó en el otoño de 2023, dado que el Gobierno no ha presentado los Presupuestos para 2024 ni para 2025. Y ahora se está a la espera de que, tal como se ha asegurado reiteradamente, se presenten los de 2026, aunque ese primer plazo ya se ha incumplido. Algo que ha ocurrido igualmente, con mayor o menor demora, en otros momentos, como con el Gobierno de Rajoy que, en ocasiones, los presentó fuera de dicho plazo, si bien todos los años aprobó unos Presupuestos.

Veremos cómo termina la historia presupuestaria; no voy a hacer conjeturas a este respecto pues no merece la pena jugar a leer una bola de cristal, a riesgo de acertar. Es claro que el Gobierno no va a tener nada fácil su aprobación, pero al menos debe presentarlos, por ser su obligación constitucional y porque la Constitución prevé la prórroga presupuestaria hasta la aprobación de los nuevos solamente en el caso de que “la Ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente”. Pero debe presentarse el Proyecto de Presupuestos, también y sobre todo, porque la ciudadanía tenemos derecho a conocer cuál es su real programa de actuación en todos los terrenos y áreas y explicar su correspondiente previsión de ingresos y gastos para el próximo año para hacer efectivo dicho programa.

¿Puede, por tanto, el Gobierno gobernar sin el concurso del poder legislativo?. Desde luego, es claro que “no debe”. No debe gobernar sin las Cortes Generales, pues éstas “representan al pueblo español”, “ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno...”, según contempla el artículo 66 de la Constitución.

Claro que existen espacios para que el Gobierno pueda dictar normas: de un lado, las de rango reglamentario -los Decretos-; de otro lado, normas con auténtico rango de ley, como, entre otras, los Decretos-leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad -artículo 86 del texto constitucional-, cuyo futuro requerirá de la intervención del Parlamento, pues deben ser sometidos a debate y votación en el Congreso de los Diputados para su convalidación -lo que también le está costando al Gobierno “sangre, sudor y lágrimas” y, en ocasiones, ni con semejante sufrimiento lo está logrando-. 

Cierto es que tanto este Gobierno como otros anteriores -algunos más que otros, pero todos- han echado mano del Decreto-Ley más allá de lo debido, obviando su limitación a la antedicha situación de “extraordinaria y urgente necesidad”, a lo que también han contribuido los vaivenes y la “manga ancha” del Tribunal Constitucional al respecto. Lo que ha supuesto, en realidad, eludir el procedimiento legislativo ordinario y el ejercicio efectivo de la participación ciudadana mediante la representación política. 

En todo caso, nada de lo hasta ahora dicho equivale a gobernar “sin el concurso del poder legislativo”, pues se trata de supuestos expresamente previstos constitucionalmente, si bien muy restrictivamente, como hemos dicho.

Pero, desde luego, resulta harto difícil, por no decir totalmente imposible, gobernar de verdad, lo que se dice “gobernar” sin una Ley de Presupuestos actualizada. Cierto es que se alega reiteradamente desde el Gobierno y sus aledaños que no sería tan grave no aprobar la ley presupuestaria para 2026 ya que la economía marcha bien. Pero ocurre que no todo es economía “pura” pues, como apreciamos a diario, por más que el crecimiento económico sea una realidad, según todos los datos, existen innumerables problemas que dificultan enormemente el bienestar de una mayoría, en todos los territorios, como, por citar solamente algunos, la imposibilidad cierta y desesperante de acceder a una vivienda digna, los retrasos en la atención sanitaria o los todavía nada desdeñables niveles de desempleo o de trabajo precario.

Pero, sobre todo, no se debe gobernar sin mantener la confianza parlamentaria, que es lo que falta o de lo que, al menos, parece dudarse por parte del Gobierno en cuanto a la probabilidad de aprobar las cuentas del Estado, duda o desconfianza claramente concurrentes en los dos años anteriores, en que los Presupuestos ni siquiera llegaron a presentarse.

Y, en mi opinión, aquí es donde reside el quid de la cuestión: en la difícil relación efectiva con el Parlamento y, por ende, con la ciudadanía en él representada. 

No presentar los Presupuestos supone hurtar el necesario debate político público sobre el futuro inmediato de los servicios públicos y los derechos de la ciudadanía para asegurar su bienestar, su libertad y su igualdad -sí, ésos que tanto se citan, como educación, sanidad, vivienda…, pero también otros, como la justicia-. Lo que, a la postre, significa impedir o dificultar grandemente no solo la efectividad de esos derechos más tangibles sino también el propio ejercicio de la representación ciudadana, esto es, su participación en la cosa pública, que es otro derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución. Porque, si a la representación de la ciudadanía se le niega el debate presupuestario, se niega a cada ciudadano su derecho a participar en el mismo.

Pero no radica solamente en la cuestión presupuestaria la falta de respeto del Gobierno al Parlamento. Hay más. Por ejemplo, recuerdo que hace pocos días el Congreso aprobó la reprobación de la ministra Redondo por su gestión de las pulseras telemáticas de los maltratadores de mujeres. No es, desde luego, ni la primera ni la última reprobación de un miembro del Gobierno por las Cortes. Fuentes diversas cifran en 13 el número de ministros censurados por las cámaras desde 1978, pertenecientes a diversos Gobiernos, siendo, según las informaciones, la primera la ministra Magdalena Alvarez, reprobada en diciembre de 2007, seguida de Catalá, Montoro, Montserrat, Delgado, Grande-Marlaska, Puente, Bolaños, Albares y otros.

Una decisión parlamentaria, esta de la reprobación, que resulta meramente simbólica y carente, hoy, desgraciadamente, de toda virtualidad efectiva, dado que la Constitución prevé que los miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente. Pero lo cierto es que una reprobación parlamentaria debiera tener una consecuencia inmediata, más allá de limitarse a ser la expresión de un claro rechazo a la actuación de un determinado miembro del Gobierno. Cuanto se pierde la confianza parlamentaria la lógica y la razón debieran llevar, bien a la dimisión, bien al cese por parte del Presidente. Dejar las reprobaciones en el mero marco testimonial supone, ahora, antes y siempre, faltar al respeto al Parlamento y a la ciudadanía en él representada. Nunca un ministro ha dimitido ni un Presidente ha cesado a un miembro de su Gobierno que hubiera sido reprobado, y ya es hora de que ocurra y siga ocurriendo en el futuro. A ello debieran comprometerse todos los partidos políticos en todos los niveles de la representación ciudadana.

Lo dicho: el Parlamento no tiene quien lo respete. Y, naturalmente, en consecuencia, la ciudadanía tampoco.

Recientemente, hemos conocido que la eurodiputada y exministra Irene Montero y el exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias han escolarizado a dos de sus tres hijos en un colegio privado. Hecho que ha dado lugar a comentarios en diversos medios, aunque no demasiados, la verdad. 

Comentarios que, en su mayor parte, han tenido relación con la postura política pública de ambos acerca de la educación privada que tanto -y con tanta razón, en mi opinión- han denostado con fuerza en el pasado. 

Con esos mimbres que proporciona la hemeroteca, es bien lógico y esperable que se haya destacado la incoherencia política que esta decisión puede suponer al no aplicarse para sí la doctrina y el comportamiento recomendados y/o exigidos a los demás. Lo que, en términos políticos, es un auténtico despropósito y, sin duda, un mal trago para Podemos. Una fuerza política a la que no he escuchado manifestarse oficialmente al respecto, aunque bien pudiera habérseme despistado. Pronunciamiento que no sería en modo alguno superfluo, habida cuenta de la relevancia interna de ambos, pero, particularmente en la actualidad, de la Sra. Montero, dada su condición de eurodiputada. 

Quien sí ha hablado -escrito- ha sido Pablo Echenique, en Diario Red, en un artículo del 13 de septiembre en el que dice muchas cosas. Entre ellas, en esencia, que Montero e Iglesias mantienen a su hija en el colegio público en el que los tres hijos han recibido una buena educación, que los dos hijos mayores ahora van a un centro educativo privado para protegerlos de la presión social y evitarles el enfrentamiento con algún energúmeno, que quieren proporcionarles un entorno de valores seguro, que ello les honra porque han priorizado el bienestar de sus hijos a sabiendas de lo que les iban a poner a caer de un burro, que es un centro que apuesta por una educación transformadora y que sería maravilloso que formara parte de la red pública, que no es un colegio pijo sino un cole organizado en cooperativa que reivindica grandes valores, que los medios no publican que otros dirigentes de partidos de izquierdas defienden con vehemencia la educación pública y llevan a sus hijos a colegios progresistas que no son públicos. También afirma que antes es defender a sus hijos que “evitar falsas acusaciones de incoherencia”.

El propio Iglesias se ha expresado en términos similares.

Vaya por delante que no puede sino respetarse las decisiones de una familia acerca de la elección del modelo educativo -público o privado, de entrada- en el que quieren que sus hijos se eduquen. Cientos de miles de familias lo hacen con entera libertad cada año. Pero no es esa la cuestión en este caso.

Desconozco por completo sus motivos, salvo los argumentos dados por ellos mismos acerca de los obstáculos que para el bienestar de sus hijos pudiera suponer seguir en el colegio público. No voy a entrar ahí porque cada cual tiene sus razones para tomar decisiones en este y en cualquier otro ámbito. Pero, Sr. Echenique, lo siento, niego que las acusaciones de incoherencia que se han escuchado sean “falsas”. Yo no “acuso” de incoherencia, pero opino que la decisión es incoherente con las palabras anteriores -más bien, muy incoherente-, porque todas las familias tienen “sus razones” para tomar decisiones similares. Yo escribo esto con mucho dolor y también con inmensa rabia porque hay temas en los que la izquierda no debiera jamás equivocarse. Y este es, desde luego, uno de los más relevantes.

Parto de la idea, sin duda compartida en la izquierda política real, de que es imposible tender a una sociedad de personas libres e iguales sin una educación en igualdad. Y también entiendo que no es posible tal educación en igualdad manteniendo todavía redes privadas sostenidas con fondos públicos, siempre en detrimento de la escuela pública. Asimismo, y aunque no sea financiada con dinero público, la educación privada se aleja, sin duda, de los valores de igualdad y libertad.

Porque, ciertamente, se puede afirmar que todas las prestaciones educativas y sociales que proporcionan los centros privados de cualquier naturaleza son, de hecho, brindadas más eficazmente y de un modo socialmente más eficiente y más sostenible por los centros públicos. Porque se ofrecen para todo el alumnado, sin distinción, y con pleno sometimiento a las directrices de gestión pública y de calidad, en todos los ámbitos.

Porque, por definición, la escuela pública, siendo única y gestionada por los poderes públicos, impide o debe hacerlo - la segregación derivada de cualquier motivo o circunstancia personal o social y prepara a todas las niñas y niños para una vida social en convivencia plena con otras personas y grupos humanos distintos. Porque la escuela pública no segrega -o no debe hacerlo, en absoluto- ni por raza, ni por sexo, ni por religión, ni por lengua, ni por estatus, ni por ninguna otra circunstancia personal o social. 

Y, siendo esto así, ¿cuáles son hoy las razones para defender el mantenimiento de redes educativas privadas sostenidas o no con fondos públicos? Pues se mire como se mire, no existe ninguna razón objetiva que, desde el punto de vista de los derechos constitucionales, permita tal defensa. La educación es un derecho plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en la Constitución española y, como tal, en los países en que existen fondos públicos suficientes para ello, como es el caso, ha de ser brindada en igualdad de condiciones para una auténtica igualdad de oportunidades.

Pero, naturalmente, existen otras razones no objetivas ni admisibles socialmente para sostener y afianzar este modelo de coexistencia de redes educativas pública y privada. Son las razones de siempre, aunque no se expliciten: satisfacer intereses particulares, intereses ideológicos y partidistas y de mantenimiento de élites sociales, económicas y políticas. O sea, lo contrario a un auténtico Pacto social por la educación que permita avanzar con firmeza hacia la igualdad real y efectiva de todas las personas y grupos sociales.

Por supuesto que hay libertad de enseñanza y derecho de todos a la educación, como lo proclama el artículo 27 de la Constitución. Una educación que, según el texto constitucional, “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Un derecho que, siempre a tenor de la Constitución, es garantizado por los poderes públicos a los padres “para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Claro que esto es así. Por eso muchas familias -demasiadas, en mi opinión- eligen para sus hijos centros privados, concertados o no. Porque entienden que van a recibir mejores valores -de cualquier tipo- o una mejor formación en todos los sentidos o por las razones que en cada caso sean determinantes para esta decisión.

Pero ello no evita pensar, como yo pienso, que esta realidad sigue sosteniendo un sistema social elitista, contrario a la igualdad de oportunidades, en decisiones perfectamente reflexionadas, maduradas y conscientes. Decisiones que terminan por elegir un centro educativo privado del que se esperan mejores prestaciones que las de un centro público. No quiere ello decir que así sea -de hecho, no lo es en la mayor parte de los casos-, pero sí es la real pretensión de esas familias. O sea, recibir una educación mejor -en cualquier sentido- que la de la mayoría que se educa en la red pública. 

Comparto plenamente el objetivo de Podemos ofertado en la campaña de las elecciones europeas de junio de 2024 de que “los sistemas educativos europeos tengan una red educativa pública que cubra el 90% de la demanda para la próxima década, como ya sucede en los países con mejores resultados educativos”, y ello a fin de lograr “la igualdad de oportunidades, la equidad y la justicia social”. 

Comparto igualmente la idea de Podemos -Documento político de noviembre de 2023- de que “la educación pública debe ser un eje vertebrador de nuestra política transformadora”. 

Igualmente, comparto absolutamente la campaña de esta fuerza política -por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en febrero de este mismo año- proponiendo elegir Colegios e Institutos públicos para escolarizar a niñas y niños por ser “una escuela de calidad, inclusiva, plural y laica, gratuita y compensadora de desigualdades, democrática y participativa, igualitaria y coeducativa”, “que contribuye al mejor desarrollo democrático de una sociedad cada día más diversa, más múltiple, más plural”. ¿Se puede decir más y mejor? No, no se puede, pues está describiendo perfectamente la función y el contenido de la educación pública. 

Cierto es que no es difícil comprender “el atractivo” que puede tener la educación privada según las preferencias y tendencias de todo tipo de cada familia. Y la tentación de dar a los hijos la “mejor educación”, la que, en teoría, los coloque en mejor posición para la vida personal y profesional. Puede pensarse en colegios que formen especialmente, ¡qué sé yo!, en la ecología, o en el cuidado físico y los deportes, o en el desarrollo de la imaginación, o en literatura, o en el teatro, o en ciencias matemáticas, o en idiomas, o en otros valores, los que se quieran. Pero ello siempre estará disponible para pocas familias, pues la mayoría ni siquiera podrá acceder a ello por razones económicas. Lo que, se quiera o no, es, ya de entrada, una segregación social mayúscula y, normalmente, un torpedo en la línea de flotación del “ascensor social”, pues, aunque exista tal ascensor, habrá quien arranque desde la planta baja y quien lo haga desde una planta superior, esto es, con ventaja. Y eso sí que no es admisible, no al menos desde la teoría y los objetivos políticos de la izquierda.

Cambiar la realidad es muy complicado, desde luego, sobre todo para avanzar en igualdad y libertad reales y efectivas, como también mandata la Constitución, pues siempre habrá enormes resistencias para ello. Pero en nuestra mano está no sumarnos a dichas resistencias, no reforzarlas, y seguir sosteniendo, en la teoría política y también en la práctica personal, nuestros objetivos e ideales. No hacerlo será siempre una incoherencia, aunque tenga sus razones personales -distintas para cada cual-. 

Es lo que nos sucede a los seres humanos, a todos, pero en ocasiones, como esta, es muy deslegitimador, hace mucho daño y, además, genera mucho y muy sincero dolor. 

Pues sí, otra vez, vuelve la burra al trigo, siendo yo la burra, claro. Esto es lo que pueden pensar ustedes por mi insistencia en este tema. Es que hay cuestiones que merecen volver reiteradamente a ellas, en tanto no sean resueltas, que merecen nuestra atención cada día y cada hora y que han de mantenerse sobre la mesa de manera permanente. Nadie osaría, entiendo yo, pensar que las hambrunas, los genocidios, las guerras… puedan desaparecer de nuestra mirada y de nuestras reflexiones. En efecto, cada día, en todos los medios de comunicación están presentes de manera sistemática, con toda justicia, algunos de estos temas, pero no otros. A algunos de los que aparecen menos, como este que me ocupa una vez más, decido prestar mi voz, en lo que pueda valer.

Resulta que el pasado sábado tuvo lugar en Madrid el “II Congreso Internacional de Mujeres y Gestación por Sustitución”, organizado por varias asociaciones, a saber: “Gure Umeen Ametsak” (traducido del euskera sería “Los sueños de nuestros niños”), “Son nuestros hijos”, “Gestación Subrogada en España” y “Red Latina de Investigadores den Biotecnologías Reproductivas – REDLIBRE -”. El Congreso ha tenido el siguiente lema: “Escuchar para proteger”. “Promoviendo el diálogo sobre mujeres y gestación por sustitución”. 

Según la información oficial del propio Congreso, sus objetivos han sido los siguientes: dar a conocer las aportaciones realizadas desde las ciencias sociales en torno a la gestación por sustitución y recoger testimonios directos de familias y mujeres que han realizado el proceso de gestar para conocer sus experiencias.

En realidad, tal como desde la propia organización se ha expresado, de lo que se trata es de reclamar que España adopte una legislación urgente que permita y regule esta “técnica de reproducción asistida”, garantizando la protección a todas las partes implicadas en el proceso, siguiendo la línea europea de países como Irlanda y Dinamarca, que la han regulado recientemente, y alejándose de otros como Italia y Hungría, que persiguen a las familias que recurren a este modo de reproducción asistida.

Con ese objetivo han intervenido, entre otras personas, varias jóvenes nacidas por este método y las mujeres que las gestaron. Algunas de esas jóvenes han manifestado estar “muy orgullosas de nacer así”.

Coincidiendo con la celebración de dicho Congreso, ha tenido lugar, el mismo sábado, también en Madrid, una manifestación, un desfile organizado por varios grupos feministas, contra los vientres de alquiler. Destacó la espectacular puesta en escena, con unas 500 mujeres desfilando ordenadamente por el centro de la ciudad, vestidas con hábitos rojos largos y cofias blancas que son los ropajes característicos de las protagonistas de “El cuento de la criada”, ya saben, esa novela de Margaret Atwood, de la que también se ha hecho una serie televisiva, cuya trama se desarrolla en un futuro distópico en un país totalitario y regido por ley divina, en el que las pocas mujeres fértiles que quedan tras una gran guerra son forzadas a la esclavitud sexual y a gestar hijos para determinadas familias.

Impactantes resultan realmente las imágenes de la manifestación, que se desarrolló en absoluto silencio, sin corear lemas, en la que las mujeres repartieron octavillas que relatan que entre 2010 y 2023 casi 4.000 bebés fueron adquiridos por ciudadanos españoles mediante contratos de gestación subrogada y conteniendo el siguiente mensaje: “Las mujeres no se usan, no a los vientres de alquiler”. Reiterando la idea de que esta práctica es “violenta” para las mujeres y supone una forma de explotación, así como que “la maternidad no es un derecho” y que “los bebés no se compran”.

Del Congreso referido llama la atención la insistencia en “normalizar” esta eufemísticamente denominada “gestación subrogada” o “gestación por sustitución”, ahora solicitando una regulación garantista. ¿Garantista para quién? ¿Qué derechos dignos de este nombre han de ser protegidos por el Estado en este terreno?. O, preguntado de otro modo, ¿qué derechos no se estarían garantizando adecuadamente en este momento en España?. 

Quienes reclaman esta regulación obvian la realidad, la auténtica. Y tratan, por el contrario, de mostrarnos una realidad idílica, pero irreal, al menos en la generalidad de los casos, una realidad grata y placentera como la reflejada en los testimonios que más arriba he resaltado. 

Obvian que la Sala de lo Civil de nuestro Tribunal Supremo ya ha dictado varias Sentencias en las que ha reiterado con toda crudeza y rigor, sin paños calientes, que estos llamados “Contratos de gestación subrogada” “cosifican a los menores haciéndolos una simple mercancía, objeto de un contrato que pretende fijar su filiación con base en el pago de un precio a una mujer, que por lo general actúa impelida por un estado de necesidad acuciante, que se somete a los riesgos asociados a un tratamiento de reproducción asistida y que renuncia a los derechos que como madre gestante le deberían corresponder, y pretende privar al menor de esa relación de filiación materna así como de su derecho a conocer a su madre”.

Obvian también que, aunque sea un muy pequeño avance, se ha modificado la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo por la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, en cuyo artículo 32 se refiere a la “Prevención de la gestación por subrogación o sustitución”, tras calificarla como “forma de violencia reproductiva”, reiterando que es un contrato nulo de pleno derecho y que, a través de campañas institucionales, se promoverá la información acerca de la ilegalidad de estas conductas, se produzcan con o sin precio, refiriéndose su artículo 33 a la prohibición de la promoción comercial de la gestación por sustitución. Se acerca bastante a la “promoción” el Congreso de referencia, ¿no creen?.

Obvian asimismo que, a raíz de otra Sentencia del Tribunal Supremo, se ha dictado la Instrucción de 28 de abril de 2025, de la Dirección de Seguridad Jurídica y Fe Pública, “sobre actualización del régimen registral de la filiación de los nacimientos mediante gestación por sustitución”. Instrucción que se hace expresamente eco de la doctrina jurisprudencial e invoca también las normas internacionales en materia de derechos de los menores y de las mujeres gestantes, para regular correctamente la inscripción del nacimiento y filiación de hijos nacidos mediante gestación subrogada al no admitirse a tal efecto una certificación registral extranjera o la simple declaración acompañada de certificación médica al respecto ni sentencia firme del país correspondiente,y preverse que la determinación de la filiación de estos menores se realizará en España por los medios ordinarios: filiación biológica, en su caso, respecto de alguno de los progenitores de intención y posterior filiación adoptiva del otro u otros, cuando se pruebe la existencia de un núcleo familiar con suficientes garantías.

Yo, personalmente, como ya he manifestado en otros momentos, consideraría correcto y necesario que, ya que nuestra propia legislación actualmente vigente califica esta práctica como “violencia reproductiva” y “explotación de las mujeres” y considera que se vulneran de manera inaceptable los derechos de mujeres y menores, afectando gravemente a su dignidad, una de las respuestas a dar desde el Estado sería su tipificación como delito en el Código Penal, tanto se produzcan en España como en el extranjero, pues son conductas que merecen el mayor reproche social considerando la auténtica realidad que subyace en ellas.

Por eso entiendo que sí, que es imprescindible una regulación, pero no la que se solicita desde algunas posiciones. Se necesita una regulación que impida de manera efectiva que se sigan realizando estos “contratos” y estas prácticas radicalmente contrarias a la dignidad de la mujer y al interés superior del menor y que constituyen una inaceptable explotación de la mujer.

Porque ninguno de los fines de esta tremenda realidad es aceptable desde ningún punto de vista: ni en razón a los fines financieros o similares que no pueden negarse, pues ya es evidente que supone un negocio global, ni la satisfacción del deseo de ser padre o madre, lo que en modo alguno es un derecho.

Claro que hay que tener orgullo de haber nacido, aunque no sé si es el término más adecuado. Hay que tener felicidad de haber nacido y de estar en este mundo, si así lo siente cada cual, con independencia de cómo se haya producido la gestación. Lo que no puede impedir perseguir conductas y modos de procreación que causan tanto dolor y vulneran tan fundamentales derechos. ¿O quieren decirnos que hay que admitir que la felicidad que, por lo general, aunque no siempre, da el vivir e, incluso, el parir y cuidar a una nueva pequeña persona pueden borrar que ese nacimiento pueda ser el resultado de algunos delitos tremendos?. Pues no, no es posible siquiera imaginarlo. Y es de esto de lo que estamos hablando también en este caso.

A esto se refieren los grupos feministas y las mujeres que se manifestaron en Madrid el pasado sábado y tantas y tantas personas que comparten esta enorme preocupación, a quienes ha de agradecerse también su insistencia y su compromiso. 

Como termino siempre con este tema: Gobierno, a gobernar y a impulsar iniciativas legislativas que terminen con esta indignidad y, en su caso, Parlamento, a lo mismo.

Estos pasados días algunos medios – éste mismo en el que colaboro - se han hecho eco de una relevante sentencia de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco, la Sala que yo presido, aunque no formé parte del Tribunal que resolvió este caso. Sentencia que cuenta con un voto particular y que confirmó la dictada por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Donostia-San Sebastián que había declarado la procedencia del despido disciplinario enjuiciado.

Si me he decidido a hacer este comentario es por añadir alguna reflexión a las crónicas que he leído, pese a que, como la de este periódico, han sido todas ellas muy correctas y, sobre todo, fieles a los hechos y a la argumentación de la sentencia.

El contexto es sencillo de exponer: la trabajadora despedida, con categoría profesional de camarera y casi seis años de antigüedad, trabajaba para una empresa en un Hotel del centro de Donostia; un día, prestando sus servicios, sirviendo comandas en la barra del Hotel, en un momento determinado llamó la atención a su compañero, D. Adolfo (nombre figurado), ciudadano senegalés recién incorporado a la empresa, que prestaba servicios como camarero atendiendo las mesas, porque había servido con pan unos calamares y, cuando éste se giró para seguir con su trabajo, la demandante dijo en voz alta “Puto negro”.

El comentario no fue oído por el trabajador insultado, pero sí por otra compañera, quien comunicó lo ocurrido a la responsable de sala, quien, a su vez, lo comunicó por email a un superior, quien, tras mantener una reunión con la demandante, con la otra compañera y con el propio D. Adolfo, decidió iniciar un expediente disciplinario contra la trabajadora por el mal trato dispensado a su compañero, decidiendo finalmente la empresa el despido disciplinario. Despido sustentado en la consideración de que se trata de una falta muy grave así tipificada en el Convenio Colectivo de Alojamientos de Gipuzkoa para 2020-2024, que consideran tal “(…) los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falta grave de respeto y consideración a los jefes/as o a sus familiares así como a los compañeros/as y subordinados/as (...)”. Falta muy grave que, según el Convenio, puede ser objeto de varias sanciones – suspensión de empleo y sueldo de 16 a 60 días, traslado forzoso a otra localidad y despido -, decidiendo la empresa, como se ha dicho, aplicar la sanción más grave de las previstas como posibles.

La trabajadora despedida impugnó el despido y el juzgado declaró su procedencia, esto es, su ajuste a Derecho, lo que, como se ha dicho, confirmó la Sala, con un voto particular disidente.

La cuestión tiene muchas claves o teclas que tocar. Vayamos a por alguna de ellas.

Hay que recordar que el despido disciplinario es una decisión de la empresa basada en un “incumplimiento grave y culpable” de sus obligaciones laborales por parte de la persona trabajadora. Es claro que pertenece al poder disciplinario del empleador y que constituye la máxima sanción que puede imponerse en el marco de la relación laboral, debiendo tener siempre una causa justificada, caracterizada por esas gravedad y culpabilidad y por una expresa tipificación, esto es, tratarse de una causa prevista como tal en el Estatuto de los Trabajadores – artículo 54.2 – y/o en los Convenios colectivos.

Normalmente, la regulación que los Convenios hacen de las faltas disciplinarias de los trabajadores contemplan faltas leves, graves y muy graves, siendo estas últimas las merecedoras de la sanción de despido, si bien, como en el caso que comento, como en mucho otros, para dichas faltas muy graves se contempla un abanico de sanciones y no solamente el despido, quedando en la decisión empresarial la adopción de una u otra.

Una de esas causas de despido disciplinario contempladas en el Estatuto de los Trabajadores es la de “Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos”, con plasmación también en los Convenios en redacciones similares.

La cuestión del alcance de la gravedad de las faltas es peliaguda y aquí radica por lo general la clave de la decisión judicial al enjuiciar la legalidad del despido disciplinario. En este sentido, hay que recordar que la jurisprudencia del TS ha consagrado el principio de gravedad y la teoría gradualista, que exige una determinada gravedad en la conducta imputada al trabajador sancionado, lo que obliga a una necesaria individualización de la misma y de las circunstancias concurrentes, a los efectos de poder llegar a una “adecuación suficiente” entre la conducta, la culpabilidad y la sanción a imponer, exigiendo el necesario rigor, dada la concurrencia en esta clase de litigios de una diversidad de derechos constitucionales, como lo es, entre otros, el propio derecho al trabajo. El TS determina que, en consecuencia, hay que huir de todo automatismo en la aplicación de las causas del despido buscando siempre la proporcionalidad y adecuación entre los hechos acontecidos, la persona y sus circunstancias y la sanción a imponer, a través de un análisis específico e individualizado de cada caso concreto, con especial conocimiento del factor humano. En este sentido se ha destacado la necesidad de tener en cuenta los datos objetivos y subjetivos concurrentes – la conducta enjuiciada, la antigüedad, el puesto de trabajo desempeñado, la naturaleza de la infracción, etc. -, dada la trascendencia y gravedad de la sanción de despido y en aras a cumplir los más elementales principios de justicia, lo que exige un examen casuístico en el que el juicio de procedencia o improcedencia del despido viene determinado por una multitud de factores que varían de un supuesto a otro.

Centrándome en la falta imputada en este caso – la de “ofensas verbales a un compañero de trabajo”, por resumir -, ha de traerse también a colación, siquiera muy brevemente, la doctrina del TC, según la cual para garantizar la convivencia en el ámbito de la empresa es preciso el mutuo respeto entre el trabajador y el empresario y entre todos los componentes de la plantilla, de modo que esta causa de despido tiene por finalidad reaccionar frente a conductas que puedan contener ofensas que pongan en riesgo el honor o la dignidad de las personas y, por ende, la dicha convivencia. Y recordando que, también en palabras del TC, expresiones innecesariamente ofensivas “quedan excluidas del ámbito de protección del derecho a la libertad de expresión consagrado en el art. 20 C.E. pues la Constitución no reconoce el derecho al insulto”.

Así, si bien es cierto que la convivencia en la empresa y el muto respeto han de ser compatibles con el ejercicio de otros derechos fundamentales, particularmente, en lo que en este caso afectaría, el de la libertad de expresión, también es cierto que en el asunto analizado ahora la trabajadora despedida no hizo ningún ejercicio de crítica sensata sino que se limitó a llamarle la atención por “servir pan con los calamares” y a emitir ese insulto, sin ningún otro contenido.

En ese análisis individualizado de las causas de despido y teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes, como exige la jurisprudencia, es claro que la evolución de la sociedad y sus valores tiene una gran incidencia. Así, lo que en un momento dado pudo ser calificado como incumplimiento grave merecedor del despido hoy puede no serlo, y al contrario, conductas o comportamientos anteriormente considerados menos graves hoy resultan inadmisibles.

Así ocurre en este caso, en el que, como la sentencia argumenta, la trabajadora dirigió a su compañero un insulto claramente racista, no en un ámbito coloquial o de una mal entendida camaradería ni mediando una previa discusión o provocación, sino que fue un insulto deliberado, solamente proferido con ánimo de ofender al compañero por su origen racial. Conducta que, desde luego, atenta – o lo intenta – contra la dignidad de la persona.

Hay un dato en la sentencia que es absolutamente estremecedor, cual es el de que el propio trabajador ofendido trató de restar importancia a estos hechos exponiendo que “está acostumbrado desde hace tiempo a que otras personas le insulten de ese modo”, de donde el Tribunal extrae la conclusión de resultar evidente “la absoluta necesidad de erradicar estos intolerables comportamientos, sin que sea posible restarles trascendencia, y mucho menos que la empresa los pase por alto”.

En este sentido es también de resaltar el papel de la compañera de trabajo al transmitir a la dirección de la empresa estos graves hechos, lo que revela un alto grado de compromiso social y de rechazo a estas conductas, compromiso necesario en todos los niveles de la sociedad para contribuir a su erradicación y que nos interpela en lo que entiendo son auténticas obligaciones de ciudadanía.

Finalmente, merece también ser destacado el voto particular o disidente. Voto que considera que el despido debió ser calificado como “improcedente”, esto es, no ajustado a Derecho, por razones también sólidas. Así, entendió este magistrado que el insulto no fue público en el sentido de que no fue escuchado ni por la clientela ni por el propio trabajador ofendido y que no fue una expresión premeditada sino espontánea, así como que la trabajadora despedida nunca antes había sido sancionada y que tenía una antigüedad desde 2018, concluyendo que debió haber sido disciplinada, sí, pero con una sanción inferior al despido, de las que el propio Convenio colectivo ya contempla.

Ya ven, valoraciones jurídicas distintas para unos mismos hechos. Lo que debe apreciarse desde la riqueza del debate judicial y también del debate y el contexto social en que nos encontramos. Un debate que, en todo caso, nos interpela directamente.

En pleno mes de agosto, cuando gran parte –pero no todos– disfrutamos de nuestras vacaciones, ha surgido una polémica, que no debate profundo, sobre las vacaciones. Una polémica que aún persiste, aunque con menor intensidad, dado que, como es evidente, la mayoría de sus partícipes están de vacaciones y que todo lo que sube termina por bajar.

Fue hace unos diez días, cuando unas palabras de Alberto Núñez Feijóo agitaron el ambiente. Unas palabras dichas al final de una comparecencia ante la prensa, al dirigirse a quienes no pudieran descansar, diciendo “que sepan que las vacaciones están sobrevaloradas”. Frase que, como todo el mundo sabe, se ha comentado hasta la saciedad en todas las tertulias de los medios de comunicación.

Yo, la verdad, me lo tomé, no tanto a broma, sino como un intento de animar a quienes no iban a poder disfrutar de las vacaciones, al menos en estas fechas. Pero, como se ha visto, interpretaciones ha habido muchas o, más bien, dos: una a favor y otra en contra, como ocurre hoy en este país con casi todo.

Al hilo de esta frase ha habido algunas reflexiones de interés y otras muy interesadas sobre la esencia de las vacaciones –laborales–, la conquista que supuso para la clase trabajadora y su irrenunciabilidad. Por supuesto, sí a todo. No puede ser de otra manera a la luz de nuestra historia. Basta recordar nuestra infancia –al menos la mía– en la que nuestros padres y madres tenían unas vacaciones de tan sólo quince días. Y tampoco puede ser de otra manera si tenemos en cuenta el Derecho español hoy vigente.

Comenzando por la Constitución, cuyo artículo 40.2 determina que los “poderes públicos (…) garantizarán (…) las vacaciones periódicas retribuidas”, por lo que no cabe duda alguna acerca de la relevancia del derecho a las vacaciones, de las que la Sentencia del TC 324/2006 afirmó que constituyen “núcleo irrenunciable de los derechos propios de un Estado social”.

Previsión constitucional desarrollada en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que quienes trabajamos sabemos que determina un período de vacaciones anuales de duración no inferior a treinta días naturales, además de reiterar la previsión constitucional de que serán retribuidas y concretar que no serán sustituibles por compensación económica. Se consagra así el sagrado derecho a las vacaciones, hasta el razonable punto de que también se prevé en dicha norma la prohibición de sanciones a los trabajadores consistentes en la reducción de la duración de las vacaciones.

Continuando por la legislación internacional que rige en España – Convenios de la OIT: 132 para los trabajadores en general y 146 para la gente de mar–, clave para completar los vacíos que el demasiado parco artículo 38 del ET nos deja respecto a cuestiones de tanta enjundia como el modo de retribuirse las vacaciones o su duración proporcional si se ha trabajado un período inferior a un año, distinguiendo supuestos como la incapacidad temporal, la maternidad y similares, lo que ya ha sido acogido en nuestra legislación.

Sin olvidar tampoco la normativa de la UE y, en particular, la Directiva 2003/88, que también contribuye a colmar las lagunas de nuestra legislación interna.

Normas internacionales y comunitarias a las que los tribunales españoles han de acudir frecuentemente para resolver controversias como las antedichas.

Pero, ojo, se trata del derecho a vacaciones retribuidas, un período a disponer por la persona trabajadora, no vinculable directa y necesariamente al descanso o, más bien, un período en el que no existe obligación de descanso en relación con la prestación laboral que vienen realizando para su(s) empleador(es). En este sentido es de extraordinario interés recordar la Sentencia del TC 192/2003, que argumentó que “la vinculación entre vacaciones y descanso no es única ni exigible, de modo que el período vacacional legalmente previsto es un tiempo caracterizado por la libertad del trabajador para la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida”, por lo que se permite prestar trabajo para otro empresario durante las vacaciones –o, añado yo, hacer lo que a cada cual le convenga aunque suponga un mayor desgaste físico y psíquico que el trabajo mismo–. De modo que se garantizan las vacaciones remuneradas, pero no el descanso, todo ello a decisión de la persona trabajadora. O lo que es lo mismo, no puede el empresario exigir al trabajador que utilice el tiempo de vacaciones para recuperar sus fuerzas y energías y rendir adecuadamente cuando se reincorpore a la actividad laboral, pues ello, en palabras del TC, “supone reducir la persona del trabajador a un mero factor de producción y negar, en la misma medida, su libertad, durante aquel período, para desplegar la propia personalidad del modo que estime más conveniente”, y que una concepción distinta “resulta incompatible con (…) la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad”.

No es, desde luego, una situación deseable la de que se tenga la necesidad de utilizar el tiempo de vacaciones o el descanso diario o semanal para trabajar para otro empleador, pero no cabe duda de que hay demasiadas personas impelidas a hacerlo. Pero, sea necesidad o sea deseo, lo cierto es que ello no puede ser impedido por los empresarios.

Derecho que no alcanza a todo el mundo, pues no alcanza a los trabajadores autónomos ni, claro está, a quienes trabajan de manera irregular. Algo que, en el caso de los primeros, debiera ser objeto de profunda reflexión a fin de arbitrar medidas que garanticen un mínimo período vacacional retribuido para esos más de 3,3 millones de personas, tal como se ha regulado, por ejemplo, la prestación por cese de actividad. Éste es el primer reto.

Derecho que, desde luego, no alcanza a quienes carecen de los medios para que las vacaciones –si las tuvieran– sean un período no solamente de “no trabajo” sino de disfrute. Y aquí viene el segundo reto.

Un disfrute que no tienen muchas niñas y niños, no en familia. Cierto que hay una amplia oferta pública de colonias, campamentos y similares, al menos en Euskadi, donde yo resido, y me consta que es similar en otras Comunidades Autónoma. Y también es cierto que los precios son fijados en función de los ingresos familiares, por lo que, por poner un ejemplo, en Gipuzkoa, las familias con ingresos familiares inferiores a 14.000 euros o perceptoras de prestaciones públicas de subsistencia pagarían 21 euros por un campamento de siete días frente a su cuota ordinaria, que es de 224 euros. Un esfuerzo colectivo que merece realmente la pena y que es obligado. Como lo es respecto a las personas jubiladas con los viajes del IMSERSO –aunque yo sigo sin comprender en absoluto que se financie, siquiera en una parte, el ocio de personas con rentas altas, habiendo otras necesidades más acuciantes también en este terreno–, si bien hay que reconocer que, ¡y ya era hora!, se han fijado recientemente para la próxima temporada cuotas de 50 euros para las personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas.

Ahora bien, los menores de familias vulnerables podrán, en su caso, disfrutar de colonias y campamentos, pero no van a disfrutar seguramente de vacaciones familiares. No podrán guardar en sus mentes y en sus corazones esos maravillosos recuerdos de la playa, el campo o el pueblo junto a sus padres y hermanos. Siempre asociarán, indebidamente, el disfrute vacacional con personas ajenas y nunca con quienes más los quieren. Y, aunque carezco de conocimientos de psicología, a mí esto siempre me ha parecido cruel y profundamente injusto.

Propongo –aunque sé que no es éste el foro adecuado, desde luego– que los poderes públicos hagan un esfuerzo por solventar esta injusticia y que fomenten de manera eficaz el disfrute vacacional familiar –además de las colonias infantiles antedichas– para quienes no pueden hacerlo por sus propios medios, que son demasiadas personas –cada vez más, según sabemos–.

Hay medios para ello. Hay que convencerse de ello y, tal como se fomentan y sostienen los viajes del IMSERSO, hay que organizar un programa de vacaciones para las familias vulnerables en las que haya descanso y disfrute compartidos. Es un tema complejo y que requerirá mucho esfuerzo, dedicación y medios económicos, incluso para retribuir expresamente el descanso de quien no puede permitirse el lujo de descansar del trabajo para que pueda disfrutar con los suyos. Sería una apuesta maravillosa y debida a muchas personas, una acción política que las hará felices –al menos un poco felices– y que es de toda justicia.

Y, volviendo al principio: ¿están sobrevaloradas las vacaciones? No lo creo, son muy importantes, como hemos visto. Pero también sé que se han convertido en objeto de propaganda personal y social al utilizarse a diario por muchísimas personas para transmitirlas en, por ejemplo, sus redes sociales, algo de lo que no están alejadas quienes se dedican a la alta política. Basta comprobarlo estos días, en los que sabemos dónde, cómo y con quién las disfrutan ministros y ministras y otros, además de personas solamente conocidas en algunas redes sociales. ¿Es necesario todo esto? Lo dudo, pero es revelador que las vacaciones son un elemento de exhibición, además del deseable disfrute personal, un disfrute al que todas las personas y familias deben poder acceder. Mientras esto no sea así, todo alarde vacacional es hiriente y, sí, supone dar excesivo valor a algo que no todo el mundo puede disfrutar.